La Corte Constitucional tumbó dos decretos más que estaban incluidos dentro del conjunto creado por el Gobierno Petro para la emergencia económica, social y ecológica que fue declarada en La Guajira por el gobierno de Gustavo Petro. Con este par de decisiones, son un total de ocho los decretos declarados inexequibles, es decir, contrarios a la Constitución.
(En contexto: Corte Constitucional tumba otros cuatro decretos de emergencia en la Guajira)
El primer decreto que tumbó la Corte es el 1276 de 2023, el cual ordenaba medidas sobre la transición energética en el departamento. Este, entre otras cosas, le daba facultades a Ecopetrol para realizar proyectos de generación de fuentes no convencionales de energía renovable e incluía una sobretasa durante seis meses a escala nacional a los estratos 4, 5 y 6.
Ante este sobrecosto que ya había entrado en vigencia, la Corte ordenó que “los recursos recaudados (...) deberán ser devueltos a los contribuyentes mediante compensación con la facturación del servicio de energía eléctrica, en un término máximo de seis meses”, a partir del momento en que se adopta esta medida.
El segundo decreto que tumbó la Corte Constitucional fue 1250 de 2023, con el que “se adoptan medidas en materia de agua y saneamiento básico, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en el departamento de La Guajira”. Con este se le daban facultades al Ministerio de Vivienda para que financiara proyectos que permitieran el acceso al agua potable.
(En contexto: Corte Constitucional tumba el decreto de Petro de estado de emergencia en La Guajira)
Sin embargo, el alto tribunal permitió que por un año ciertos artículos de este decreto funcionaran. Entre ellos, el que de manera urgente ordena que se entregue el recurso hidrico “a través de medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsables, entre otros, si cumplen con las características y criterios de calidad del agua señalados en el ordenamiento jurídico”.
La caída de los decretos venía cantada por la Corte desde que el pasado 2 de octubre, cuando la Sala Plena, echó abajo el decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”, el cual declaró “inexequible”. En esa decisión dijo que los demás decretos expedidos en el marco del Estado de Emergencia tendrían, uno a uno, un efecto retroactivo.
(Le podría interesar: Sector minero preocupado por decretos que restringen la actividad en la Guajira)
Hasta el momento son ocho los decretos tumbados por la Corte Constitucional, iniciando con el decreto madre con el que se estableció la emergencia ambiental en La Guajira. Posteriormente, el alto tribunal se pronunció sobre un paquete de cuatro decretos más, estos hablaban sobre recuperar las Salinas Marítimas de Manaure, la modificación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, la protección de la riqueza cultural del pueblo Wayuu y la creación de una institución de educación superior indígena Wayuu, por último también fue tumbado el decreto que buscaba adelantar la reforma a la salud en el departamento.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.