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La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por los abusos que se cometieron durante las operaciones militares con las que se buscó recuperar el control de la Comuna 13 en Medellín en el año 2002. Cinco casos de mujeres defensoras de derechos humanos que fueron detenidas ilegalmente, desplazadas y una de ellas asesinada fueron los expedientes que analizó la Corte IDH, que determinó que el Estado, desde sus distintos organismos como el Ejército, violó sus derechos fundamentales. Así lo dice en una sentencia que acaba de conocer El Espectador.
Se trata de las líderes Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, María del Socorro Mosquera Londoño y Ana Teresa Yarce. Las dos primeras fueron amenazadas, hostigadas, sufrieron allanamientos y ocupación de sus viviendas y, consecuentemente, fueron obligadas a desplazarse”, dice la Corte IDH. Las otras tres fueron “privadas arbitrariamente de su libertad, obligadas a desplazarse y tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública en la zona, fue asesinada la señora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004”, agregó el tribunal internacional.
Todo sucedió en el año 2002, época en la que Andrés Pastrana daba sus últimos golpes después de haber terminado la zona de distensión y que Álvaro Uribe Vélez entró a la Presidencia declaró el estado de conmoción interior. Uribe, entonces, decidió recuperar zonas que consideraba que estaban bajo el control de grupos guerrilleros. En el caso de la Comuna 13, donde vivían las defensoras de derechos humanos, se desarrollaba una guerra entre milicias de las Farc, el Eln, y el bloque Cacique Nutibara de los paramilitares para tomar el poder en la zona. Fue entonces que se dio vida a una serie de operativos militares que dejaron una larga estela de graves violaciones de derechos humanos.
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La primera intervención se hizo el 21 de mayo de 2002 con la Operación Mariscal, cuando Pastrana era presidente. Luego vino en junio la Operación Potestad. En agosto esta última cambió el nombre a Operación Antorcha y finalmente se ordenó la intervención más fuerte y recordada en la Comuna 13: Orión, que se llevó a cabo entre el 16 y 22 de octubre de ese mismo año. Se trató de una gran operación militar en las que, además del Ejército, participaron la Policía, el DAS y la Fiscalía. Sin embargo, en diversas investigaciones de la justicia colombiana se ha señalado que la Fuerza Pública contó con la ayuda de grupos paramilitares que operaban en la zona al ejecutar operaciones como Orión.
La Corte IDH tomó apartes de la investigación que realizó el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la Comuna 13, “La huella invisible de la guerra”, en la que se documentaron una serie de asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y acciones contra la población civil. Fue un despliegue militar nunca antes visto en una ciudad colombiana, pero sus resultados no lograron acabar con la ilegalidad en la zona, pues los paramilitares continuaban ejerciendo un dominio territorial pese a la presencia de las Fuerzas Armadas. Las amenazas, enfrentamientos, desapariciones y homicidios crecieron exponencialmente, al punto que las cifras de familias víctimas de desplazamiento intraurbano aumentaron.
“Concretamente, durante 2002, más de 1.200 personas se desplazaron de la Comuna 13, siendo dicho año en el que más personas se vieron forzadas a abandonarla, tomando en consideración un período de 17 años, desde 1982 a 2009”, se lee en el fallo de la Corte IDH. Además, se hace referencia a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las defensoras de derechos humanos en ese entonces, pues eran las principales víctimas de los hostigamientos y agresiones que se evidenciaron. Las mujeres no solo resultaban afectadas, también lo fueron sus hijos y parejas.
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Así sucedió con el caso de las cinco líderes, a quienes las desplazaron y amenazaron a sus familias. Ellas participaban en la Asociación de Mujeres de las Independencias, en las que realizaban trabajos de violencia de género en la Comuna 13. Asimismo, trabajan en las Juntas de Acción Comunal, convirtiéndolas en referentes políticos y objetivos militares de los grupos paramilitares que querían ejercer control en la zona. En pocas palabras, eran un obstáculo para los intereses de las autodefensas, quienes las incluyeron en sus infames “listas negras”.
La Corte IDH responsabilizó al Estado por no garantizar el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad, a la protección de la familia, a la honra y dignidad, a la circulación y residencia, a la libertad de asociación, y al derecho de tener garantías y protección judicial. Sin embargo, el tribunal internacional especificó que no en todos los casos hubo responsabilidad del Estado, pues algunos de los hechos fueron investigados y los responsables, condenados.
Este caso llegó al sistema interamericano por petición del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos el 27 de octubre de 2004, el mismo que manejó los procesos de Jesús María Valle y las masacres de Ituango. Doce años después, el tribunal interamericano ordenó la reparación de las cinco mujeres y sus familias por los daños ocasionados durante las intervenciones militares en la Comuna 13 de Medellín. Además, se trata del primer fallo en el que se responsabiliza al Estado por los excesos de fuerza y violaciones a derechos humanos que se cometieron durante estas intervenciones de la Fuerza Pública, especialmente, durante la Operación Orión.
(Si le interesa leer el fallo, lo puede encontrar aquí)