Corte estudia demanda para que el Estado controle el mercado de las drogas

La Corte Constitucional escogió para su estudio una demanda con una idea revolucionara en Colombia: entregar el mercado de las drogas al Estado. Los ciudadanos Francisco Lara y Alfy Rosas consideran que es contrario a la Constitución que la dosis personal sea permitida para los consumidores, pero los caminos para llegar a los estupefacientes estén todos vinculados a la criminalidad.

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“No es delito ni ilegal consumir estupefacientes en Colombia, pero decenas de miles o millones (los datos no son conocidos) de nacionales o extranjeros que desean consumir un estupefaciente en este país, deben obligatoriamente participar en una transacción que pone en riesgo o peligro su vida, integridad y salud entre otros derechos constitucionales fundamentales, pues para acceder a un consumo que es legal, deben reunirse o ponerse en contacto con un delincuente o banda criminal”, se lee en la demanda.

Ambos ciudadanos argumentan que el Estado ha fallado en su deber de protección, mientras no sea la autoridad encargada de dotar o proveer de estupefacientes a la población adicta, pues los estaría exponiendo al delito de tráfico de estupefacientes. Dejan claro, por otro lado, que no buscan que la dosis mínima sea declarada como un derecho fundamental. Esperan que la Corte emita órdenes para que el camino del adicto a la droga no tenga el peaje de las bandas criminales.

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La alta corte, por su parte, aseguró que los demandantes cumplieron con el mínimo de dejar dudas sobre si en el Código Penal habría una norma contraria a la Constitución. La Corte Constitucional ya dio detalles como que le parece un “sinsentido” que para que en Colombia se pueda consumir una sustancia estupefaciente, en el 100% de los casos los adictos tengan que exponer su vida. “Atenta contra el sentido común”, concluyó.

El Ministerio de Justicia entregó su concepto, el cual será valorado junto a intervenciones ciudadanas y expertas. La cartera de Gobierno pidió que la demanda no prospere, porque, bajo su óptica, la protección de los derechos humanos debe conectarse con la lucha antidrogas y el combate al crimen organizado. En general, sostiene que Colombia no debe estimular las conductas que atentan contra la salud pública, como lo es el consumo de estupefacientes.

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Según estadísticas del Inpec, por otro lado, el tráfico de estupefacientes es el quinto delito que más tiene a condenados tras las rejas. Un total de 10.685. La Fiscalía reporta que, solo en 2022, los ciudadanos han presentado 53.364 denuncias por ese delito. Sumado a ello, el Ministerio de Justicia sostiene que resultaría más válido seguir promocionando la prevención del consumo y fortalecer las entidades del Estado encargadas de la superación de adicciones.

Aparte, la cartera de Justicia señala que, a diferencia de la marihuana, drogas como la cocaína, ketamina, heroína y demás, no tienen usos propiamente médicos según el Convenio de la ONU sobre sustancias psicotrópicas. Asimismo, señalaron a la Corte que los demandantes desconocerían que en el país está permitido el autocultivo de cannabis en un número no superior a 20 unidades.

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El Ministerio de Salud agrega que la Corte no debería comparar la garantía para el consumo con fines medicinales, con la necesidad de conseguir drogas para fines recreativos. “El país debe continuar realizando esfuerzos y acciones concretas para el cierre de brechas en el acceso a los servicios de salud, educación, vivienda y trabajo entre otros que incidan la eliminación de la pobreza, estigma y discriminación, los cuales se han precisado como factores que favorecen la aparición y persistencia de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas”, concluyó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Corte Constitucional escogió para su estudio una demanda con una idea revolucionara en Colombia: entregar el mercado de las drogas al Estado. Los ciudadanos Francisco Lara y Alfy Rosas consideran que es contrario a la Constitución que la dosis personal sea permitida para los consumidores, pero los caminos para llegar a los estupefacientes estén todos vinculados a la criminalidad.

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“No es delito ni ilegal consumir estupefacientes en Colombia, pero decenas de miles o millones (los datos no son conocidos) de nacionales o extranjeros que desean consumir un estupefaciente en este país, deben obligatoriamente participar en una transacción que pone en riesgo o peligro su vida, integridad y salud entre otros derechos constitucionales fundamentales, pues para acceder a un consumo que es legal, deben reunirse o ponerse en contacto con un delincuente o banda criminal”, se lee en la demanda.

Ambos ciudadanos argumentan que el Estado ha fallado en su deber de protección, mientras no sea la autoridad encargada de dotar o proveer de estupefacientes a la población adicta, pues los estaría exponiendo al delito de tráfico de estupefacientes. Dejan claro, por otro lado, que no buscan que la dosis mínima sea declarada como un derecho fundamental. Esperan que la Corte emita órdenes para que el camino del adicto a la droga no tenga el peaje de las bandas criminales.

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La alta corte, por su parte, aseguró que los demandantes cumplieron con el mínimo de dejar dudas sobre si en el Código Penal habría una norma contraria a la Constitución. La Corte Constitucional ya dio detalles como que le parece un “sinsentido” que para que en Colombia se pueda consumir una sustancia estupefaciente, en el 100% de los casos los adictos tengan que exponer su vida. “Atenta contra el sentido común”, concluyó.

El Ministerio de Justicia entregó su concepto, el cual será valorado junto a intervenciones ciudadanas y expertas. La cartera de Gobierno pidió que la demanda no prospere, porque, bajo su óptica, la protección de los derechos humanos debe conectarse con la lucha antidrogas y el combate al crimen organizado. En general, sostiene que Colombia no debe estimular las conductas que atentan contra la salud pública, como lo es el consumo de estupefacientes.

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Aparte, la cartera de Justicia señala que, a diferencia de la marihuana, drogas como la cocaína, ketamina, heroína y demás, no tienen usos propiamente médicos según el Convenio de la ONU sobre sustancias psicotrópicas. Asimismo, señalaron a la Corte que los demandantes desconocerían que en el país está permitido el autocultivo de cannabis en un número no superior a 20 unidades.

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El Ministerio de Salud agrega que la Corte no debería comparar la garantía para el consumo con fines medicinales, con la necesidad de conseguir drogas para fines recreativos. “El país debe continuar realizando esfuerzos y acciones concretas para el cierre de brechas en el acceso a los servicios de salud, educación, vivienda y trabajo entre otros que incidan la eliminación de la pobreza, estigma y discriminación, los cuales se han precisado como factores que favorecen la aparición y persistencia de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas”, concluyó.

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