Corte IDH condena a Colombia por escándalo “Miti-miti” del gobierno Samper
En el 2000, la Corte Suprema de Justicia sentenció, en única instancia, a 56 meses de prisión a Saulo Arboleda, quien se desempeñaba como ministro de Comunicaciones en el gobierno de Ernesto Samper. En 2002, llevó su caso a la Corte IDH por presunta violación de sus garantías judiciales. Esta es la decisión del tribunal internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este viernes 22 de noviembre la responsabilidad internacional del Estado colombiano en el caso Arboleda Gómez vs. Colombia. La decisión se dio a conocer durante una audiencia virtual, donde la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, determinó que se vulneraron los derechos humanos de Saulo Arboleda Gómez, exministro de Comunicaciones en el gobierno de Ernesto Samper.
En contexto: El Miti-miti llega a la CIDH
El tribunal internacional ordenó al Estado colombiano revisar la condena dictada en única instancia contra Arboleda Gómez, por su presunta participación en el escándalo conocido como ‘el Miti - miti’, el cual se desató en 1997 por una interceptación telefónica ilegal publicada por la prensa.
En el audio se captó una conversación entre Arboleda y Rodrigo Villamizar, entonces ministro de Minas, en la que este último recomendaba adjudicar una emisora en Cali a un conocido y Arboleda aceptó ayudarlo. En su petición a la Corte IDH, el exministro de comunicaciones argumentaba que su condena perdió sustento tras la absolución de Villamizar, quien fue sobreseído por la misma Corte Suprema de Justicia.
“En primer lugar, la legislación colombiana no establecía el derecho a recurrir el fallo de los ‘aforados constitucionales’; y en segundo lugar, las autoridades judiciales no garantizaron este derecho por medio de los recursos existentes”, explicó el tribunal internacional.
Con esta decisión, la Corte Suprema deberá reexaminar el fallo emitido en el año 2000, cuando Arboleda fue condenado por “interés ilícito en la celebración de contratos”. La sentencia se produjo en un juicio de única instancia, lo que le impidió acceder a recursos para impugnar el fallo, configurando una violación a las garantías procesales.
Aunque la Corte IDH reconoció que Colombia ha implementado reformas legales como el Acto Legislativo 01 de 2018, que garantiza a los altos funcionarios la posibilidad de apelar decisiones judiciales, señaló que estas medidas no se aplicaron en el caso de Arboleda Gómez, lo que dejó su condena sin revisión.
En su fallo, el tribunal ordenó reparaciones al exministro, pero rechazó la mayor parte de sus pretensiones. Arboleda había solicitado más de 1,2 millones de dólares en compensación, pero la Corte solo le otorgó 10.000 dólares por daños inmateriales y determinó que la publicación de la sentencia es suficiente como medida de reparación simbólica. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aceptó la decisión y reiteró su compromiso de acatar las órdenes del tribunal internacional.
El escándalo del ‘Miti - miti’
El 17 de agosto de 1997, una interceptación telefónica ilegal desató este escándalo del gobierno Samper. La grabación, publicada por la prensa, captó una conversación entre Rodrigo Villamizar, entonces ministro de Minas, y Saulo Arboleda, ministro de Comunicaciones, en la que Villamizar recomendaba adjudicar una emisora en Cali a un conocido. Arboleda aceptó ayudarlo.
En ese momento, el Ministerio de Comunicaciones debía adjudicar 100 frecuencias de radio en FM entre 679 propuestas. La Procuraduría había advertido que el desempate por sorteo no era válido y que la licitación debía declararse desierta para proceder con la contratación directa. Siguiendo esta recomendación, Arboleda adjudicó directamente 81 frecuencias, incluida la emisora recomendada.
El 24 de julio de 1997, Arboleda tomó la decisión, pero semanas después la revista Semana reveló la conversación telefónica entre los ministros, desatando un escándalo nacional. La frase “miti para amigos del Presidente y miti para otros” se convirtió en tema de debate durante los últimos meses del gobierno de Ernesto Samper.
A las 24 horas de la publicación, Villamizar y Arboleda renunciaron. La Procuraduría y la Fiscalía abrieron investigaciones, y la entrega de la emisora en cuestión fue anulada. En agosto de 1998, el fiscal Alfonso Gómez Méndez ordenó la captura de ambos exministros por interés ilícito en la celebración de contratos. Villamizar fue acusado de incidir en la decisión y Arboleda de ejecutarla.
En enero de 1999, la Procuraduría multó a ambos con 90 días de salario. Ante el juicio público, Arboleda cuestionó por qué solo él y Villamizar estaban siendo procesados, mientras otros que también hicieron recomendaciones quedaban fuera del caso. Incluso mencionó que el propio fiscal Gómez Méndez había recomendado emisoras en Chaparral (Tolima), antes de ser nombrado fiscal.
Relacionado: ‘Miti’ condenado y ‘miti’ absuelto
El vicefiscal Jaime Córdoba Triviño respondió que las recomendaciones provenientes de funcionarios públicos constituían delito. Con esta base, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en mayo de 1999. Sin embargo, el 14 de ese mes, la Corte declaró que no tenía competencia para juzgar a Villamizar porque el caso no estaba relacionado con sus funciones como ministro. Su proceso pasó a un juez penal con doble instancia, mientras que Arboleda continuó siendo procesado por la Corte en única instancia.
Villamizar fue liberado y abandonó el país, mientras Arboleda enfrentaba el juicio. Finalmente, el 25 de octubre de 2000, la Corte Suprema condenó a Saulo Arboleda a 54 meses de prisión por interés ilícito en la celebración de contratos, marcando un temporal cierre del escándalo, hasta ahora que la Corte IDH falló a favor de Arboleda.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este viernes 22 de noviembre la responsabilidad internacional del Estado colombiano en el caso Arboleda Gómez vs. Colombia. La decisión se dio a conocer durante una audiencia virtual, donde la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, determinó que se vulneraron los derechos humanos de Saulo Arboleda Gómez, exministro de Comunicaciones en el gobierno de Ernesto Samper.
En contexto: El Miti-miti llega a la CIDH
El tribunal internacional ordenó al Estado colombiano revisar la condena dictada en única instancia contra Arboleda Gómez, por su presunta participación en el escándalo conocido como ‘el Miti - miti’, el cual se desató en 1997 por una interceptación telefónica ilegal publicada por la prensa.
En el audio se captó una conversación entre Arboleda y Rodrigo Villamizar, entonces ministro de Minas, en la que este último recomendaba adjudicar una emisora en Cali a un conocido y Arboleda aceptó ayudarlo. En su petición a la Corte IDH, el exministro de comunicaciones argumentaba que su condena perdió sustento tras la absolución de Villamizar, quien fue sobreseído por la misma Corte Suprema de Justicia.
“En primer lugar, la legislación colombiana no establecía el derecho a recurrir el fallo de los ‘aforados constitucionales’; y en segundo lugar, las autoridades judiciales no garantizaron este derecho por medio de los recursos existentes”, explicó el tribunal internacional.
Con esta decisión, la Corte Suprema deberá reexaminar el fallo emitido en el año 2000, cuando Arboleda fue condenado por “interés ilícito en la celebración de contratos”. La sentencia se produjo en un juicio de única instancia, lo que le impidió acceder a recursos para impugnar el fallo, configurando una violación a las garantías procesales.
Aunque la Corte IDH reconoció que Colombia ha implementado reformas legales como el Acto Legislativo 01 de 2018, que garantiza a los altos funcionarios la posibilidad de apelar decisiones judiciales, señaló que estas medidas no se aplicaron en el caso de Arboleda Gómez, lo que dejó su condena sin revisión.
En su fallo, el tribunal ordenó reparaciones al exministro, pero rechazó la mayor parte de sus pretensiones. Arboleda había solicitado más de 1,2 millones de dólares en compensación, pero la Corte solo le otorgó 10.000 dólares por daños inmateriales y determinó que la publicación de la sentencia es suficiente como medida de reparación simbólica. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aceptó la decisión y reiteró su compromiso de acatar las órdenes del tribunal internacional.
El escándalo del ‘Miti - miti’
El 17 de agosto de 1997, una interceptación telefónica ilegal desató este escándalo del gobierno Samper. La grabación, publicada por la prensa, captó una conversación entre Rodrigo Villamizar, entonces ministro de Minas, y Saulo Arboleda, ministro de Comunicaciones, en la que Villamizar recomendaba adjudicar una emisora en Cali a un conocido. Arboleda aceptó ayudarlo.
En ese momento, el Ministerio de Comunicaciones debía adjudicar 100 frecuencias de radio en FM entre 679 propuestas. La Procuraduría había advertido que el desempate por sorteo no era válido y que la licitación debía declararse desierta para proceder con la contratación directa. Siguiendo esta recomendación, Arboleda adjudicó directamente 81 frecuencias, incluida la emisora recomendada.
El 24 de julio de 1997, Arboleda tomó la decisión, pero semanas después la revista Semana reveló la conversación telefónica entre los ministros, desatando un escándalo nacional. La frase “miti para amigos del Presidente y miti para otros” se convirtió en tema de debate durante los últimos meses del gobierno de Ernesto Samper.
A las 24 horas de la publicación, Villamizar y Arboleda renunciaron. La Procuraduría y la Fiscalía abrieron investigaciones, y la entrega de la emisora en cuestión fue anulada. En agosto de 1998, el fiscal Alfonso Gómez Méndez ordenó la captura de ambos exministros por interés ilícito en la celebración de contratos. Villamizar fue acusado de incidir en la decisión y Arboleda de ejecutarla.
En enero de 1999, la Procuraduría multó a ambos con 90 días de salario. Ante el juicio público, Arboleda cuestionó por qué solo él y Villamizar estaban siendo procesados, mientras otros que también hicieron recomendaciones quedaban fuera del caso. Incluso mencionó que el propio fiscal Gómez Méndez había recomendado emisoras en Chaparral (Tolima), antes de ser nombrado fiscal.
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Villamizar fue liberado y abandonó el país, mientras Arboleda enfrentaba el juicio. Finalmente, el 25 de octubre de 2000, la Corte Suprema condenó a Saulo Arboleda a 54 meses de prisión por interés ilícito en la celebración de contratos, marcando un temporal cierre del escándalo, hasta ahora que la Corte IDH falló a favor de Arboleda.
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