Corte Constitucional pide pruebas para estudiar si deja firme el decreto de Estado de Emergencia

El presidente Iván Duque Márquez firmó el decreto 417 de 2020 el 17 de marzo de este año y con su firma en el papel, el país tomó un rumbo histórico que tiene un solo objetivo: contrarrestar la crisis que desató el brote del COVID-19 en el país. El documento declaró el estado de emergencia social y económica en todo el país, uno de los estados de excepción al que puede acudir el primer mandatario en circunstancias extraordinarias, como la actual. Aunque varios presidentes han recurrido a ella, no se trata de una decisión absoluta pues la Corte Constitucional debe darle el visto bueno para que rija con absoluta fuerza de ley.

Al alto tribunal este tipo de decretos llega de forma automática, es decir, no es necesario que nadie lo demande para que sea evaluado por los magistrados. Es por esto que desde la semana pasada el expediente ya está en la Corte. Después del sorteo, le correspondió al magistrado José Fernando Reyes ser el ponente del caso, quien ya se puso manos a la obra. En un auto de seis páginas, el jurista ordenó que se practiquen una serie de pruebas para poder analizar el asunto y presentarle a sus compañeros de sala una ponencia para ser estudiada y así determinar si la decisión del presidente Duque es constitucional o no.

(En contexto: ¿Qué significa el estado de emergencia declarado por el presidente?)

La declaración del estado de emergencia fue una solicitud hecha desde diversos sectores políticos al primer mandatario para que se pudieran tomar, sobre todo, medidas de índole económico, ante los riesgos que representa para el sector productivo del país la ralentización de las actividades económicas como consecuencia de las medidas adoptadas para evitar el contagio del virus. Desde la oposición hasta el Centro Democrático le habían sugerido al presidente declarar el estado de emergencia para contrarrestar las afectaciones del virus.

De entrada, el magistrado explicó que justamente un día después de firmar el decreto, la Presidencia le envió a la Corte una fotocopia auténtica del documento, un requisito fundamental en estos casos. Al declarar que el trámite de estudio de este expediente ya está en firme, el ponente estableció que en tres días el presidente Duque le tendrá que enviar las comunicaciones dirigidas a los organismos internacionales de la OEA y la ONU (secretarios generales), sobre la notificación de la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica o de grave calamidad pública.

(Le puede interesar:  Gobierno lanza paquete de medidas económicas para hacer frente al coronavirus)

El magistrado Reyes también le pidió al Ministerio de Salud y Protección Social que, en esos mismos tres días, le explique cuál es el plan de contingencia o de acción nacional diseñado y puesto en ejecución para hacer frente a la pandemia del COVID-19, así como las “medidas desarrolladas hasta la expedición del decreto que hoy estudia la Corte, en orden a prevenir la propagación del brote, detectar con rapidez los casos, detener la transmisión del virus, atender a los afectados, intensificar actividades de preparación y respuesta, y aprovisionar vacunas en el momento de cura de la enfermedad, particularmente respecto de la población más vulnerable”.

Además, el jurista le solicitó también al Ministerio de Salud y al de Hacienda que le expliquen con detalles cada una de las medidas económicas adoptadas hasta la expedición del decreto declaratorio del estado de emergencia que sirvieran para adquirir equipos de protección o medidas de bioseguridad para el personal sanitario y administrativo, servicios de urgencia, consulta, hospitalización y cirugía, entre otros; también para equipar los laboratorios de diagnóstico, mejorar la vigilancia y reunión de datos, establecer y mantener unidades de cuidados intensivos, entre otras decisiones.

Para el magistrado Reyes, también es clave que las entidades sean explícitas sobre cuáles son las decisiones que han tomado para fortalecer las cadenas de suministro, la disposición de lugares de atención y de camas hospitalarias, contar con el personal médico necesario, y también para acelerar la investigación y desarrollo de vacunas y terapias y “demás medidas decisivas para ampliar la respuesta de salud pública a la pandemia” . Asimismo, la Corte quiere conocer cuáles es la tasa de contagio y de mortalidad que maneja el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Dirección de Epidemiología y Demografía, así como su crecimiento exponencial y cómo se están calculando las cifras.  

Otro punto clave que quiere conocer y entender el alto tribunal es lo que tiene que ver con el impacto económico de esta situación. Por eso, el magistrado Reyes solicitó que le informen el impacto o déficit presupuestal ocasionado por la pandemia, “clasificado según los distintos sectores de la economía. Para ello acompañará un cuadro comparativo que precise las distintas medidas adoptadas por cada sector afectado y, particularmente, su relación con el desplome del precio del petróleo y la subida abrupta del dólar. Igualmente deberá señalar cómo las medidas adoptadas resultan eficaces para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, pidió el jurista. Un asunto clave para el futuro de esta medida. 

En relación con los efectos económicos, la Corte también le pidió información clave al Banco de la República  y le exigió al Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social que le informe cómo se dejan a salvo los derechos sociales de los trabajadores con este decreto. Una información también crucial ahora que inicia el periodo de 20 días de cuarentena obligatoria en todo el país y miles de trabajadores informales han recurrido a las calles para exigir protección por parte del Gobierno. Además de todas las solicitudes a las entidades estatales, el magistrado Reyes invitó  también a una serie de organizaciones, expertos y universidades a que participen de esta trascendental discusión. 

Se espera que en las próximas semanas, con toda esta información en sus manos, el magistrado Reyes presente en Sala Plena la ponencia del caso para que él y sus ocho compañeros emitan lo más pronto posible una decisión de fondo. Con este caso, la Corte Constitucional comienza a debatir los casos de manera virtual.

El presidente Iván Duque Márquez firmó el decreto 417 de 2020 el 17 de marzo de este año y con su firma en el papel, el país tomó un rumbo histórico que tiene un solo objetivo: contrarrestar la crisis que desató el brote del COVID-19 en el país. El documento declaró el estado de emergencia social y económica en todo el país, uno de los estados de excepción al que puede acudir el primer mandatario en circunstancias extraordinarias, como la actual. Aunque varios presidentes han recurrido a ella, no se trata de una decisión absoluta pues la Corte Constitucional debe darle el visto bueno para que rija con absoluta fuerza de ley.

Al alto tribunal este tipo de decretos llega de forma automática, es decir, no es necesario que nadie lo demande para que sea evaluado por los magistrados. Es por esto que desde la semana pasada el expediente ya está en la Corte. Después del sorteo, le correspondió al magistrado José Fernando Reyes ser el ponente del caso, quien ya se puso manos a la obra. En un auto de seis páginas, el jurista ordenó que se practiquen una serie de pruebas para poder analizar el asunto y presentarle a sus compañeros de sala una ponencia para ser estudiada y así determinar si la decisión del presidente Duque es constitucional o no.

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La declaración del estado de emergencia fue una solicitud hecha desde diversos sectores políticos al primer mandatario para que se pudieran tomar, sobre todo, medidas de índole económico, ante los riesgos que representa para el sector productivo del país la ralentización de las actividades económicas como consecuencia de las medidas adoptadas para evitar el contagio del virus. Desde la oposición hasta el Centro Democrático le habían sugerido al presidente declarar el estado de emergencia para contrarrestar las afectaciones del virus.

De entrada, el magistrado explicó que justamente un día después de firmar el decreto, la Presidencia le envió a la Corte una fotocopia auténtica del documento, un requisito fundamental en estos casos. Al declarar que el trámite de estudio de este expediente ya está en firme, el ponente estableció que en tres días el presidente Duque le tendrá que enviar las comunicaciones dirigidas a los organismos internacionales de la OEA y la ONU (secretarios generales), sobre la notificación de la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica o de grave calamidad pública.

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El magistrado Reyes también le pidió al Ministerio de Salud y Protección Social que, en esos mismos tres días, le explique cuál es el plan de contingencia o de acción nacional diseñado y puesto en ejecución para hacer frente a la pandemia del COVID-19, así como las “medidas desarrolladas hasta la expedición del decreto que hoy estudia la Corte, en orden a prevenir la propagación del brote, detectar con rapidez los casos, detener la transmisión del virus, atender a los afectados, intensificar actividades de preparación y respuesta, y aprovisionar vacunas en el momento de cura de la enfermedad, particularmente respecto de la población más vulnerable”.

Además, el jurista le solicitó también al Ministerio de Salud y al de Hacienda que le expliquen con detalles cada una de las medidas económicas adoptadas hasta la expedición del decreto declaratorio del estado de emergencia que sirvieran para adquirir equipos de protección o medidas de bioseguridad para el personal sanitario y administrativo, servicios de urgencia, consulta, hospitalización y cirugía, entre otros; también para equipar los laboratorios de diagnóstico, mejorar la vigilancia y reunión de datos, establecer y mantener unidades de cuidados intensivos, entre otras decisiones.

Para el magistrado Reyes, también es clave que las entidades sean explícitas sobre cuáles son las decisiones que han tomado para fortalecer las cadenas de suministro, la disposición de lugares de atención y de camas hospitalarias, contar con el personal médico necesario, y también para acelerar la investigación y desarrollo de vacunas y terapias y “demás medidas decisivas para ampliar la respuesta de salud pública a la pandemia” . Asimismo, la Corte quiere conocer cuáles es la tasa de contagio y de mortalidad que maneja el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Dirección de Epidemiología y Demografía, así como su crecimiento exponencial y cómo se están calculando las cifras.  

Otro punto clave que quiere conocer y entender el alto tribunal es lo que tiene que ver con el impacto económico de esta situación. Por eso, el magistrado Reyes solicitó que le informen el impacto o déficit presupuestal ocasionado por la pandemia, “clasificado según los distintos sectores de la economía. Para ello acompañará un cuadro comparativo que precise las distintas medidas adoptadas por cada sector afectado y, particularmente, su relación con el desplome del precio del petróleo y la subida abrupta del dólar. Igualmente deberá señalar cómo las medidas adoptadas resultan eficaces para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, pidió el jurista. Un asunto clave para el futuro de esta medida. 

En relación con los efectos económicos, la Corte también le pidió información clave al Banco de la República  y le exigió al Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social que le informe cómo se dejan a salvo los derechos sociales de los trabajadores con este decreto. Una información también crucial ahora que inicia el periodo de 20 días de cuarentena obligatoria en todo el país y miles de trabajadores informales han recurrido a las calles para exigir protección por parte del Gobierno. Además de todas las solicitudes a las entidades estatales, el magistrado Reyes invitó  también a una serie de organizaciones, expertos y universidades a que participen de esta trascendental discusión. 

Se espera que en las próximas semanas, con toda esta información en sus manos, el magistrado Reyes presente en Sala Plena la ponencia del caso para que él y sus ocho compañeros emitan lo más pronto posible una decisión de fondo. Con este caso, la Corte Constitucional comienza a debatir los casos de manera virtual.