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El Juzgado Octavo Penal Municipal de Control de Garantías de Ibagué, aceptó los argumentos expuestos por la Fiscalía los cuales solicitaban que se abriera un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la militar en el caso que se investiga a dos miembros de la Policía señalados de ser los responsables de la muerte de Santiago Andrés Murillo, ocurrida el pasado 1 de mayo de 2021, en el marco de las protestas del Paro Nacional.
#ATENCIÓN | Juez de garantías avala posición de Fiscalía y da trámite a conflicto de jurisdicciones por investigación relacionada con muerte de estudiante durante jornada de protesta el pasado 1° de mayo, en Ibagué, #Tolima. pic.twitter.com/VaZ4T7cVaU
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 20, 2021
“En ese sentido el juez dio trámite al conflicto de jurisdicciones que será resuelto por la Corte Constitucional. Asimismo, compulsó copias para que sea investigado penal y disciplinariamente al juez 188 de Instrucción Penal Militar que abrió un proceso simultáneamente por este mismo caso. En la investigación adelantada por la Fiscalía se ha establecido que la víctima habría sido impactada por un proyectil disparado por un oficial adscrito a la Policía Metropolitana de Ibagué”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.
Santiago Murillo se ha convertido en símbolo para los manifestantes a nivel nacional y es una de las 39 personas presuntamente asesinadas por la Policía entre el pasado 28 de abril y el 7 de mayo, de acuerdo con estadísticas en conjunto de Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). 34 posibles víctimas murieron por armas de fuego y otras dos arrollados por tanquetas del Esmad. La Fiscalía dice que investiga si once de las muertes se produjeron en el marco de las marchas.
La solicitud de la Fiscalía se suma a la del abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses de la familia del joven que fue impactado con arma de fuego mientras se movilizaba en las marchas que se adelantaron el 1 de mayo por cuenta del día del trabajo y se sumó al Paro Nacional que se presenta desde el pasado 28 de abril. Las órdenes de captura que se hicieron efectivas en la noche de este lunes fueron emitidas por el Juzgado 188 de Instrucción Penal Militar y Policial.
El ente investigador también aseguró que hay indicios de que, presuntamente, se accionó el arma de dotación contra Murillo sin que hubiera una amenaza contra su vida o la de algún integrante de la comunidad. Con esos planteamientos la Fiscalía sustentó el conflicto de competencia con la Justicia Penal Militar.
La Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar confirmó hace unos días que el juzgado de instrucción militar inició indagación preliminar el mismo 1° de mayo e, incluso, el expediente ya tiene por radicado el número 650. “En desarrollo de la investigación, se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular a dos oficiales de la Policía Nacional por el presunto delito de homicidio”, agregó la entidad.