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En la tarde del pasado lunes 28 de octubre, uno de los muros de casi 30 metros que sostiene el patio A1 de la cárcel Villa Hermosa de Cali colapsó. La tragedia dejó a 12 internos heridos. Luego de este y otros sucesos al interior de centros penitenciarios en Colombia, la Corte Constitucional emitió el Auto 1745 de 2024, exigiendo al Ministerio de Justicia implementar una política pública para atender el estado de cosas inconstitucional de las cárceles, cuya solución se ordenó hace casi 10 años.
El alto tribunal catalogó la situación como alarmante, sobre todo en términos de infraestructura, alimentación y salud en diferentes prisiones alrededor del país. También alertó uno crítico escenario respecto al hacinamiento, falta de alimentos adecuados y deficientes condiciones de salud en centros como el de Puerto Triunfo, Antioquia, donde numerosos reclusos sufren desnutrición y tuberculosis.
Además, la alta corte ordenó que obras claves en distintas penitenciarías del país, incluyendo el ERON en Pílamo, Risaralda, y proyectos en Sabanas de San Ángel, Girón, Ipiales y Barranquilla, esenciales para aumentar la capacidad y mejorar las condiciones de alojamiento, concluyan lo antes posible. Estas infraestructuras, aún inconclusas, son parte de los problemas que la Corte resalta como principales causas de hacinamiento y violaciones de derechos.
En cuanto a la alimentación, la Corte Constitucional subrayó la mala calidad de los alimentos y el incumplimiento de contratos por parte de los proveedores, mencionando que los reclusos reciben, incluso, proteínas no aptas para consumo humano. El Ministerio de Justicia deberá revisar la prestación de servicios alimentarios y aplicar sanciones a los contratistas que violen los términos acordados, según estableció el alto tribunal.
Finalmente, el fallo solicita medidas urgentes para resolver problemas de acceso a la salud en varias cárceles, señalando la falta de recursos médicos, deficiencias en diagnósticos y escasez de personal y transporte para citas médicas. La corte, además, ordenó la contratación inmediata de equipos médicos y la creación de planes para el tratamiento de enfermedades graves y el abuso de sustancias psicoactivas en centros específicos. Esta decisión refuerza la necesidad de recursos y reformas estructurales para proteger los derechos de los reclusos.
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