Corte Suprema cierra investigación a Álvaro Uribe por tráfico de influencias

Expresidente y jefe del Centro Democrático se reunió en Bogotá con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Foto: Óscar Pérez

La Corte Suprema de Justicia acaba de inhibirse de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de tráfico de influencias, por un expediente iniciado por Javier de Jesús Uchima, gobernador del resguardo colonial Cañamomo Lomapiedra de Caldas. La autoridad indígena consideró que Uribe Vélez había cometido un delito cuando, en 2019, cuando era Senador, llamó directamente a la entonces directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y le solicitó intervenir en un caso particular de disputa de territorio.

Lea: Álvaro Uribe pide cambiar al fiscal que lleva su caso; dice que no le ofrece garantías

El 13 de marzo de 2019, en el marco de una convención del Centro Democrático en Manizales, Uribe Vélez fue grabado llamado al teléfono celular de la exdirectora Miryam Martínez, solicitándole que ayudara a los “pequeños propietarios” del municipio de Riosucio (Caldas). En esa zona, hay una disputa territorial que la ANT debe resolver, delimitando con precisión los linderos de varios resguardos indígenas ubicados junto a propiedades privadas de particulares que tampoco quieren perder sus terrenos.

Los cuatro resguardos que solicitan delimitación clara por parte del Estado, entre ellos el de Cañamomo Lomapiedra, explican que Colombia debe reconocerle títulos coloniales que datan de los años 1.600 y que, incluso, han puesto en conocimiento de la Unidad de Restitución de Tierras. La disputa territorial es de tal magnitud y complejidad que la Corte Constitucional, en 2016, le ordenó a la ANT priorizar el proceso de delimitación y titulación de tierras para los indígenas, una situación que, ocho años después, no ha ocurrido.

Le puede interesar: Capturan hombre con circular roja de Interpol que habría raptado a menor de edad

En la llamada, Uribe Vélez le dijo a la exdirectora Martínez, alta funcionaria del gobierno del uribista Iván Duque, lo siguiente: “Nosotros no queremos unas confrontaciones. Simplemente, yo creo que el gobierno, y yo se los he dicho mucho en el Cauca, hombre, el gobierno le puede ayudar a los indígenas con esa cantidad de tierra que tienen en el Cauca para que la pongan a producir. Nadie quiere hacerles mal, pero que dejen de desalojar al resto de la gente que también tiene derecho a trabajar”.

Según la denuncia contra el expresidente, el presunto tráfico de influencias se habría consumado, por cuanto Uribe Vélez tuvo respuesta por parte de la alta funcionaria, la cual se reunió los días siguientes con alfiles del uribismo en Caldas, como Carlos Felipe Mejía y Luis Fernando Gómez. La denuncia agregó que “el asunto de tierras en Riosucio, departamento de Caldas, se convirtió en materia electoral de Álvaro Uribe Vélez, y lo capitalizó para ganar votos en favor de su partido”, se lee en el expediente.

Sin embargo, la Sala de Instrucción, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, concluyó que no se le puede endilgar este delito a Uribe Vélez, por cuanto no hay prueba que determine que intentaba favorecer intereses individuales o de candidatos del Centro Democrático. Además, porque la Ley establece que los miembros del Senado y la Cámara no incurrirán en ese delito cuando intervengan ante un servidor público, como la exdirectora Martínez, siempre y cuando lo hagan en favor de la comunidad o una región.

Lea: Presidente Petro no tendrá que pagar millonaria sanción por modelo de basuras

“En el presente caso, se observa que Álvaro Uribe Vélez, en su condición de Senador de la República, estableció una comunicación con la directora de la Agencia Nacional de Tierras, buscando única y exclusivamente atención para un sector de la población de Riosucio, pequeños propietarios, sin nexos con el Resguardo Cañamomo Lomaprieta, inmersos en un conflicto social referente a la propiedad de la tierra en esa localidad”, concluyó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Y agregó: “No es posible pasar por alto tampoco, como dato relevante, que el conflicto entre pequeños propietarios de Riosucio y el Cabildo Indígena involucrado en el mismo, se encuentra en la jurisdicción de restitución de tierras, motivo por el cual la decisión final en torno al asunto no es del resorte de un ente gubernamental como la agencia Nacional de Tierras, sino de los organismos jurisdiccionales investidos de la autonomía e independencia que le confieren la Constitución y la ley”.

La respuesta de la comunidad

El abogado Germán Romero, de la Asociación Red de Defensores y Defensoras dH Colombia, representante de la comunidad del Resguardo Cañamomo Lomapiedra, interpuso un recurso de reposición con el objetivo de mantener la investigación viva. En el documento conocido por El Espectador, la defensa pone de presente que la Sala pudo haber valorado otras pruebas tales como que Uribe Vélez dijo en la llamada que buscaba recomendarle a la ANT “estos compañeros”, lo que pudo tomarse como una referencia a miembros del Centro Democrático.

Asimismo, que la exdirectora Martínez, en su declaración a la Corte, explicó que de ella no correspondía tomar decisiones con respecto a los resguardos, pues esa era tarea de sus directores técnicos territoriales. No obstante, en el trámite de la solicitud, Martínez pidió que le allegaran una lista de casos particulares y se comprometió púbicamente a tomar medidas. También explica que, a la final, la ANT no tomó ninguna decisión de peso, lo cual significó, al mismo tiempo, que se desconociera las órdenes de la Corte Constitucional.

De otro lado, dH Colombia reprocha que la mayoría de los testigos fueron subordinados del Centro Democrático. “Lo que trasciende al presente caso y que debe ser investigado como marco de la conducta de tráfico de influencias, no es un conflicto agrario entre comunidades: es la apropiación progresiva del territorio indígena por parte explotadores de minerales, con capacidad de poder y militantes del partido político Centro Democrático, pues pudieron acceder al más importante congresista del partido de gobierno y a la titular de la entidad (Martínez) que debe sanear ese problema rural/minero”, se lee en el recurso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.