Corte Suprema condena a alfil del gobierno Uribe por el caso de la Yidispolítica

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a cinco años y medio de cárcel por su participación en el llamado caso de la Yidispolítica. Además, el exalfil del gobierno Uribe deberá pagar una multa y no podrá ejercer cargos públicos durante 82 meses.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a cinco años y medio de cárcel por su participación en el llamado caso de la Yidispolítica. Además, el exalfil del gobierno Uribe deberá pagar una multa y no podrá ejercer cargos públicos durante 82 meses.

Según el alto tribunal, Moreno Villegas es culpable del delito de tráfico de influencias. Para la Corte, es claro que el funcionario de confianza del expresidente Uribe tuvo un rol clave en la “consumación de algunos de los compromisos adquiridos por quienes intervinieron” en la compra del voto de la excongresista Yidis Medina. Todo, dice el fallo, en el contexto del escándalo de los puestos que funcionarios del Gobierno Uribe le otorgaron a varias personas cercanas a Medina, a cambio de su voto favorable al proyecto de reelección que finalmente se aprobó y le dio a Uribe un segundo mandato entre 2006 y 2010.

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Lo que encontró la Sala Especial de Primera Instancia es que Moreno Villegas se valió de su cargo para nombrar a personas cercanas a la entonces senadora en cargos regionales de entidades públicas: desde Acción Social hasta notarías. Para la Corte, todo se trató de un “pacto ilegal” para conseguir el voto de Medina para que la reelección fuera una realidad en el país. De acuerdo con el alto tribunal, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia se aprovechó de su alto cargo, pese a que “sabía que una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos”.

“Es evidente que la gestión de Moreno Villegas constituye la culminación del objetivo del entonces gobierno nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata, pues como integrante de la administración se beneficiaba con un segundo periodo presidencial como en efecto ocurrió”, dice la sentencia en contra de Moreno, quien no es el único alto funcionario en ser condenado por el escándalo de la Yidispolítica.

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La Corte Suprema ya condenó a los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y al exdirector de la Dirección Administrativa de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri. La Sala Especial estudió cientos de pruebas para llegar a esta nueva decisión. Por ejemplo, dentro del expediente quedó claro que hay evidencias de que Moreno Villegas se entrometió directamente, o a través de sus asesores, en los nombramientos que ofreció a Medina a cambio de su voto. Por ejemplo, envió hojas de vida y realizó llamadas directamente a los directores de la Red de Solidaridad Social y del SENA, a las Presidentas de ETESA y al Superintendente de Notariado y Registro para presionar los nombramientos.

“Es evidente que la gestión de Moreno Villegas constituye la culminación del objetivo del entonces gobierno nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata, pues como integrante de la administración se beneficiaba con un segundo periodo presidencial como en efecto ocurrió”, señala la sentencia en contra de Moreno. Además de condenarlo, la Corte Suprema emitió una orden de captura en su contra para que cumpla la pena en la cárcel.

Los casos que condenaron a Moreno

La Corte Suprema identificó cinco casos particulares en los que Bernardo Moreno fue culpable por influenciar a servidores públicos para favorecer a cercanos a Yidis Medina. El primero de ellos fue Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, quien fue director de la Red de Solidaridad Social entre 2004 y 2009, y con cuya ayuda se ubicó en el cargo a un asesor delegado para el Magdalena Medio en Barrancabermeja, de nombre Jairo Alonso Plata Quintero.

La segunda funcionaria influenciada fue Gloria Beatriz Giraldo, quien fue presidenta de la Empresa Territorial para la Salud (ETESA) entre 2002 y 2006. Con su ayuda, el funcionario César Augusto Guzmán fue contratado por $15 millones como asesor delegado en Santander. La misma suerte tuvo Liliana Figueredo Ayala, que fue premiada con un contrato de $10 millones, por desempeñar funciones en Santander, Casanare y el sur del Cesar. Otra de las beneficiadas indirectas con la reelección de Álvaro Uribe, fue Marghori Mejía Padilla, quien fue contratada en 2006 por $15 millones.

En el tercer caso, Bernardo Moreno influenció a Mery Luz Londoño García, otra presidenta de ETESA, pero en el último gobierno de Uribe Vélez. En esa entidad resultó favorecido el funcionario José Agustín Quecho Angarita, quien recibió un contrato por prestación de servicios de $49 millones. Caso aparte, merece la influencia sobre el Superintendente de Notariado, Manuel Guillermo Cuello Baute, quien nombró como notaria segunda de Barrancabermeja a María Lucelly Valencia Giraldo, por decreto, en 2005.

Por último, en el quinto caso acusado a Bernardo Moreno, se tiene cómo influenció al exdirector del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Darío Alonso Montoya Mejía, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2010. Con resolución firmada con su nombre, Juan Bautista Hernández Díaz fue nombrado subdirector del Centro Multisectorial de Barrancabermeja, en marzo de 2006.

Una decisión debatida

El magistrado Jorge Emilio Caldas, uno de los togados que debatió sobre la condena de Moreno, se apartó de la deliberación grupal que llevó a la decisión final. En síntesis, explicó que existe un debate sobre la aplicación de beneficios a aforados como Moreno, una vez se incorporó el nuevo Código de Procedimiento Penal, en 2004, que es únicamente para procesados en la justicia ordinaria y que es diferente al que todavía se aplica para funcionarios públicos de la talla de un exdirector del DAPRE.

“De ahí que surja la inquietud para el suscrito, si de acuerdo con la postura mayoritaria de la Corporación, existiría algún caso en que ese efecto no se traduzca en una vulneración flagrante de los derechos y garantías del procesado, posibilidad que parece advertirse en la postura de la cual me separo”, concluyó el magistrado Caldas. Sin embargo, fue claro en mencionar que está de acuerdo con la decisión mayoritaria, la cual fue un rotundo “sí” sobre la responsabilidad de Moreno en la Yidispolítica.

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