Definir el periodo de la Comisión de la Verdad es de urgencia nacional: Corte
La Corte Constitucional le dará prelación a estudiar el caso sobre si la Comisión necesita más tiempo para dar a conocer su informe final. Se trata de un tema crucial para el trabajo que pueda hacer esta entidad.
Para la Corte Constitucional definir si alarga el periodo de la Comisión de la Verdad es un tema de urgencia nacional. Así lo declaró en la tarde de este jueves 20 de septiembre la Sala Plena de este alto tribunal, al estudiar una petición que había hecho el ponente del caso, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, para que este expediente tenga toda la celeridad del caso. Así, en cuestión de semanas o días, la Corte podría tomar una decisión de fondo y establecer si esta entidad tiene más tiempo para dar a conocer el informe final en el que le contarán al país qué pasó durante más de 20 años de guerra.
(En contexto: El período de la Comisión de la Verdad: ¿una urgencia nacional?)
La decisión contó con el apoyo de la mayoría absoluta en la Corte Constitucional, al considerar que se trata de un tema fundamental para el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido, pero también porque es urgente que se conozca una decisión concreta pues, de lo contrario, la Comisión se quedaría sin presupuesto para funcionar el tiempo extra que podrían autorizarle. El Gobierno ya trabaja en el Congreso para la aprobación de su Presupuesto para 2022 en el que, tal y como le informaron a la Corte, no hay un solo peso para la Comisión de la Verdad pues, según la ley que le dio vida, su mandato termina este año.
En la edición impresa de El Espectador de este 30 de septiembre, contamos que el magistrado Ibáñez presentó en la Sala Plena el auto en el que proponía declarar la urgencia nacional en este tema, pero que también tenía lista la ponencia en la que propone alargar el periodo de la Comisión siete mese más del previsto. Con el auto aprobado y la urgencia declarada, la Corte ahora entrará a estudiar ese proyecto de fallo para darle un tiempo más de vida a este entidad, y podría hacerlo esta misma tarde. Precisamente una de las tareas que permite que un caso sea declarado de urgencia nacional es que los magistrados puedan saltarse el orden de la Sala Plena y se concentren únicamente en este expediente.
(Lea también: Proyecto de fallo sugiere extender periodo de la Comisión de la Verdad siete meses)
La ponencia de Ibáñez señala que la pandemia causada por el COVID-19 hizo imposible que la Comisión de la Verdad terminara sus labores como lo había programado, con lo que propone ampliar su plazo hasta junio de 2022 y darle dos meses más para socializar con todo el país el informe final sobre lo que ocurrió durante el conflicto armado en Colombia. Un plazo que podría ser clave, pues el país conocería su contenido después de que pase el revuelo político de las elecciones legislativas y presidenciales. De no alargar el plazo, la Comisión tendría que tener listo el informe final el próximo 28 de noviembre. Es decir, en dos meses.
Lea aquí: La Comisión de la Verdad busca contar desde el teatro el conflicto colombiano
El presidente de la Comisión, el padre Francisco De Roux, ya le advirtió a la Corte y al país que, de no tener más tiempo para terminar las labores de investigación y escritura, el trabajo quedará incompleto. Por eso, Ibáñez explica en su proyecto de fallo que debe primar por encima de cualquier cosa el derecho de las víctimas y del país a conocer la verdad de lo sucedido. Además, el magistrado ponente plantea que la pandemia por el COVID-19 fue tan sorpresiva que obligó a toda la Comisión a cambiar completamente sus planes.
“La interpretación, según la cual el período de tres años de operación de la Comisión de la Verdad se ha cumplido, pese a las restricciones que impuso el aislamiento obligatorio, desconoce contenidos del Acuerdo de Paz que rodearon los compromisos adquiridos en relación con el derecho fundamental de las víctimas a la verdad”, se lee en el proyecto de fallo conocido por este diario. Y remata: “La reconstrucción de la verdad sin enfoque territorial, sin enfoque de género y sin la participación protagónica de las víctimas no honra lo pactado en el Acuerdo”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Así mismo, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, dijo que si a la Comisión de la Verdad no le dan más tiempo del pactado, para que pueda terminar su informe, el trabajo quedará incompleto. Su manifestación la hizo en una carta que le envió a la Corte Constitucional a mitad de este año. Además de pedirle que le dé más tiempo de vida a la Comisión de la Verdad para que pueda terminar su trabajo, los demandantes, y otros intervinientes, como Rodrigo Uprimny, le pidieron al alto tribunal que declarara el tema como de urgencia nacional.
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Según los argumentos de los demandantes, es de vital importancia “dotar de certeza a la Comisión, a las víctimas de conflicto armado y a la sociedad sobre el tiempo con el que esta cuenta para culminar con sus labores”, sobre todo antes que se acabe su período, fechado para este 28 de noviembre, y para que el Gobierno pueda destinar una parte del presupuesto del próximo año para su funcionamiento. Una declaración que serviría para cumplir con las expectativas de las víctimas de conocer la verdad.
Para la Corte Constitucional definir si alarga el periodo de la Comisión de la Verdad es un tema de urgencia nacional. Así lo declaró en la tarde de este jueves 20 de septiembre la Sala Plena de este alto tribunal, al estudiar una petición que había hecho el ponente del caso, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, para que este expediente tenga toda la celeridad del caso. Así, en cuestión de semanas o días, la Corte podría tomar una decisión de fondo y establecer si esta entidad tiene más tiempo para dar a conocer el informe final en el que le contarán al país qué pasó durante más de 20 años de guerra.
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La decisión contó con el apoyo de la mayoría absoluta en la Corte Constitucional, al considerar que se trata de un tema fundamental para el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido, pero también porque es urgente que se conozca una decisión concreta pues, de lo contrario, la Comisión se quedaría sin presupuesto para funcionar el tiempo extra que podrían autorizarle. El Gobierno ya trabaja en el Congreso para la aprobación de su Presupuesto para 2022 en el que, tal y como le informaron a la Corte, no hay un solo peso para la Comisión de la Verdad pues, según la ley que le dio vida, su mandato termina este año.
En la edición impresa de El Espectador de este 30 de septiembre, contamos que el magistrado Ibáñez presentó en la Sala Plena el auto en el que proponía declarar la urgencia nacional en este tema, pero que también tenía lista la ponencia en la que propone alargar el periodo de la Comisión siete mese más del previsto. Con el auto aprobado y la urgencia declarada, la Corte ahora entrará a estudiar ese proyecto de fallo para darle un tiempo más de vida a este entidad, y podría hacerlo esta misma tarde. Precisamente una de las tareas que permite que un caso sea declarado de urgencia nacional es que los magistrados puedan saltarse el orden de la Sala Plena y se concentren únicamente en este expediente.
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La ponencia de Ibáñez señala que la pandemia causada por el COVID-19 hizo imposible que la Comisión de la Verdad terminara sus labores como lo había programado, con lo que propone ampliar su plazo hasta junio de 2022 y darle dos meses más para socializar con todo el país el informe final sobre lo que ocurrió durante el conflicto armado en Colombia. Un plazo que podría ser clave, pues el país conocería su contenido después de que pase el revuelo político de las elecciones legislativas y presidenciales. De no alargar el plazo, la Comisión tendría que tener listo el informe final el próximo 28 de noviembre. Es decir, en dos meses.
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El presidente de la Comisión, el padre Francisco De Roux, ya le advirtió a la Corte y al país que, de no tener más tiempo para terminar las labores de investigación y escritura, el trabajo quedará incompleto. Por eso, Ibáñez explica en su proyecto de fallo que debe primar por encima de cualquier cosa el derecho de las víctimas y del país a conocer la verdad de lo sucedido. Además, el magistrado ponente plantea que la pandemia por el COVID-19 fue tan sorpresiva que obligó a toda la Comisión a cambiar completamente sus planes.
“La interpretación, según la cual el período de tres años de operación de la Comisión de la Verdad se ha cumplido, pese a las restricciones que impuso el aislamiento obligatorio, desconoce contenidos del Acuerdo de Paz que rodearon los compromisos adquiridos en relación con el derecho fundamental de las víctimas a la verdad”, se lee en el proyecto de fallo conocido por este diario. Y remata: “La reconstrucción de la verdad sin enfoque territorial, sin enfoque de género y sin la participación protagónica de las víctimas no honra lo pactado en el Acuerdo”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Así mismo, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, dijo que si a la Comisión de la Verdad no le dan más tiempo del pactado, para que pueda terminar su informe, el trabajo quedará incompleto. Su manifestación la hizo en una carta que le envió a la Corte Constitucional a mitad de este año. Además de pedirle que le dé más tiempo de vida a la Comisión de la Verdad para que pueda terminar su trabajo, los demandantes, y otros intervinientes, como Rodrigo Uprimny, le pidieron al alto tribunal que declarara el tema como de urgencia nacional.
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