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La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la empresa El Cerrejón revisar el Plan de Manejo Ambiental frente a los impactos que está causando la actividad minera en el departamento de La Guajira. El alto tribunal consideró que la explotación de carbón a cielo abierto está afectando la salud de los pobladores.
En un extenso fallo la Corte Constitucional considera necesario que se revise la situación y si es necesario modificar, suspender o cancelar la licencia ambiental otorgada al proyecto ‘Expansión de Puerto Bolívar’ en los municipios de Hatonuevo, Barrancasy Maicao en el departamento de La Guajira. La decisión se tomó tras resolver una acción de tutela presentada por la comunidad indígena Media Luna Dos.
En la acción judicial analizada por la Corte Constitucional se considera que las actividades mineras desarrolladas en la zona están afectando a los pobladores, por lo que se ordenó una consulta previa para determinar la continuidad del citado proyecto minero que es ejecutado por la empresa El Cerrejón S.A.
“Para esta Sala, la contaminación que la empresa del Cerrejón está causando en La Guajira es identificable, razón por la cual se hacen visibles las circunstancias que justifican la revisión del Plan del Manejo Ambiental competente, y en consecuencia, de la vigencia o no de la licencia ambiental para la explotación de carbón por parte del Cerrejón”, señala la Corte.
En este punto se considera que pese a que las autoridades mineras entregaron los respectivos títulos a la empresa la verdad es que el impacto en la sociedad son casi devastadores debido a los niveles de contaminación por la explotación del mineral por parte de la multinacional. Por lo que se dieron instrucciones para proteger a los pobladores y al territorio de cualquier daño.
“En esa revisión se deberá analizar si el Plan de Manejo Ambiental Vigente es suficiente para hacer frente a la contaminación que se produce por la explotación de carbón y, de haber lugar, modificar, suspender o cancelar la licencia ambiental otorgada al proyecto”, concluye el alto tribunal.