Corte Constitucional, preocupada por avances contra la corrupción en La Guajira
La alta corte envió cuestionarios al ICBF, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para conocer los avances investigativos contra la corrupción en La Guajira. Las instituciones deberán responder qué han hecho para combatir la violación de derechos contra la niñez del pueblo Wayúu.
En 2017, la Corte Constitucional declaró que existe una violación masiva de derechos humanos en contra la niñez del pueblo Wayúu en La Guajira. Entonces, pidió a las autoridades departamentales y nacionales avanzar en la lucha contra la corrupción, la cual estaría desangrando los recursos destinados para atender a la población vulnerable. Cuatro años después, y ante denuncias por investigaciones engavetadas, la alta corte envío cuestionarios a entidades encargadas de proteger las garantías de los indígenas.
En contexto: Corte Constitucional declara estado de cosas inconstitucional derechos de menores Wayúu
“La Corte expone su alta preocupación respecto de los actos y omisiones que en materia disciplinaria, penal y fiscal se pudo y se está incurriendo por algunas autoridades en el ejercicio de las atribuciones por ley establecidas”, se explica en el documento. El historial da cuenta de constantes fallas en los planes para la salud, alimentación y acceso al agua de los niños en La Guajira. Dineros que son destinados para combatir la corrupción en la región, pero que nunca llegan a buen puerto. Y, como lo reveló El Espectador a mitad de este año, investigaciones en la Fiscalía que están carcomidas por el moho.
En concreto, la Corte Constitucional le preguntó a la Fiscalía si dineros para la niñez Wayúu han terminado en campañas políticas, como lo sucedido en 2011 en el municipio de Albania. También, ¿cuál ha sido la actividad de investigación y sancionatoria desplegada por el ente investigador desde 2018? La Fiscalía deberá remitir un informe estadístico que muestre los delitos cometidos, los sujetos involucrados -si son servidores públicos o no-, el estado actual de los procesos y, por último, las sanciones penales que ha dejado la corrupción en La Guajira.
En contexto: La feria de expedientes engavetados en La Guajira
La Corte Constitucional refirió, en específico sobre la Fiscalía, el informe del procurador José Reyes Rodríguez, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Riohacha, quien en mayo pasado advirtió sobre los “procesos penales engavetados en La Guajira”. Según Reyes, los hechos investigados por malos manejos de recursos públicos suman más de $85.000 millones. Encontró que existen procesos por corrupción archivados desde hace más de 20 años, lo que conllevó a un manojo de fallos inhibitorios por prescripción. Funcionarios y particulares que, al parecer, se enriquecieron con obras inconclusas quedaron libres y sus procesos cerraron con el tiempo.
“Es ignominioso, lacerante e inaceptable que los casos por corrupción administrativa prescriban, engavetados por años sin ninguna gestión, en anaqueles y depósitos de expedientes de la Fiscalía General de la Nación, mientras niños y adultos mueren de sed y de hambre, abandonados en las rancherías de La Guajira”, señaló Rodríguez. En la sede de la Fiscalía en Riohacha, el procurador encontró 64 expedientes delicados en los cuales el avance era prácticamente nulo. Estaban manchados, sin carátula, se habían mojado y hasta estaban llenos de hongos.
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Ante un informe de semejante magnitud, la Corte Constitucional le pidió a la Fiscalía responder si ha desplegado alguna actuación para identificar posibles infractores. Si los procesos están relacionados con las garantías de salud, agua y alimentación de los menores Wayúu. Si han denunciado ante la Procuraduría la posible responsabilidad de algún funcionario por las prescripciones. Reyes, por último, dejó una conclusión en su texto: “No hay señal de actitudes procesales dilatorias de alguien distinto a la propia Fiscalía, cuya inacción sí se evidencia sistemática”.
Las preguntas a las otras entidades
A la Procuraduría, la Corte Constitucional le preguntó si adelanta investigaciones por los mismos hechos y, de haberlas, cuantos y cuáles son los responsables por el presunto manejo irregular de recursos en La Guajira. A la Contraloría, la alta corte le referenció que desde 2017 en el departamento la contratación directa supera por $286.000 millones a la licitación pública, en la cual hay un concurso de méritos entre contratistas. El órgano de control fiscal deberá responder si, a partir de ese contexto, se han implementado medidas para prevenir la corrupción. La Superintendencia de Salud también deberá entregar un informe.
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Por otro lado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, encargada de investigar y sancionar a funcionarios de la Rama Judicial, deberá responder si ha adelantado actuaciones contra el Tribunal Superior de Riohacha. Se trata del despacho encargado de seguir el cumplimiento de la sentencia de 2017, en la cual la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional contra los niños en La Guajira. La alta corte dejó claro que en la región hay una grave vulneración de los derechos protegidos por la Constitución. Sin embargo, el Tribunal de Riohacha no ha articulado la participación del departamento y los municipios para conjurar la difícil situación.
A la Defensoría del Pueblo, la Corte le pidió explicar “si ha recibido quejas sobre hechos que pongan en evidencia la malversación de recursos, desviación de fondos y/o corrupción en relación con los dineros del departamento de La Guajira y que afectan directa o indirectamente el goce efectivo de los derechos a la alimentación, agua y salud de la niñez Wayúu, la asignación de beneficios y la selección de contratistas en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia”. Deberá resaltar si ha denunciado sobrecostos, manejos irregulares o inconsistencias en la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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El ICBF también deberá entregar información sobre el correcto cumplimiento de los contratos de alimentación para los niños. ¿A sus bocas han llegado alimentos en cantidad y de buena calidad? Eso deberá responderlo el instituto. Por otro lado, el ICBF deberá responder si es cierto que los Wayúu no denuncian la muerte de menores de edad, por desnutrición, por miedo a ser investigados. Y, por último, el instituto deberá señalar si ha contratado con operadores que hayan sido investigados y sancionados por la comisión de un delito.
Datos en contexto
Cuando la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional, en 2017, encontró estadísticas que hablan por sí mismas. Según el Ministerio de Salud, en un informe de 2013, la tasa de mortalidad por causas asociadas a la desnutrición en menores de cinco años fue de 32,5% por cada 1.000 niños en el departamento. La Superintendencia de Salud ha emitido sanciones, entre 2017 y 2021, por más de $6.000 millones por incumplimientos de entidades prestadoras de salud a la protección de la niñez.
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De acuerdo con la veeduría ciudadana a la sentencia de 2017, actualmente los proyectos agrícolas de 3.300 familias en la región se encuentran abandonados e iniciativas de seguridad alimentaria están frenados por mala calidad del agua y recursos mal invertidos. “En el 97,2% de las comunidades no se han ejecutado proyectos de seguridad alimentaria, en las que se encuentran involucradas diferentes instituciones, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento para la Prosperidad Social y la Cancillería”, señaló la Corte con datos de la veeduría.
La veeduría, por otro lado, referenció que el Departamento para la Prosperidad Social de la Guajira, entre 2016 y 2018, ejecutó más de $14 millones en obras para agua potable. Sin embargo, 25 de los 29 sistemas contratados no están en funcionamiento desde 2018. “No se activaron las rutas en caso de detección de menores en estado de desnutrición, se encontraron unidades de servicio que no cuentan con las condiciones mínimas de infraestructura y en la mayoría de las comunidades Wayúu los alimentos se elaboraron con agua no apta para el consumo humano”, se lee en el documento.
A corte de julio de 2021, en Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure han muerto 24 niños menores de cinco años por desnutrición. Seis menos que el año pasado. Sin embargo, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reportó, a mitad de año, casi 700 casos de desnutrición aguda en La Guajira. Un crecimiento del 17% respecto del 2020. “Del total de casos notificados, se observa que el promedio de edad es de 21,5 meses. 44% son niñas y 56% niños. El 68% (472) registran pertenencia étnica indígena, mayoritariamente del pueblo Wayúu”, concluyó el Sivigila.
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En 2017, la Corte Constitucional declaró que existe una violación masiva de derechos humanos en contra la niñez del pueblo Wayúu en La Guajira. Entonces, pidió a las autoridades departamentales y nacionales avanzar en la lucha contra la corrupción, la cual estaría desangrando los recursos destinados para atender a la población vulnerable. Cuatro años después, y ante denuncias por investigaciones engavetadas, la alta corte envío cuestionarios a entidades encargadas de proteger las garantías de los indígenas.
En contexto: Corte Constitucional declara estado de cosas inconstitucional derechos de menores Wayúu
“La Corte expone su alta preocupación respecto de los actos y omisiones que en materia disciplinaria, penal y fiscal se pudo y se está incurriendo por algunas autoridades en el ejercicio de las atribuciones por ley establecidas”, se explica en el documento. El historial da cuenta de constantes fallas en los planes para la salud, alimentación y acceso al agua de los niños en La Guajira. Dineros que son destinados para combatir la corrupción en la región, pero que nunca llegan a buen puerto. Y, como lo reveló El Espectador a mitad de este año, investigaciones en la Fiscalía que están carcomidas por el moho.
En concreto, la Corte Constitucional le preguntó a la Fiscalía si dineros para la niñez Wayúu han terminado en campañas políticas, como lo sucedido en 2011 en el municipio de Albania. También, ¿cuál ha sido la actividad de investigación y sancionatoria desplegada por el ente investigador desde 2018? La Fiscalía deberá remitir un informe estadístico que muestre los delitos cometidos, los sujetos involucrados -si son servidores públicos o no-, el estado actual de los procesos y, por último, las sanciones penales que ha dejado la corrupción en La Guajira.
En contexto: La feria de expedientes engavetados en La Guajira
La Corte Constitucional refirió, en específico sobre la Fiscalía, el informe del procurador José Reyes Rodríguez, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Riohacha, quien en mayo pasado advirtió sobre los “procesos penales engavetados en La Guajira”. Según Reyes, los hechos investigados por malos manejos de recursos públicos suman más de $85.000 millones. Encontró que existen procesos por corrupción archivados desde hace más de 20 años, lo que conllevó a un manojo de fallos inhibitorios por prescripción. Funcionarios y particulares que, al parecer, se enriquecieron con obras inconclusas quedaron libres y sus procesos cerraron con el tiempo.
“Es ignominioso, lacerante e inaceptable que los casos por corrupción administrativa prescriban, engavetados por años sin ninguna gestión, en anaqueles y depósitos de expedientes de la Fiscalía General de la Nación, mientras niños y adultos mueren de sed y de hambre, abandonados en las rancherías de La Guajira”, señaló Rodríguez. En la sede de la Fiscalía en Riohacha, el procurador encontró 64 expedientes delicados en los cuales el avance era prácticamente nulo. Estaban manchados, sin carátula, se habían mojado y hasta estaban llenos de hongos.
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Ante un informe de semejante magnitud, la Corte Constitucional le pidió a la Fiscalía responder si ha desplegado alguna actuación para identificar posibles infractores. Si los procesos están relacionados con las garantías de salud, agua y alimentación de los menores Wayúu. Si han denunciado ante la Procuraduría la posible responsabilidad de algún funcionario por las prescripciones. Reyes, por último, dejó una conclusión en su texto: “No hay señal de actitudes procesales dilatorias de alguien distinto a la propia Fiscalía, cuya inacción sí se evidencia sistemática”.
Las preguntas a las otras entidades
A la Procuraduría, la Corte Constitucional le preguntó si adelanta investigaciones por los mismos hechos y, de haberlas, cuantos y cuáles son los responsables por el presunto manejo irregular de recursos en La Guajira. A la Contraloría, la alta corte le referenció que desde 2017 en el departamento la contratación directa supera por $286.000 millones a la licitación pública, en la cual hay un concurso de méritos entre contratistas. El órgano de control fiscal deberá responder si, a partir de ese contexto, se han implementado medidas para prevenir la corrupción. La Superintendencia de Salud también deberá entregar un informe.
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Por otro lado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, encargada de investigar y sancionar a funcionarios de la Rama Judicial, deberá responder si ha adelantado actuaciones contra el Tribunal Superior de Riohacha. Se trata del despacho encargado de seguir el cumplimiento de la sentencia de 2017, en la cual la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional contra los niños en La Guajira. La alta corte dejó claro que en la región hay una grave vulneración de los derechos protegidos por la Constitución. Sin embargo, el Tribunal de Riohacha no ha articulado la participación del departamento y los municipios para conjurar la difícil situación.
A la Defensoría del Pueblo, la Corte le pidió explicar “si ha recibido quejas sobre hechos que pongan en evidencia la malversación de recursos, desviación de fondos y/o corrupción en relación con los dineros del departamento de La Guajira y que afectan directa o indirectamente el goce efectivo de los derechos a la alimentación, agua y salud de la niñez Wayúu, la asignación de beneficios y la selección de contratistas en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia”. Deberá resaltar si ha denunciado sobrecostos, manejos irregulares o inconsistencias en la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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El ICBF también deberá entregar información sobre el correcto cumplimiento de los contratos de alimentación para los niños. ¿A sus bocas han llegado alimentos en cantidad y de buena calidad? Eso deberá responderlo el instituto. Por otro lado, el ICBF deberá responder si es cierto que los Wayúu no denuncian la muerte de menores de edad, por desnutrición, por miedo a ser investigados. Y, por último, el instituto deberá señalar si ha contratado con operadores que hayan sido investigados y sancionados por la comisión de un delito.
Datos en contexto
Cuando la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional, en 2017, encontró estadísticas que hablan por sí mismas. Según el Ministerio de Salud, en un informe de 2013, la tasa de mortalidad por causas asociadas a la desnutrición en menores de cinco años fue de 32,5% por cada 1.000 niños en el departamento. La Superintendencia de Salud ha emitido sanciones, entre 2017 y 2021, por más de $6.000 millones por incumplimientos de entidades prestadoras de salud a la protección de la niñez.
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De acuerdo con la veeduría ciudadana a la sentencia de 2017, actualmente los proyectos agrícolas de 3.300 familias en la región se encuentran abandonados e iniciativas de seguridad alimentaria están frenados por mala calidad del agua y recursos mal invertidos. “En el 97,2% de las comunidades no se han ejecutado proyectos de seguridad alimentaria, en las que se encuentran involucradas diferentes instituciones, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento para la Prosperidad Social y la Cancillería”, señaló la Corte con datos de la veeduría.
La veeduría, por otro lado, referenció que el Departamento para la Prosperidad Social de la Guajira, entre 2016 y 2018, ejecutó más de $14 millones en obras para agua potable. Sin embargo, 25 de los 29 sistemas contratados no están en funcionamiento desde 2018. “No se activaron las rutas en caso de detección de menores en estado de desnutrición, se encontraron unidades de servicio que no cuentan con las condiciones mínimas de infraestructura y en la mayoría de las comunidades Wayúu los alimentos se elaboraron con agua no apta para el consumo humano”, se lee en el documento.
A corte de julio de 2021, en Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure han muerto 24 niños menores de cinco años por desnutrición. Seis menos que el año pasado. Sin embargo, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reportó, a mitad de año, casi 700 casos de desnutrición aguda en La Guajira. Un crecimiento del 17% respecto del 2020. “Del total de casos notificados, se observa que el promedio de edad es de 21,5 meses. 44% son niñas y 56% niños. El 68% (472) registran pertenencia étnica indígena, mayoritariamente del pueblo Wayúu”, concluyó el Sivigila.
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