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La Corte Constitucional estudiará de fondo una acción de tutela en contra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la que advierte que la entidad incurrió en irregularidades en el Censo que se llevó a cabo a la población afrodescendiente en 2018. El expediente quedó en manos de la magistrada Diana Fajardo quien debe conocer si en efecto como lo dice el documento, el Dane “desapareció al 30 %” de la población.
En la tutela presentada por Ilex Acción Jurídica reposa que “las vulneraciones a los derechos fundamentales de los accionantes y de la población afrocolombiana en general se desprenden de las deficiencias que afectaron la ejecución del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018 (en adelante, censo del 2018) y que dieron lugar a la invisibilidad estadística de una parte significativa de la población afrocolombiana en los resultados de dicho instrumento”.
La invisibilidad estadística, según los tutelantes, consiste en que, de acuerdo con los resultados del censo de 2018, el número de personas afrocolombianas censadas disminuyó de 4′311.757 a 2′982.224 en relación con el censo de 2005, lo que representa una disminución de 30.8% en cuanto al número de personas afrocolombianas contabilizadas respecto al censo anterior realizado 13 años antes.
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“Esta disminución en el número y porcentaje de la población afrocolombiana en el censo de 2018 no corresponde a la realidad numérica o porcentual de la población afrocolombiana en el país, como bien lo reconoce el mismo DANE y, por lo tanto, da lugar a que dicha población sea invisibilizada en las estadísticas oficiales y que no se cuente con datos confiables sobre el número y las condiciones de vida de las personas afrocolombianas”, dijeron los tutelantes.
Los argumentos expuestos en el documento serán conocidos por la magistrada Fajardo junto con el concepto de la Procuraduría General que se sumó a los tutelantes aduciendo que la situación ocurrida en 2018 impide un adecuado diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas con enfoque étnico racial, con miras a atacar la discriminación que han enfrentado por siglos los afrocolombianos.
La Procuraduría enfatizó en la procedencia de la acción de tutela y el deber del Estado colombiano de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos a través de instrumentos como la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial y la Declaración de Durban, que exigen la superación del patrón de invisibilización histórica, a través de cifras fiables que sustenten la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de medidas positivas que permitan medir el avance o retroceso en la garantía de los derechos.
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En su momento, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, explicó que, mientras que en las zonas rurales el autorreconocimiento aumentó, en las zonas urbanas pudo haber problemas de autorreconocimiento debido a fallas a la hora de hacer la pregunta, suposiciones del censista o simplemente que en los “contextos urbanos las personas no quisieron ejercer su derecho de autorreconocimiento”.
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