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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a más de ocho años de prisión al exsenador Charles William Schultz Navarro, del Partido de la U, por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y concusión, en concurso heterogéneo y sucesivo. La investigación está relacionada con la influencia que ejerció el excongresista ante funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en una reunión ocurrida el 18 de noviembre de 2009; y que llevó a la expedición de una resolución que modificó el acto administrativo número 4334 de 24 de julio de 2009.
Dicho acto administrativo había dispuesto no renovar la licencia de funcionamiento de la empresa de vigilancia Cooperativa Nacional de Reservistas (COOP. Reservis) C.T.A., pero gracias a Schultz Navarro la licencia sí se dio, y por el término de dos años. Además, el alto tribunal conoció que el exfuncionario, en retribución a su influencia en el referido trámite, “realizó una exigencia económica a la Cooperativa para su campaña política y la entrega de un porcentaje de los nuevos contratos suscritos por la compañía con posterioridad a la renovación del permiso de operación”.
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En la reunión que buscó cambiar la decisión de la Superintendencia, el excongresista asistió en compañía de su colaborador Secundino Rodríguez y los directivos de COOP. Reservis. Schultz Navarro solicitó al superintendente su ayuda frente a la situación de la empresa de vigilancia, argumentado que “de suspenderse el permiso de operación, se verían afectados un sinnúmero de asociados cuyos ingresos dependían de la actividad de la empresa”.
El auto de la condena relata que, a cambio de intermediar en la licencia, el excongresista del Partido de la U recibió un aporte de $30 millones en material publicitario para su campaña política; la entrega de un porcentaje de los nuevos contratos suscritos por la compañía con posterioridad a la renovación del permiso de operación; poder realizar reuniones de campaña política en las distintas sedes de la empresa; y la asignación de un chofer.
De acuerdo con la Sala, se probó que Schultz Navarro aceptó llevar a cabo las gestiones que los funcionarios de la empresa COOP. Reservis le propusieron, poniendo la autoridad e influencias de su cargo al servicio de intereses particulares. Logrando que el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada reconsiderara la primera determinación sobre la renovación de la licencia.
A la condena contra el excongresista por 104 meses de prisión, se le suma una multa de 212,48 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, y 87 meses y 26 días de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.
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