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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de abrir una indagación previa en contra de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, por su presunta participación en el entramado de corrupción que desangró la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). El caso de Peralta llegó hace dos semanas a la Corte tras una compulsa de copias que hizo la Fiscalía.
Las pesquisas en contra de Peralta estarán a cargo de la magistrada Cristina Lombana, quien desde julio del año pasado también adelanta averiguaciones sobre la supuesta participación de Julio Elías Chagüi Florez en el caso de corrupción. La compulsa de copias en el caso de la senadora fue acumulado junto con el de Cagüi.
Asimismo, la magistrada Lombana citó para el próximo 4 de abril al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien pidió ser escuchado en el caso en contra de los dos congresistas. Por ahora, las pesquisas que adelante la magistrada Lombana será sobre la relación que haya podido tener Peralta con la corrupción en la Ungrd y así determinar si hay pruebas suficientes para abrir una investigación formal contra la senadora.
Por su parte, las indagaciones en contra de Chagüi Flórez son por presuntamente haber actuado en representación de nueve congresistas de la Comisión Primera del Senado en el direccionamiento irregular de contratos públicos.
El senador habría tenido comunicación con Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Ungrd, para coordinar las operaciones de contratación. También se habría reunido en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, como el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Chagüi Flórez no es el único congresista salpicado por las declaraciones y confesiones que han llegado a la Fiscalía en el caso de la Ungrd. Otros seis funcionarios fueron mencionados por López de haber ayudado a destrabar las reformas de Petro en el Congreso, a cambio de gestionar conceptos de operaciones de crédito público emitidos por el Ministerio de Hacienda, entonces a la cabeza del exministro Ricardo Bonilla.
Los presuntos implicados, quienes hacían parte de la Comisión de Crédito Público, son los congresistas Karen Manrique (representante por las curules de paz), Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde.
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