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Tras un acuerdo con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia condenó a Óscar Armando Rodríguez Sánchez y a Javier Eliecer Zapata Parrado, exgobernadores de Guainía. Según la sentencia, los exmandatarios habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias. Al parecer, estos contratos estarían relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Puerto Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión.
Además de los 12 delitos cometidos por los dos exmandatarios al lado de contratistas e interventores y ejecutados con recursos públicos, el alto tribunal indicó que, desde enero de 2012, conformaron una organización ilícita para llevar a cabo un elaborado plan criminal. Este grupo decidió controlar, manipular y direccionar la contratación estatal de la gobernación para obtener beneficios económicos, comprometiendo así millonarias sumas de dinero de diferentes sectores del presupuesto departamental.
Concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, corrupción al sufragante, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y fraude procesal, fueron los delitos cometidos por los dos exgobernadores. Estos dos exfuncionarios públicos se declararon culpables y celebraron un preacuerdo con la Fiscalía para obtener beneficios en sus condenas.
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En julio de 2022, el CIT de la Fiscalía decomisó 87 bienes que serían propiedad de los exgobernadores Rodríguez Sánchez y Zapata Parrado, y del exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes Garzón. Los bienes incautados, avaluados en cerca de $22.000 millones, están ubicados en Chía y Cajicá (Cundinamarca), Inírida (Guainía) y Villavicencio (Meta).
Rodríguez Sánchez llegó a la Gobernación de Guainía (2012-2015) con el apoyo de Zapata Parrado. Durante esta administración, Zapata fue primero contratista y luego Secretario de Gobierno, cargo que le permitió ejercer posteriormente como gobernador encargado y en esa condición intervenir en los procesos de contratación irregular que hoy determinaron en su condena.
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