Contraloría y Corte Constitucional advierten el fracaso del rescate de Providencia
El alto tribunal, tras analizar la tutela de una ciudadana isleña, consideró que el proceso de reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina no ha termina y “está lejos de estarlo”. La Contraloría emitió un informe, hace unos meses, también desfavorable para el gobierno Duque.
El 17 de noviembre de 2020, en una entrevista con Radio Nacional, el expresidente Iván Duque asumió el reto de reconstruir Providencia en un término de 100 días, días después de que el huracán Iota destruyera hasta el 98% de la infraestructura de la isla. Luego de analizar una tutela ciudadana, la Corte Constitucional consideró que esa promesa de Gobierno quedó en las meras palabras y ordenó medidas de urgencia para proteger la población raizal.
En contexto: Reconstrucción de Providencia: las irregularidades halladas por la Contraloría
Tras escuchar a la ciudadana Josefina Hiffington, la Corte Constitucional consideró que el plan de reconstrucción integral de Providencia y Santa Catalina, luego de dos años, no ha terminado, y “está lejos de estarlo”. Agregó que los derechos a la salud, vivienda, agua y saneamiento básico de la población raizal fueron vulnerados por la Presidencia, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastre, los ministerios de Vivienda y del Interior y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.
“La Corte comprobó que el Gobierno incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico”, explicó el alto tribunal.
Lea también: “La reconstrucción de Providencia ha sido un atropello contra la comunidad”
Y siguió con su regaño: “Se demostró que los terrenos utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros se han convertido actualmente en botaderos de basura permanentes. Las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron al pueblo raizal el derecho a la consulta previa, lo cual derivó en una completa desconexión y falta de diálogo entre el Gobierno y los habitantes, que se evidenció, entre otras cosas, en el incumplimiento de los acuerdos sobre las características mínimas que debían tener las nuevas viviendas”.
Ante la gravedad de la situación, la Corte le dio 30 días a la Alcaldía de Providencia, al Ministerio del Interior y a la Unidad de Gestión del Riesgo para garantizar a los habitantes el abastecimiento diario de mínimo 65 litros de agua potable, para consumo personal y doméstico. Estas mismas instituciones deberán solucionar, además, de manera definitiva el vertimiento de aguas negras domésticas al ambiente.
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Asimismo, las autoridades tienen tres meses para cerrar definitivamente los terrenos que han sido utilizados, durante la emergencia, para el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos. Entre las órdenes más importantes está el plazo de 15 días para convocar a la comunidad raizal, para garantizarles un proceso de consulta eficaz para la reconstrucción integral de las islas. El Ministerio de Cultura deberá traducir apartes de la presente sentencia al lenguaje creole y dar lectura en un acto público.
Las irregularidades halladas por la Contraloría
En agosto pasado, la Contraloría entregó un informe sobre la gestión del gobierno pasado ante el desastroso paso del huracán Iota. Atribuyó las irregularidades del sector vivienda a la gestión de Findeter: “Dentro de las deficiencias encontradas, se identificó que contratos derivados suscritos en el 2021, para la ejecución de obras de reparación, rehabilitación y construcción de viviendas, no tuvieron una adecuada planeación frente a la cantidad de unidades habitacionales y los costos de estos. Lo cual generó adiciones en valor y tiempos contractuales, sin que se evidenciara justificación suficiente en los otrosíes celebrados y sus anexos”
Política: Las duras críticas de Petro al proceso de reconstrucción de Providencia
El órgano de control encontró que el gobierno “no tuvo claridad” en el número de construcciones a intervenir en el Plan de Reconstrucción de Providencia, propuesta por el gobierno Duque. Y para sustentar su posición, tiene el historial de ocho contratos acordados durante 2021, luego de que el huracán Iota arrasara con el 95% de la infraestructura de toda Providencia. La Contraloría, además, halló falencias en la calidad del material de las ventanas, pisos y muros de las viviendas tipo T2 y T4.
En las viviendas de reparación integral, la Contraloría identificó fallas en los diagnósticos, lo cual terminó en irregularidad con el sistema hidrosanitario y la no construcción de zonas seguras, que estaban entre los compromisos suscritos por Findeter. Incluso, se construyeron viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o que fueron conectadas a pozos no funcionales. La Contraloría le sigue la pista, además, a los privados Fontur e iNNpulsa, por supuesta falta de planeación en contratos para ayudar a los hoteles y damnificados.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El 17 de noviembre de 2020, en una entrevista con Radio Nacional, el expresidente Iván Duque asumió el reto de reconstruir Providencia en un término de 100 días, días después de que el huracán Iota destruyera hasta el 98% de la infraestructura de la isla. Luego de analizar una tutela ciudadana, la Corte Constitucional consideró que esa promesa de Gobierno quedó en las meras palabras y ordenó medidas de urgencia para proteger la población raizal.
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Tras escuchar a la ciudadana Josefina Hiffington, la Corte Constitucional consideró que el plan de reconstrucción integral de Providencia y Santa Catalina, luego de dos años, no ha terminado, y “está lejos de estarlo”. Agregó que los derechos a la salud, vivienda, agua y saneamiento básico de la población raizal fueron vulnerados por la Presidencia, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastre, los ministerios de Vivienda y del Interior y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.
“La Corte comprobó que el Gobierno incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico”, explicó el alto tribunal.
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Y siguió con su regaño: “Se demostró que los terrenos utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros se han convertido actualmente en botaderos de basura permanentes. Las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron al pueblo raizal el derecho a la consulta previa, lo cual derivó en una completa desconexión y falta de diálogo entre el Gobierno y los habitantes, que se evidenció, entre otras cosas, en el incumplimiento de los acuerdos sobre las características mínimas que debían tener las nuevas viviendas”.
Ante la gravedad de la situación, la Corte le dio 30 días a la Alcaldía de Providencia, al Ministerio del Interior y a la Unidad de Gestión del Riesgo para garantizar a los habitantes el abastecimiento diario de mínimo 65 litros de agua potable, para consumo personal y doméstico. Estas mismas instituciones deberán solucionar, además, de manera definitiva el vertimiento de aguas negras domésticas al ambiente.
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Asimismo, las autoridades tienen tres meses para cerrar definitivamente los terrenos que han sido utilizados, durante la emergencia, para el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos. Entre las órdenes más importantes está el plazo de 15 días para convocar a la comunidad raizal, para garantizarles un proceso de consulta eficaz para la reconstrucción integral de las islas. El Ministerio de Cultura deberá traducir apartes de la presente sentencia al lenguaje creole y dar lectura en un acto público.
Las irregularidades halladas por la Contraloría
En agosto pasado, la Contraloría entregó un informe sobre la gestión del gobierno pasado ante el desastroso paso del huracán Iota. Atribuyó las irregularidades del sector vivienda a la gestión de Findeter: “Dentro de las deficiencias encontradas, se identificó que contratos derivados suscritos en el 2021, para la ejecución de obras de reparación, rehabilitación y construcción de viviendas, no tuvieron una adecuada planeación frente a la cantidad de unidades habitacionales y los costos de estos. Lo cual generó adiciones en valor y tiempos contractuales, sin que se evidenciara justificación suficiente en los otrosíes celebrados y sus anexos”
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En las viviendas de reparación integral, la Contraloría identificó fallas en los diagnósticos, lo cual terminó en irregularidad con el sistema hidrosanitario y la no construcción de zonas seguras, que estaban entre los compromisos suscritos por Findeter. Incluso, se construyeron viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o que fueron conectadas a pozos no funcionales. La Contraloría le sigue la pista, además, a los privados Fontur e iNNpulsa, por supuesta falta de planeación en contratos para ayudar a los hoteles y damnificados.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.