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Al medio día de este lunes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó la ponencia de un expediente clave: el estudio a la ley de paz total que le permite al gobierno Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas. Aunque el asunto no será discutido en lo que resta del mes de junio, el debate promete ser de alquilar balcón.
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Aunque todavía no se conocen los detalles de fondo de este documento, este diario pudo confirmar que la ponencia de Ibáñez busca tumbar esa ley. Es de recordar que en marzo de este año, la Corte Constitucional decidió darle un trámite de urgencia nacional a la demanda y tomó una decisión inedita: el alto tribunal podrá suspender leyes desde el principio de su estudio.
“Lo anterior tiene sustento en la necesidad de garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional, con lo cual, en virtud de una reinterpretación de las facultades de la Corte para cumplir sus funciones de guardiana de la supremacía de la Constitución, se ajusta el precedente”, explica el concepto del tribunal.
El pasado 31 de marzo la procuradora, Margarita Cabello, en un concepto enviado a la Corte Constitucional, la procuradora Margarita Cabello había pedido declarar inconstitucionales una serie de artículos de la ley, porque a pesar de que la norma que introdujo el Gobierno de Gustavo Petro para acercarse a grupos armados trata, desde luego, sobre seguridad ciudadana y el sistema judicial; el texto nunca fue consultado con la instancia del Estado encargada de analizar ese tipo de propuestas: el Consejo Superior de Política Criminal.
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En la misiva que envió al alto tribunal, la procuradora escribió: “El deber de emisión y envío al Congreso del concepto del Consejo Superior de Política Criminal no es caprichoso, dado que es un mecanismo técnico de colaboración armónica entre las ramas el cual busca que las iniciativas legislativas sean acompañadas de un dictamen que indique si las disposiciones propuestas son conformes con el estándar de una política criminal respetuosa de los derechos humanos”. Cabello recordó cómo, incluso, el Consejo nació por orden de la propia Corte, en una histórica sentencia que cuestionó la política criminal populista del país.
Lo que la coalición de gobierno ha denominado Paz Total se compone de tres ejes: el primero consiste en desactivar factores de violencia mediante procesos de paz y a través del sometimiento a la justicia; el segundo, está enfocado en proteger la vida; y, el tercero, propone lograr la paz social, lo que significa promover un modelo de convivencia ciudadana en el que los conflictos cotidianos se resuelvan
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