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La Corte Constitucional admitió las demandas que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y un grupo de congresistas del Polo Democrático instauraron en contra de la Ley de Financiamiento, promovida por el gobierno y aprobada en diciembre pasado. Aunque fueron presentadas por separado, el alto tribunal agrupó los expedientes y entrará a estudiar si la iniciativa del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, va en contra de la Constitución.
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La demanda de Jorge Robledo, Alexander López, Wilson Arias, Germán Navas Talero y Jorge Alberto Gómez, miembros del Polo, se une a la presentada por el líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras el pasado 26 de marzo. Los dos textos, aunque con argumentos diferentes, coinciden en que la ley tuvo “vicios de procedimiento en su formación” y, por esto, le piden a la Corte que tumbe toda la norma.
Los congresistas del Polo Democrático le pidieron a la Corte que estudie cuatro presuntas irregularidades en el trámite de la Ley de financiamiento. Vargas Lleras, por su parte, resume los supuestos vicios en el trámite en tres puntos. No obstante, el alto tribunal solo aceptó tres de los siete cargos que presentaron en total las demandas.
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El primero que le fue admitido el exvicepresidente y el único que pasó de los senadores del Polo, es que se habrían vulnerado los principios constitucionales de publicidad y participación democrática mientras la Ley estuvo en el Congreso. Según Vargas Lleras, “debido a la falta de publicación o lectura de la proposición para aprobar los 123 artículos del proyecto de ley en discusión”, la sociedad civil e incluso los mismos congresistas no pudieron participar de fondo en el debate. El argumento fue aprobado por la Corte y lo entrará a estudiar en profundidad.
En la demanda que lideró Jorge Robledo se dice que “los Representantes no pudieron conocer el texto que acogieron al votar la referida proposición, porque la ponencia presentada para el debate en la Plenaria no lo incluía”, pero, además, que “la explicación del contenido de dicho texto por parte del senador David Barguil era insuficiente para lograr la publicidad requerida”. El alto tribunal dio luz verde también a estudiar este cargo, “sin perjuicio de que el mismo pueda llegar a ser estudiado de forma conjunta”.
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La demanda inconstitucionalidad del líder de Cambio Radical señala, a su vez, que cuando la Cámara de Representantes no votó el título de la Ley incurrió en una “omisión sobre uno de los elementos fundamentales” del proyecto. Según dice “lejos de ser un formalismo carente de sentido material” el título de una Ley “concreta elementos valiosos para el orden constitucional”, como su posterior identificación y difusión y su interpretación. La Corte consideró que el argumento era claro, específico y pertinente y entrará a estudiarlo.
El magistrado Carlos Bernal Pulido, en cuyas manos quedó el deber de estudiar las demandas en profundidad, le dio tres días hábiles -contados desde el viernes pasado- a las partes para que corrijan los argumentos no admitidos. Además, le pidió pruebas a las secretarías de Senado y Cámara de los “antecedentes legislativos” del proyecto y de fecha y hora en que se aprobó la iniciativa en las plenarias de ambas corporaciones.
Algunos de los puntos que recoge la reforma —que no fue tramitada como reforma tributaria—, aprobada en menos de una hora en la Cámara de Representantes en diciembre pasado, son los impuestos a los negocios de modelos webcam, el IVA plurifásico para cervezas y gaseosas, impuesto más alto a la renta para quienes ganen más de $40 millones mensuales y sobretasa de 4% de renta al sector financiero. Para evitar una conciliación, debido a que las sesiones extras estaban convocadas hasta ese miércoles, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa tal cual venía de Senado.