Corte Constitucional tumbó último decreto de Petro sobre Emergencia en La Guajira

La Corte Constitucional tumbó el último decreto que quedaba en pie del paquete de medidas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro para la emergencia económica, social y ecológica declarada en La Guajira a mediados de 2023. Se trata del decreto 1267 de 2023, el cual buscaba implementar medidas para la reactivación del turismo en el departamento.

La medida gubernamental buscaba que la reactivación económica y el turismo fueran un salvavidas para algunas de las problemáticas de ese territorio. Según el decreto se apuntaba a la sostenibilidad, el fortalecimiento de los lugares y los planes estratégicos de inversión. Sin embargo, la orden del alto tribunal tiene efectos inmediatos y llega como consecuencia de que los otros decretos del paquete gubernamental ya habían sido declarados por la Corte como inconstitucionales.

Inicialmente, la Corte echó abajo el decreto madre con el que se estableció la emergencia ambiental en La Guajira. Posteriormente, el alto tribunal se pronunció sobre un paquete de cuatro decretos más, que hablaban sobre recuperar las Salinas Marítimas de Manaure, la modificación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, la protección de la riqueza cultural del pueblo Wayuu y la creación de una institución de educación superior indígena Wayuu. Igualmente, el decreto que buscaba adelantar un piloto de la reforma a la salud en ese departamento.

El 9 de noviembre se sumaron los decretos que hablaban sobre la transición energética en el departamento y las medidas para garantizar el acceso al agua. Finalmente, dos más que hablaban de agricultura, desarrollo rural y de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y su implementación. En diciembre del año pasado, la Corte se pronunció sobre otro más que establecía medidas especiales para la atención de niños y niñas en primera infancia y de madres gestantes que se encontraran en estado de desnutrición o riesgo de estarlo.

El último pronunciamiento de la Corte fue el pasado 12 de diciembre cuando tumbó el Decreto 1277 de 2023 que establecía medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible en la región. El decreto pretendía regular las condiciones para el uso, manejo y conservación del agua, además de establecer criterios y medidas para priorizar ciertos usos de dicho recurso. Sobre la protección especial a fuentes hídricas, la Corte decidió darle efectos diferidos a un año —es decir, que se mantienen vigentes desde su expedición hasta el 2 de julio de 2024— así como a tres artículos más que hablaban de algunas medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible, así como su publicidad y vigencia.

Los decretos fueron cayendo uno a uno en el alto tribunal, después de que el pasado 2 de octubre, cuando la Sala Plena echó abajo el decreto 1085 del 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”, señaló que los demás decretos expedidos en el marco de esa emergencia, tendrían, uno a uno, un efecto retroactivo. La Sala tomó esta decisión porque consideró que el decreto no era acorde a la Constitución.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Corte Constitucional tumbó el último decreto que quedaba en pie del paquete de medidas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro para la emergencia económica, social y ecológica declarada en La Guajira a mediados de 2023. Se trata del decreto 1267 de 2023, el cual buscaba implementar medidas para la reactivación del turismo en el departamento.

La medida gubernamental buscaba que la reactivación económica y el turismo fueran un salvavidas para algunas de las problemáticas de ese territorio. Según el decreto se apuntaba a la sostenibilidad, el fortalecimiento de los lugares y los planes estratégicos de inversión. Sin embargo, la orden del alto tribunal tiene efectos inmediatos y llega como consecuencia de que los otros decretos del paquete gubernamental ya habían sido declarados por la Corte como inconstitucionales.

Inicialmente, la Corte echó abajo el decreto madre con el que se estableció la emergencia ambiental en La Guajira. Posteriormente, el alto tribunal se pronunció sobre un paquete de cuatro decretos más, que hablaban sobre recuperar las Salinas Marítimas de Manaure, la modificación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, la protección de la riqueza cultural del pueblo Wayuu y la creación de una institución de educación superior indígena Wayuu. Igualmente, el decreto que buscaba adelantar un piloto de la reforma a la salud en ese departamento.

El 9 de noviembre se sumaron los decretos que hablaban sobre la transición energética en el departamento y las medidas para garantizar el acceso al agua. Finalmente, dos más que hablaban de agricultura, desarrollo rural y de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y su implementación. En diciembre del año pasado, la Corte se pronunció sobre otro más que establecía medidas especiales para la atención de niños y niñas en primera infancia y de madres gestantes que se encontraran en estado de desnutrición o riesgo de estarlo.

El último pronunciamiento de la Corte fue el pasado 12 de diciembre cuando tumbó el Decreto 1277 de 2023 que establecía medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible en la región. El decreto pretendía regular las condiciones para el uso, manejo y conservación del agua, además de establecer criterios y medidas para priorizar ciertos usos de dicho recurso. Sobre la protección especial a fuentes hídricas, la Corte decidió darle efectos diferidos a un año —es decir, que se mantienen vigentes desde su expedición hasta el 2 de julio de 2024— así como a tres artículos más que hablaban de algunas medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible, así como su publicidad y vigencia.

Los decretos fueron cayendo uno a uno en el alto tribunal, después de que el pasado 2 de octubre, cuando la Sala Plena echó abajo el decreto 1085 del 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”, señaló que los demás decretos expedidos en el marco de esa emergencia, tendrían, uno a uno, un efecto retroactivo. La Sala tomó esta decisión porque consideró que el decreto no era acorde a la Constitución.

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