El exgobernador encargado de Magdalena entre el 26 de junio y el 31 de diciembre de 2007, Francisco José Infante, fue absuelto por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dentro de una investigación por contratación irregular, para adquirir bibliotecas para los estudiantes de ese departamento.
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Infante fue acusado por la Fiscalía como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por presuntas irregularidades que cometió en la suscripción de los contratos 346 y 347 del 23 de octubre de 2007, celebrados con la Fundación Instituto Baldo para el Desarrollo de las Organizaciones y cuyo objetivo era adquirir bibliotecas para los estudiantes de las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento.
Pero la Sala de la Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente al concluir que si bien hubo irregularidades en la etapa precontractual y contractual, las pruebas que se presentaron durante el proceso demostraron que el gobernador suscribió los contratos amparado en el principio de confianza en el trabajo de sus subordinados, quienes participaron previamente en esos trámites, dieron su visto bueno y no advirtieron ninguna irregularidad.
“Si bien se cometieron algunas irregularidades en el trámite contractual, no es posible avalar la postura de la Fiscalía cuando pregona la responsabilidad penal de Infante basada en que como representante legal de la Gobernación del Magdalena, conoció cada una de ellas y, pese a ello, no desplegó actuación alguna dirigida a impedir los resultados ilícitos que de ellas se derivaron, en cuanto hay pruebas que denotan que actuó amparado en el principio de confianza y ejerció tal control y vigilancia sobre sus dependientes, sin que medie evidencia de haber sido informado de alguna anomalía en el trámite contractual”, señala la sentencia.
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Además, la Corte determinó que el exgobernador encargado cumplió con los deberes de vigilancia le eran exigibles, lo cual impide endilgarle los defectos de los contratos y la afectación patrimonial. La Sala también tuvo en cuenta que las actuaciones del gobernador siempre estuvieron asesoradas por la Oficina Jurídica del Departamento.
“Todo lo anterior permite concluir que el enjuiciado no quebrantó el principio de responsabilidad, pues, pese a su escaso conocimiento en asuntos de contratación estatal, realizó una serie de actividades tendientes a asegurar que los trámites se adelantaran conforme a las disposiciones legales”, concluyó la Corte.
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Francisco José Infante fue condenado el pasado mes de agosto a cuatro años y cuatro meses de prisión por irregularidades en contratos del departamento para la construcción de una piscina olímpica en Santa Marta, los cuales terminaron convertidos en obras inconclusas y abandonadas. Por estos mismos hechos fue sentenciado el exgobernador de ese departamento Ómar Ricardo Diazgranados a 11 años, ocho meses y 21 días de prisión.
La investigación se remonta a 2007. Para esa fecha, Francisco José Infante, siendo gobernador encargado del Magdalena, tramitó el contrato 363 de 2007 con la empresa Unión Temporal Vala Ingeniería, con el fin de ejecutar obras para la adecuación y reparación de la piscina olímpica José Benito Vives de Andreis, de la ciudad de Santa Marta. Ese contrato fue suscrito sin que se cumplieran los requisitos legales, el 9 de noviembre de ese año, por un valor superior a los $259 millones.
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Es decir, según la investigación, se adelantó sin que se tuviera una licencia de construcción, sin contar con estudios, diseños y presupuesto, y con un fraccionamiento del contrato. También se realizó sin hacer una licitación, incurrió en inconsistencias en el manejo de los anticipos y las obras ejecutadas finalmente no sirvieron. Lo poco que se construyó de la piscina olímpica terminó deteriorado y tuvo que ser demolido.
La investigación también reveló que cuando Ómar Ricardo Diazgranados fue elegido gobernador del departamento del Magdalena (cargo que ejerció desde enero de 2008 hasta diciembre de 2010), no le puso atención a esas irregularidades, sino que cambió el objeto del contrato y autorizó el pago del valor total de este, a pesar de que la obra nunca se terminó.
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