Corte Suprema condenó a 13 años de prisión a Antonio Guerra por caso Odebrecht

“Antonio Guerra quebrantó gravemente y sin justa causa el bien jurídico de la seguridad pública, pues la criminalidad de cuello blanco de la que participaron miembros del Congreso y otros altos funcionarios del Estado genera más alarma social que la delincuencia individual”, es uno de los apartes que reposa en la sentencia de 13 años y seis meses de prisión para el exsenador Antonio Guerra quien está ante los estrados judiciales desde 2017.

En ese entonces, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara su actuar y el de los excongresistas Bernardo Ñoño Elías, Musa Besaile, Plinio Olano y Ciro Rodríguez, en el entramado que se suscitó con Odebretcht. Guerra se convirtió en el segundo senador condenado por hechos de corrupción que le costaron al país no solo cuantiosas perdidas monetarias, sino la credibilidad en el Estado, pues los mismos congresistas sirvieron de lobistas para que se adjudicaran irregularmente una serie de contratos de infraestructura que favorecía a la firma brasilera.

Lea aquí: Caso Odebrecht: Procuraduría pide condenar a exsenador Antonio Guerra

En el caso especial de Guerra, quien no actuó solo porque hacia parte del grupo de los Buldócer -grupo de congresistas que apoyaron a Odebrecht con sus pretensiones ilegales- se conoce que, el exsenador realizó gestiones ante los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público, para que se aprobara y firmara un contrato de estabilidad jurídica que había presentado la Concesionaria Ruta del Sol II desde septiembre de 2010. Del mismo modo, habría tenido una participación esencial en la aprobación del tramo Ocaña-Gamarra.

Todo el entramado de corrupción en lo que se refiere a la actuación de Guerra, dice el alto tribunal, se trató de una actuación de lobby por los cuales recibió alrededor de $200 millones. No obstante, la Sala en su análisis, más adelante, conocería que el enriquecimiento ilícito del exsenador no solo obedeció a esa suma, sino ascendería a $587 millones. El expediente, básicamente, dice que se probó que las directivas de Odebrecht decidieron pagar millonarios sobornos para hacerse acreedoras a contratos de obras de infraestructura en condiciones favorables, lo cual realizaban mediante un “sofisticado” sistema que mantenía los pagos de grandes sumas de dinero en el anonimato.

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Bajo esa premisa, la acusación contra Guerra dice que se adhirió y participó de una “empresa criminal” para que la multinacional cumpliera sus propósitos de acceder ilegalmente a contratos en Colombia. “No puede olvidarse que Odebrecht decidió cooptar servidores públicos con capacidad de influir en la toma de decisiones oficiales en orden a ganar y obtener negocios, perfil que el excongresista ostentaba por ser miembro de la Comisión Tercera del Senado, encargada de los asuntos relacionados con el Presupuesto General de la Nación y el crédito público. Además, era el ponente de la reforma tributaria para 2012″, reprocha el documento de Torres.

Para la Sala es claro que, Guerra también estuvo presto a servir los intereses de la multinacional en la agilización de la suscripción de la adición número 6 del contrato 01 de 2010. Aunque no se comprobó la ejecución de una labor concreta, para el alto tribunal fue evidente su interés en que Odebrecht lograra dicho cometido. Y, además, dice la sentencia, asumió la misión de tener la financiación para una pequeña sociedad con Afa Vías para que Navelena pudiera cederle sus acciones.

Lea aquí: Caso Odebrecht: Corte Suprema negó la libertad al exsenador Antonio Guerra

En abril de 2019, en materia disciplinaria, la Procuraduría formuló pliego de cargos por tráfico de influencias para favorecer a directivos de Odebrecht. En ese documento también quedó consignado que Guerra se valió de su cargo para influenciar a funcionarios públicos para que actuaran a favor de la firma brasilera. Hasta el momento, se desconoce el rumbo de esa investigación en el Ministerio Público. Sin embargo, en marzo de 2021, el ente de control le pidió a la Corte Suprema condenar al exsenador a 20 años de prisión.

“El excongresista favoreció a la multinacional al promover su actividad en el país, pues intervino de forma directa en la gestión de reuniones para obtener el apoyo de entidades bancarias a favor de esa compañía, para que obtuviera el cierre financiero para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. (...) Quedó demostrado que Guerra de la Espriella puso las funciones inherentes a su cargo, así como sus conexiones políticas, al servicio de la organización delictiva, lo cual se evidencia concretamente en las intervenciones ilegales que desplegó”, dijo en su momento el Ministerio Público.

Le puede interesar: Exsenador Antonio Guerra irá a juicio por escándalo de Odebrecht.

Aunque la sanción en materia disciplinaria para Guerra aún es incierta, el exsenador, quien está en libertad desde septiembre pasado por orden de la Sala de Primera Instancia, debe responder penalmente por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito. También debe pagar multas por más de $1.175 millones, y tiene inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 13 años. La sentencia deja claro que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá revisar el centro de reclusión al que será enviado, y a la cantidad de años impuestos deberá restársele el tiempo que ya estuvo en prisión.

“Antonio Guerra quebrantó gravemente y sin justa causa el bien jurídico de la seguridad pública, pues la criminalidad de cuello blanco de la que participaron miembros del Congreso y otros altos funcionarios del Estado genera más alarma social que la delincuencia individual”, es uno de los apartes que reposa en la sentencia de 13 años y seis meses de prisión para el exsenador Antonio Guerra quien está ante los estrados judiciales desde 2017.

En ese entonces, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara su actuar y el de los excongresistas Bernardo Ñoño Elías, Musa Besaile, Plinio Olano y Ciro Rodríguez, en el entramado que se suscitó con Odebretcht. Guerra se convirtió en el segundo senador condenado por hechos de corrupción que le costaron al país no solo cuantiosas perdidas monetarias, sino la credibilidad en el Estado, pues los mismos congresistas sirvieron de lobistas para que se adjudicaran irregularmente una serie de contratos de infraestructura que favorecía a la firma brasilera.

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En el caso especial de Guerra, quien no actuó solo porque hacia parte del grupo de los Buldócer -grupo de congresistas que apoyaron a Odebrecht con sus pretensiones ilegales- se conoce que, el exsenador realizó gestiones ante los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público, para que se aprobara y firmara un contrato de estabilidad jurídica que había presentado la Concesionaria Ruta del Sol II desde septiembre de 2010. Del mismo modo, habría tenido una participación esencial en la aprobación del tramo Ocaña-Gamarra.

Todo el entramado de corrupción en lo que se refiere a la actuación de Guerra, dice el alto tribunal, se trató de una actuación de lobby por los cuales recibió alrededor de $200 millones. No obstante, la Sala en su análisis, más adelante, conocería que el enriquecimiento ilícito del exsenador no solo obedeció a esa suma, sino ascendería a $587 millones. El expediente, básicamente, dice que se probó que las directivas de Odebrecht decidieron pagar millonarios sobornos para hacerse acreedoras a contratos de obras de infraestructura en condiciones favorables, lo cual realizaban mediante un “sofisticado” sistema que mantenía los pagos de grandes sumas de dinero en el anonimato.

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Bajo esa premisa, la acusación contra Guerra dice que se adhirió y participó de una “empresa criminal” para que la multinacional cumpliera sus propósitos de acceder ilegalmente a contratos en Colombia. “No puede olvidarse que Odebrecht decidió cooptar servidores públicos con capacidad de influir en la toma de decisiones oficiales en orden a ganar y obtener negocios, perfil que el excongresista ostentaba por ser miembro de la Comisión Tercera del Senado, encargada de los asuntos relacionados con el Presupuesto General de la Nación y el crédito público. Además, era el ponente de la reforma tributaria para 2012″, reprocha el documento de Torres.

Para la Sala es claro que, Guerra también estuvo presto a servir los intereses de la multinacional en la agilización de la suscripción de la adición número 6 del contrato 01 de 2010. Aunque no se comprobó la ejecución de una labor concreta, para el alto tribunal fue evidente su interés en que Odebrecht lograra dicho cometido. Y, además, dice la sentencia, asumió la misión de tener la financiación para una pequeña sociedad con Afa Vías para que Navelena pudiera cederle sus acciones.

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En abril de 2019, en materia disciplinaria, la Procuraduría formuló pliego de cargos por tráfico de influencias para favorecer a directivos de Odebrecht. En ese documento también quedó consignado que Guerra se valió de su cargo para influenciar a funcionarios públicos para que actuaran a favor de la firma brasilera. Hasta el momento, se desconoce el rumbo de esa investigación en el Ministerio Público. Sin embargo, en marzo de 2021, el ente de control le pidió a la Corte Suprema condenar al exsenador a 20 años de prisión.

“El excongresista favoreció a la multinacional al promover su actividad en el país, pues intervino de forma directa en la gestión de reuniones para obtener el apoyo de entidades bancarias a favor de esa compañía, para que obtuviera el cierre financiero para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. (...) Quedó demostrado que Guerra de la Espriella puso las funciones inherentes a su cargo, así como sus conexiones políticas, al servicio de la organización delictiva, lo cual se evidencia concretamente en las intervenciones ilegales que desplegó”, dijo en su momento el Ministerio Público.

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Aunque la sanción en materia disciplinaria para Guerra aún es incierta, el exsenador, quien está en libertad desde septiembre pasado por orden de la Sala de Primera Instancia, debe responder penalmente por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito. También debe pagar multas por más de $1.175 millones, y tiene inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 13 años. La sentencia deja claro que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá revisar el centro de reclusión al que será enviado, y a la cantidad de años impuestos deberá restársele el tiempo que ya estuvo en prisión.