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En un auto de 88 páginas, la Corte Constitucional les dio 18 órdenes al Instituto Penitenciario (Inpec) y a otro puñado de entidades que nacen del examen que ha hecho el alto tribunal de cómo se está manejando la pandemia en las cárceles. Además de exigir una clasificación estricta del estado del COVID-19 en cada centro de reclusión y mandarles varios regaños a las autoridades penitenciarias, los magistrados pidieron información sobre el fallido motín del 21 de marzo de 2020, en el que murieron 24 personas privadas de la libertad.
(En contexto: El fallido motín de la cárcel Modelo que acabó en matanza)
La orden reza así: “Con miras a ilustrar acerca de los procedimientos adoptados para la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad y verificar el acceso a la justicia por parte de las personas privadas en libertad, incluso en momentos de emergencia carcelaria, se ordenará al Inpec, a la Policía, a la Procuraduría General, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General, que informen acerca del estado de las investigaciones adelantadas y las acciones desplegadas dirigidas a establecer lo sucedido en la Cárcel ‘La Modelo’ de Bogotá, el día 21 de marzo de 2020”.
Esa noche, una manifestación convocada a nivel nacional en diferentes cárceles del país, tuvo un saldo fatal en La Modelo. Como ha contado este diario, lo que comenzó como un “cacerolazo” en el que los internos golpeaban sus celdas en protesta, pronto escaló a un enfrentamiento, pues algunos privados de la libertad atacaron a guardias y les quitaron las armas. El fiscal Francisco Barbosa dijo que había indicios de participación de las disidencias de las Farc, pero no se han entregado mayores pruebas al respecto. La Procuraduría, por su parte, está investigando a funcionarios del Inpec.
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La decisión la tomó la Sala Especial de la Corte que le hace seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) que se vive en las cárceles del país. El ECI fue decretado en 2013, “tras corroborar la existencia de una violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad” y le permite al alto tribunal medirle el pulso constantemente a la situación carcelaria, a la vez que le da órdenes a las autoridades. Y uno de los aspectos que evalúan los magistrados es el uso de la fuerza, malos tratos y torturas a los que pueden ser sometidos los reclusos.
Fue por ello, “con el fin de confirmar el acceso a la justicia de los internos incluso en circunstancias de emergencia”, que la Corte le dio cinco días a la Fiscalía, Procuraduría y demás entidades que han adelantado pesquisas por lo ocurrido en La Modelo esa noche que informen sobre el avance de estas. Y es que, al día siguiente de esta matanza, en la que además hubo un centenar de heridos, el entonces director del Inpec, general Norberto Mujica, declaró el estado de emergencia carcelaria, y en el documento registra las múltiples alteraciones del orden público de las cárceles, siendo el más grave lo ocurrido en Bogotá.
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Además de esta información, la Corte le ordenó al Inpec crear un sistema que categorice el avance de la pandemia en las cárceles en tiempo real y en tres niveles: preventivo, inicial, medio y alto. Así, para cada uno de ellos, hay órdenes específicas, como aumentar la entrega de elementos de protección personal, apoyar en la toma rápida de pruebas de COVID-19, actualizar las hojas de vida de los reclusos para identificar quiénes están próximos a salir de prisión y enviar los documentos respectivos a jueces, fiscales y abogados, para agilizar las solicitudes de libertad.