Corte estudiará tutela de Ciro Guerra contra periodistas por publicar denuncias

Durante la Sala de Selección de Tutela de la Corte Constitucional adelantada esta tarde de manera virtual, el alto tribunal seleccionó para su estudio una acción de tutela que instauró el productor Ciro Guerra contra las periodistas Matilde de los Milagros y Catalina Ruiz-Navarro por las publicaciones que hicieron en la revista Volcánicas, en junio de 2020, en el que denunciaban más de cinco casos de acoso y abuso sexual por parte del cineasta.

Este es el segundo round del director en este caso. En mayo pasado, el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón y le amparó los derechos a la honra y buen nombre que, a juicio de Guerra, se vieron vulnerados con la publicación en la que quedó expuesto como presunto acosador de ocho mujeres con quienes tuvo contacto entre 2013 y 2019. En su momento, el tribunal dijo que hubo afectación a los derechos de Guerra porque no se sustentó con exactitud la verdad de los hechos.

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Para la época, el tribunal ordenó dejar publicado la nota denunciante, pero las comunicadoras debían agregarle información para hacer del reportaje un texto “veraz” e “imparcial”. El despacho judicial consideró que las periodistas estaban obligadas a limitarse a emitir información obtenidas por las fuentes y no agregar juicios de valor en contra del productor. En su momento, la abogada Diana Bejarano, quien defiende los intereses de Catalina Ruiz-Navarro, aseguró que las comunicadoras acatarían en fallo emitido.

La periodista Catalina Ruiz-Navarro, en mayo pasado, en diálogo con este diario, dijo que acatarían el fallo, sin embargo, consideró que resulta ser una directriz adversa a la libertad de expresión. “Esto no es solo un reportaje sobre violencia de género, sino también sobre las garantías que tenemos los y las periodistas para proteger a nuestras fuentes cuando contamos historias en periodismo de investigación. Tenemos a nuestro favor que estas historias son ciertas. Vamos a publicar más información sobre los casos, cuidando para que esta no se revele la identidad de las denunciantes que confiaron en nosotras”, resaltó en su momento.

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La puja sobre este caso que ahora está en manos de la Corte Constitucional fue negada en primera instancia por el Juzgado 5 Penal de Bogotá. En su momento, el despacho judicial consideró que no advertía los perjuicios irremediables contra el director y, además, que tenía otros medios idóneos para hacer valer sus derechos a la honra, buen nombre y presunción de inocencia. Sin embargo, Guerra impugnó la decisión, agregando frases que Ruiz-Navarro y Londoño habrían plasmado en el texto.

Todos los argumentos expuestos tanto en primera como en segunda instancia deberán ser valorados por la magistrada Diana Fajardo, a quien por reparto le correspondió conocer el caso. El alto tribunal seleccionó la tutela al considerar que se debía sentar una nueva línea sobre este tipo de casos. La Corte Constitucional, meses atrás, con ponencia de la magistrada Paola Meneses protegió el denominado escrache, que no es otra cosa que realizar publicaciones de denuncias sexual en redes sociales en el que la identidad del presunto abusador quede al descubierto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Durante la Sala de Selección de Tutela de la Corte Constitucional adelantada esta tarde de manera virtual, el alto tribunal seleccionó para su estudio una acción de tutela que instauró el productor Ciro Guerra contra las periodistas Matilde de los Milagros y Catalina Ruiz-Navarro por las publicaciones que hicieron en la revista Volcánicas, en junio de 2020, en el que denunciaban más de cinco casos de acoso y abuso sexual por parte del cineasta.

Este es el segundo round del director en este caso. En mayo pasado, el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón y le amparó los derechos a la honra y buen nombre que, a juicio de Guerra, se vieron vulnerados con la publicación en la que quedó expuesto como presunto acosador de ocho mujeres con quienes tuvo contacto entre 2013 y 2019. En su momento, el tribunal dijo que hubo afectación a los derechos de Guerra porque no se sustentó con exactitud la verdad de los hechos.

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Para la época, el tribunal ordenó dejar publicado la nota denunciante, pero las comunicadoras debían agregarle información para hacer del reportaje un texto “veraz” e “imparcial”. El despacho judicial consideró que las periodistas estaban obligadas a limitarse a emitir información obtenidas por las fuentes y no agregar juicios de valor en contra del productor. En su momento, la abogada Diana Bejarano, quien defiende los intereses de Catalina Ruiz-Navarro, aseguró que las comunicadoras acatarían en fallo emitido.

La periodista Catalina Ruiz-Navarro, en mayo pasado, en diálogo con este diario, dijo que acatarían el fallo, sin embargo, consideró que resulta ser una directriz adversa a la libertad de expresión. “Esto no es solo un reportaje sobre violencia de género, sino también sobre las garantías que tenemos los y las periodistas para proteger a nuestras fuentes cuando contamos historias en periodismo de investigación. Tenemos a nuestro favor que estas historias son ciertas. Vamos a publicar más información sobre los casos, cuidando para que esta no se revele la identidad de las denunciantes que confiaron en nosotras”, resaltó en su momento.

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La puja sobre este caso que ahora está en manos de la Corte Constitucional fue negada en primera instancia por el Juzgado 5 Penal de Bogotá. En su momento, el despacho judicial consideró que no advertía los perjuicios irremediables contra el director y, además, que tenía otros medios idóneos para hacer valer sus derechos a la honra, buen nombre y presunción de inocencia. Sin embargo, Guerra impugnó la decisión, agregando frases que Ruiz-Navarro y Londoño habrían plasmado en el texto.

Todos los argumentos expuestos tanto en primera como en segunda instancia deberán ser valorados por la magistrada Diana Fajardo, a quien por reparto le correspondió conocer el caso. El alto tribunal seleccionó la tutela al considerar que se debía sentar una nueva línea sobre este tipo de casos. La Corte Constitucional, meses atrás, con ponencia de la magistrada Paola Meneses protegió el denominado escrache, que no es otra cosa que realizar publicaciones de denuncias sexual en redes sociales en el que la identidad del presunto abusador quede al descubierto.

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