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Corte Constitucional se alista a estudiar expediente clave para la paz total

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó hoy la ponencia que estudiará la Sala Plena del alto tribunal y que buscaría tumbar la norma que le permite al presidente negociar con bandas y grupos armados ilegales

27 de junio de 2023 - 01:22 a. m.
Una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez pide tumbar la Ley de paz total aprobada por el Congreso, que le da soporte jurídico a la apuesta gubernamental de negociar con los actores violentos que operan en todo país.
Una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez pide tumbar la Ley de paz total aprobada por el Congreso, que le da soporte jurídico a la apuesta gubernamental de negociar con los actores violentos que operan en todo país.
Foto: Corte Constitucional
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Al medio día de este lunes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó la ponencia de un expediente clave: el estudio a la ley de paz total que le permite al gobierno Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas. Aunque el asunto no será discutido en lo que resta del mes de junio, el debate promete ser de alquilar balcón.

Lea: Renovar el cese al fuego con tres grupos criminales: Petro debe decidir esta semana

Aunque todavía no se conocen los detalles de fondo de este documento, este diario pudo confirmar que la ponencia de Ibáñez busca tumbar esa ley. Es de recordar que en marzo de este año, la Corte Constitucional decidió darle un trámite de urgencia nacional a la demanda y tomó una decisión inedita: el alto tribunal podrá suspender leyes desde el principio de su estudio.

“Lo anterior tiene sustento en la necesidad de garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional, con lo cual, en virtud de una reinterpretación de las facultades de la Corte para cumplir sus funciones de guardiana de la supremacía de la Constitución, se ajusta el precedente”, explica el concepto del tribunal.

El pasado 31 de marzo la procuradora, Margarita Cabello, en un concepto enviado a la Corte Constitucional, la procuradora Margarita Cabello había pedido declarar inconstitucionales una serie de artículos de la ley, porque a pesar de que la norma que introdujo el Gobierno de Gustavo Petro para acercarse a grupos armados trata, desde luego, sobre seguridad ciudadana y el sistema judicial; el texto nunca fue consultado con la instancia del Estado encargada de analizar ese tipo de propuestas: el Consejo Superior de Política Criminal.

Lea además: Habla de Roux: “No podemos conformarnos con una paz y una política chiquita”

En la misiva que envió al alto tribunal, la procuradora escribió: “El deber de emisión y envío al Congreso del concepto del Consejo Superior de Política Criminal no es caprichoso, dado que es un mecanismo técnico de colaboración armónica entre las ramas el cual busca que las iniciativas legislativas sean acompañadas de un dictamen que indique si las disposiciones propuestas son conformes con el estándar de una política criminal respetuosa de los derechos humanos”. Cabello recordó cómo, incluso, el Consejo nació por orden de la propia Corte, en una histórica sentencia que cuestionó la política criminal populista del país.

Lo que la coalición de gobierno ha denominado Paz Total se compone de tres ejes: el primero consiste en desactivar factores de violencia mediante procesos de paz y a través del sometimiento a la justicia; el segundo, está enfocado en proteger la vida; y, el tercero, propone lograr la paz social, lo que significa promover un modelo de convivencia ciudadana en el que los conflictos cotidianos se resuelvan

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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David(73769)27 de junio de 2023 - 01:36 p. m.
Sorprende que la Corte ahora si este muy juiciosa y actuando velozmente para estudiar la inconstitucionalidad de lo propuesto por Petro para la Paz total. No actuaron con la misma diligencia en el gobierno de Duque cuando emitio su decreto para violar la Ley de Garantias y actuo casi todo su mandato por decreto. Ciego se es cuando se ve y se respira como todas los poderes se alian sutilmente para dar un golpe blando. Sera una ceguera no admitirlo?
Toto(36383)27 de junio de 2023 - 12:30 p. m.
Después dicen qué no hay un golpe blando.todo el establecimiento contra el gobierno actual.
Hernán(22184)27 de junio de 2023 - 08:12 a. m.
Y luego se dice que la rama judicial del poder público no actúa bajo intereses políticos. Por supuesto que esa es una mentira que nos metemos los colombianos. Eso es un adorno demagógico de nuestra debil democracia cuando se trata del interés de la población no favorecida con privilegios y ventajas económicas.
  • EMILIA(29392)27 de junio de 2023 - 11:07 a. m.
    Hernán comparto su comentario.
Ramiro Guzmán Arteaga(8505)27 de junio de 2023 - 04:41 a. m.
De primerazo, todo esto lo considero un entramado propio de un país en el que cada quién, en este caso la Corte Constitucional, y eso que llaman Consejo Superior de Política Criminal, acomodan o se inventan disposiciones para dilatar procesos. En conclusión: puras leguleyadas por conveniencia. Esto lo pienso como simple lector.
Olegario(51538)27 de junio de 2023 - 02:27 a. m.
Durante el trámite de dicha ley varios expertos habían advertido acerca de la inconstitucionalidad de la misma por no tener el visto bueno del Consejo Nacional de Política Criminal. El gobierno del señor Petro hizo caso omiso, oídos sordos. Ahí está el resultado: la ley no solo se va a caer sino que por primera vez los señores de la Corte Constitucional van a tomar la decisión de inaplicarla desde ANTES de fallar de fondo. No lo hicieron con la Ley de Garantías que violó el gobierno Duque. HPs.
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