Corte Constitucional ordena crear un grupo de seguimiento a la niñez wayuú

Buscando contar con el apoyo de especialistas en varias áreas diferentes a la ley, la Corte Constitucional ordenó que se conformara un grupo especializado e interdisciplinario para apoyar a la Sala de Seguimiento en la revisión de una sentencia que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de la niñez wayuú en el departamento de La Guajira.

En contexto: Corte ordena implementar plan de atención para niños wayuú en La Guajira

Esta orden va dirigida al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, la cual declaró el estado de cosas inconstitucional, por la ausencia masiva de protección a los derechos de los niños de la población indígena wayuú de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia en La Guajira. Sobre esta decisión, la Corte ha desarrollado varias estrategias que buscan lograr que se cumpla con lo ordenado en el 2017.

En este sentido, la Corte ya había adelantado una sesión técnica con el gobierno de Gustavo Petro, las comunidades y la sociedad civil para realizar un seguimiento de la sentencia. Esta reunión buscaba “lograr posibles respuestas y soluciones que conduzcan a la garantía efectiva de los derechos de la niñez wayuú, debido a los problemas que impiden evidenciar políticas efectivas para reducir los índices de muertes por desnutrición de las niñas y niños del pueblo wayuú y conocer el estado actual y avances del cumplimiento”, afirmó el alto tribunal en su momento.

Lea aquí: Hambre en La Guajira, una deuda que no se salda

Ahora, en el desarrollo de esta nueva labor de seguimiento, se decretaron varias pruebas para conocer los avances, retrocesos y estancamientos en el cumplimiento de las órdenes generales que se dieron en la sentencia y los autos correspondientes. Además, también se solicitaron varios conceptos técnicos e información para conocer el estado del cumplimiento.

Por estos motivos, y para ahondar en la evaluación técnica que supera el conocimiento en Derecho de la Corte, la Sala Especial de Seguimiento convocó a las personas con una formación académica especifica que estén interesados en aportar al cumplimiento de la sentencia. Para esto llamaron a las personas con formación afín a las áreas de agua y saneamiento básico, alimentación y nutrición, salud pública y seguridad social, infraestructura vial, antropología, sociología, educación, traducción de wayuúnaiki y relación empresa-derechos humanos.

Lea también: Hambre en La Guajira: Cinco años de una crisis que se agudiza

La Sala manifestó que “se tendrá en cuenta, de manera particular, la formación y experiencia en materias concernientes al agua, alimentación, nutrición y salud intercultural”. Además, afirmó que se podrán presentar grupos de investigación, centros de estudio, y observatorios en las áreas mencionadas, tanto conformados al interior del país como por fuera de él.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Buscando contar con el apoyo de especialistas en varias áreas diferentes a la ley, la Corte Constitucional ordenó que se conformara un grupo especializado e interdisciplinario para apoyar a la Sala de Seguimiento en la revisión de una sentencia que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de la niñez wayuú en el departamento de La Guajira.

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Esta orden va dirigida al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, la cual declaró el estado de cosas inconstitucional, por la ausencia masiva de protección a los derechos de los niños de la población indígena wayuú de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia en La Guajira. Sobre esta decisión, la Corte ha desarrollado varias estrategias que buscan lograr que se cumpla con lo ordenado en el 2017.

En este sentido, la Corte ya había adelantado una sesión técnica con el gobierno de Gustavo Petro, las comunidades y la sociedad civil para realizar un seguimiento de la sentencia. Esta reunión buscaba “lograr posibles respuestas y soluciones que conduzcan a la garantía efectiva de los derechos de la niñez wayuú, debido a los problemas que impiden evidenciar políticas efectivas para reducir los índices de muertes por desnutrición de las niñas y niños del pueblo wayuú y conocer el estado actual y avances del cumplimiento”, afirmó el alto tribunal en su momento.

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Ahora, en el desarrollo de esta nueva labor de seguimiento, se decretaron varias pruebas para conocer los avances, retrocesos y estancamientos en el cumplimiento de las órdenes generales que se dieron en la sentencia y los autos correspondientes. Además, también se solicitaron varios conceptos técnicos e información para conocer el estado del cumplimiento.

Por estos motivos, y para ahondar en la evaluación técnica que supera el conocimiento en Derecho de la Corte, la Sala Especial de Seguimiento convocó a las personas con una formación académica especifica que estén interesados en aportar al cumplimiento de la sentencia. Para esto llamaron a las personas con formación afín a las áreas de agua y saneamiento básico, alimentación y nutrición, salud pública y seguridad social, infraestructura vial, antropología, sociología, educación, traducción de wayuúnaiki y relación empresa-derechos humanos.

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La Sala manifestó que “se tendrá en cuenta, de manera particular, la formación y experiencia en materias concernientes al agua, alimentación, nutrición y salud intercultural”. Además, afirmó que se podrán presentar grupos de investigación, centros de estudio, y observatorios en las áreas mencionadas, tanto conformados al interior del país como por fuera de él.

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