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Los Jaguares de Yuruparí son una comunidad indígena del Vaupés y Amazonas colombiano protagonista de dos hechos asombrosos: han logrado que sus tradiciones sean reconocidas como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y, además, han conservado los bosques de su macroterritorio en un 98%. Tras presentar una acción de tutela en 2019, denunciando al Estado por la explotación criminal de oro y el vertimiento de mercurio en tal región, la Corte Constitucional seleccionó tal recurso para su estudio.
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En una sala de selección de tutelas, llevada a cabo el pasado 29 de enero y presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Corte Constitucional reversó la decisión que había tomado a finales de 2020 luego de hacer un examen minucioso del caso. Y respondiendo a las peticiones de la Procuraduría y la Defensoría, sumadas a la solicitud previa de los Guardianes de Yuruparí, escogió para estudio un recurso judicial con una meta clara: proteger los recursos naturales de un macroterritorio que vincula tres grandes resguardos indígenas, tres parques nacionales naturales y seis millones de hectáreas de la Amazonía.
De acuerdo con la Procuraduría, el sistema tradicional de conocimiento de los Jaguares de Yuruparí, que es la sangre que corre por las venas de los Guardianes, fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2011 y, además, engrosa la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ámbito Nacional desde 2010. Según la petición de la entidad, para los pueblos que conforman el macroterritorio, elementos como el oro, carbón, cuarzo y piedras preciosas son componentes fundamentales para el equilibrio de la vida y, por tanto, no deben ser extraídos para su comercialización.
“En sus territorios las actividades criminales de minería se han venido realizando de manera consistente. Ejemplo de esto son las actividades mineras desarrolladas en la década de los ochenta, cuando en los bajos de los ríos Caquetá y Apaporis se desarrollaron procesos de extracción de oro, por el auge que se tenía en la región de Taraira, en el departamento de Vaupés. Esta situación continuó a comienzos del 2000, debido al proceso de amnistía que se estableció en la Ley 685 de 2001 para legalizar a los mineros ilegales. Posteriormente, en el marco de la Ley 1382 de 2010 se generó otra bonanza por la amnistía para legalizar a los mineros tradicionales”, explica la Procuraduría en un documento conocido por El Espectador.
De acuerdo con el saliente procurador Fernando Carrillo, quien le dio paso a Margarita Cabello, la extracción de minerales protegidos por los Jaguares de Yuruparí se realiza utilizando elementos como el mercurio que, en sus palabras, es una sustancia altamente tóxica de carácter acumulable. Incluso, los peces que abastecen a los indígenas estarían contaminados tras las estrategias de minería ilegal. Por su parte, la Defensoría se amparó en un empolvado fallo de 2007, en el cual el Juzgado Administrativo del Circuito de Leticia ordenó frenar las practicas extractivistas en el Amazonas, decisión que el Estado no habría acatado según la denuncia de los Guardianes de Yuruparí.
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“Nótese como a pesar de los esfuerzos y de acudir al aparato estatal, las comunidades indígenas no han logrado, ni un pronunciamiento de fondo, ni mucho menos una solución a la problemática que los aqueja, por el contrario, cada día es evidente la explotación ilegal y el irrespeto por los recursos naturales, con claro desconocimiento de los procesos que han amparado sus derechos”, allegó la Defensoría a la Corte Constitucional.
Representantes de los Jaguares de Yuruparí radicaron en principio la acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 18 de noviembre de 2019. Sin embargo, dos meses después la Sala Penal de ese despacho declaró improcedente el recurso asegurando que no se demostró la necesidad de la misma ni la conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y, además, la supuesta amenaza de sus derechos fundamentales. Seguido de esto, en noviembre del año pasado, la Corte Constitucional se negó a seleccionar las pretensiones de las comunidades indígenas para su estudio, situación que cambió en la actualidad.
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En concreto, los Gobiernos Indígenas ACIMA, ACIYA, ACIYAVA, ACAIPI, ATIZOT, denominados Guardines de Yuruparí, han querido expresarle a los organismos judiciales que “el territorio es la expresión de la vida misma (…) cada elemento y ser tienen un lugar y unas relaciones específicas que se deben mantener. Al sacar algo de nuestro territorio –como sucede con el oro- o introducir elementos extraños –como el mercurio- se compromete integralmente nuestra vida”, como quedó plasmado en la acción de tutela.
Así quedó plasmada la cosmovisión de los Jaguares de Yuruparí en un documental de la UNESCO, producido por National Geographic en 2010: “manejar el mundo es hacer que la vida sea posible, tanto la vida humana como la vida de la naturaleza. Que el sistema de conocimiento permanezca, que no se cambie, que no se modifique el modo de pensar. El hombre debe vivir con el respeto hacia la naturaleza y consigo mismo. El conocimiento está conformado por elementos que son físicos y espirituales. La Maloka es la representación física del cosmos. Nosotros tenemos un calendario ecológico”, explicó un indígena entrevistado en la pieza documental.
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