Corte pediría revisar extradición

Ni más ni menos que renegociar el tratado de extradición. Esa es la conclusión parcial de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en las últimas semanas han venido madurando la idea en reuniones confidenciales bajo una consigna clara y en consonancia con parámetros internacionales: otorgarles un lugar privilegiado a las miles de víctimas de la violencia en Colombia y evitar que bajo la excusa del narcotráfico se sigan extraditando verdades a los Estados Unidos.

El Espectador pudo establecer que por ahora se han ventilado cuatro propuestas en la Corte con el objetivo de revisar los términos del tratado de extradición para garantizar la verdad, justicia y reparación de más de 300 mil víctimas de la barbarie paramilitar y otras tantas de los grupos guerrilleros. En esencia, se han abordado temáticas como la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), los delitos de lesa humanidad y hasta el uso de las polémicas siete bases militares en Colombia en las que haría presencia personal norteamericano.

En ese sentido, la propuesta que hoy se discute en la Corte y que sería enviada al Gobierno contempla determinar taxativamente un listado de delitos en donde se excluyan los de lesa humanidad, que violen el Derecho Internacional Humanitario o que sean propios del trámite de la Ley de Justicia y Paz. En dichos casos no se podría avalar la extradición del victimario hasta tanto no se configuren procesos judiciales que permitan avanzar en el esclarecimiento de verdades para reparar a las víctimas. De la misma manera, la Corte pediría que se reconozca la jurisdicción y competencia de la CPI en lo que tiene que ver con la cooperación judicial entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Pero quizá la idea que más revuelo promete causar es aquella en la que se plantea que si un narcotraficante tiene cuentas pendientes con la justicia gringa, pero aún no ha confesado sus verdades en los expedientes colombianos ni ha reparado a las víctimas, en vez de negar su extradición, la propuesta es que sea recluido en una de las siete bases militares con presencia de EE.UU. mientras resuelve sus penas en Colombia. De esta forma se evitaría la impunidad que ronda en tantos procesos por cuenta del envío de capos al extranjero. La tesis de la Corte es sencilla: sus líos judiciales primero los pagan acá.

La última propuesta de las bases militares es la más avezada de todas y en criterio de algunos magistrados consultados por este diario, aunque los narcos estarían en unas bases donde la jurisdicción recae sobre Estados Unidos, en cualquier momento y en virtud del avance de cualquier expediente fiscales, jueces o víctimas tendrían un acceso más fluido y mayores garantías en los procesos. Todo lo contrario a lo que ocurre hoy en cientos de expedientes que quedaron en el limbo o avanzan a paso de babosa por cuenta de la extradición de 15 ex jefes de las autodefensas y narcos colados que, el 13 de mayo de 2008, fueron recluidos en prisiones federales de EE.UU.

El propio Salvatore Mancuso, durante el juicio al ex director del DAS Jorge Noguera, en videoconferencia desde su sitio de reclusión, la semana pasada fue enfático al afirmar que no ha habido acuerdos claros de cooperación entre Colombia y Estados Unidos para garantizar que los comandantes de las autodefensas le sigan contando al país los secretos de dos décadas de crímenes que en muchos casos fueron auspiciados e instigados por agentes del Estado. "A mí me extraditaron para silenciarme", dijo el ex comandante del Bloque Catatumbo, que antes de ser enviado al país del norte había reconocido casi 5.000 crímenes de sus hombres.

Hace una semana el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, ya había dado pistas sobre una eventual renegociación del tratado de extradición. Desde Pasca (Cundinamarca), el diplomático recalcó que se están buscando mecanismos para que la justicia colombiana, al tiempo que procesa a los extraditables, garantice la justicia y la reparación a todas sus víctimas. Su pronunciamiento se dio en virtud de una pregunta sobre la negativa de la Corte Suprema de extraditar al narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. "Estamos haciendo una revisión (de los acuerdos), hemos concluido que tenemos que hacer unos ajustes tanto en mi país como en la Fiscalía", relató Brownfield.

Y además anunció que en las próximas semanas su país dará a conocer nuevas herramientas de cooperación que siembren confianza en las autoridades colombianas para evitar la crítica de siempre: que la extradición es sinónimo de impunidad en Colombia. Por ejemplo, Salvatore Mancuso desde Estados Unidos contó que la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y la ex funcionaria de inteligencia Marta Leal estuvieron detrás de un complot para desacreditar al magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez. La conspiración se selló en septiembre de 2007, curiosamente el mismo mes en el que se llamó a indagatoria al influyente senador antioqueño Mario Uribe.

"Los detalles del complot los tiene Juan Carlos El Tuso Sierra", declaró Mancuso en relación con el caso Tasmania. La Corte Suprema y la Fiscalía esperan que el testimonio de Sierra pueda ser tomado pronto por sus delegados, pero de nuevo todo depende de las autorizaciones del Gobierno y la justicia norteamericana, en donde es procesado El Tuso Sierra por delitos de narcotráfico. Asimismo, como lo reveló El Espectador hace pocas semanas, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, le propuso a la Corte Suprema muchas verdades a cambio de que el Gobierno de EE.UU. le otorgue beneficios procesales. Es decir, está dispuesto a encender el ventilador a cambio de rebajas en su pena. Con la ventaja de que sus víctimas se enterarían de su propia boca de su barbarie.

Propuestas como ésta, así como el reclamo de las víctimas del narcoparamilitarismo, hicieron caer en la cuenta a la Corte de que las verdades tienen que quedarse en Colombia y que la justicia no puede entregarse a un mandato extranjero en virtud de un tratado de extradición. Por ahora, sin mucho bombo avanzan las conversaciones para afinar los detalles de la propuesta. Las víctimas reclaman los testimonios de los verdugos para cerrar sus heridas. La Corte secunda esta propuesta.