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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema acusó al exsenador Antonio José Correa por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos relacionados en la construcción de cánchas sintéticas en municipios de Bolívar y Córdoba.
Los hechos por los cuales fue acusado tienen que ver con la suscripción de convenios interadministrativos de los municipios de El Peñón (Bolívar) y Santa Cruz de Lorica (Córdoba) con Coldeportes, los cuales tuvieron origen en los denominados cupos indicativos.
La Sala encontró que presuntamente conformó una red de corrupción para adjudicar esos contratos, haciendo exigencias de dinero a los contratistas, sumas que habrían sido entregadas al congresista Correa Jiménez. Dentro de la investigación se expone que el entonces senador habría exigido el 12 por ciento del valor de los contratos.
La acusación señala que presuntamente se habría concertado con funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo, de Coldeportes, alcaldes, entre otros involucrados.
La testigo contra Correa
Se trata de Mariela Trujillo Buelvas, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del político cartagenero, condenada por su participación en estos hechos de corrupción. En julio de 2018, cuando la mano derecha del entonces senador fue capturada, no tardó mucho en aceptar cargos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Luego de un año de negociaciones con la Fiscalía, el 6 de mayo pasado, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez (nueve días antes de renunciar a su cargo), dio luz verde a un principio de oportunidad pactado con Trujillo Buelvas, en el que la mujer se comprometió a testificar contra el exsenador ante la Corte Suprema de Justicia.
El ente investigador le pidió en julio del año pasado a la Corte que investigara a Correa por “direccionar” cupos indicativos (asignación de recursos del erario a parlamentarios para obras públicas) en un contrato con la alcaldía de El Peñón (Bolívar) a cambio de un soborno.
Trujillo Buelvas entregó detalles sobre el cuestionado contrato, firmado en noviembre de 2017 por cerca de $3.500 millones entre el entonces alcalde de El Peñón, Arling Arias (quien ya aceptó cargos) y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética de fútbol 11.
Este municipio, ubicado en la ribera del río Magdalena, carece de vías de acceso terrestre —solo se puede llegar en ferry—, líneas de acueducto y centros médicos. En 2018, su presupuesto anual fue de $11.000 millones. Para la construcción de la cancha se destinó el equivalente al 31 % de esos recursos.
El exsenador habría recibido cerca de $420 millones, pues habría sido el encargado de que se asignara el cupo indicativo necesario para la financiación del proyecto. Trujillo Buelvas, de 53 años, le contó al ente investigador otro episodio similar al de la construcción de la cancha sintética en El Peñón y en el que también, aparentemente, se repartieron coimas, según la testigo.
En 2017, la alcaldía de Santa Cruz de Lorica y Coldeportes suscribieron un contrato por $1.566 millones por la construcción de tres canchas sintéticas. La extrabajadora de la UTL de Correa señaló que esta asignación del cupo indicativo “fue tramitado bajo el mismo modus operandi ilegal”.
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