Corte Suprema confirma condena contra tres alfiles de Uribe por yidispolítica
No se salvaron de pagar sus condenas Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio Betancourt y Alberto Velásquez Echeverri. Todos quedarán en la historia como funcionarios corruptos que gestionaron ilegalmente la reelección de Álvaro Uribe.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias condenatorias contra tres alfiles del gobierno de Álvaro Uribe responsables por el escándalo de la yidispolítica, a través de la cual exministros y altos funcionarios compraron los votos faltantes en el Congreso para aprobar la reelección del exmandatario en 2004. Se trata de Sabas Pretelt de la Vega, exministro del Interior, Diego Palacio, exministro de Protección Social, y Alberto Velásquez Echeverri, exsecretario general de la Presidencia.
Lea: La justicia llegó a El Quimbo, la hidroeléctrica que apagó la vida en Huila
A todos los alfiles del gobierno Uribe se les confirmó su condena por el delito de cohecho (soborno), pues quedó demostrado que coordinaron los ofrecimientos realizados por el Ejecutivo para influir en el voto de los entonces congresistas Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño. Sin esos movimientos en el Congreso, el líder natural del Centro Democrático no hubiese podido presidir su segundo periodo en la Nación, de 2006 a 2010.
La Sala consideró que la declaración de Yidis Medina y todos los hechos que sirvieron a manera de indicios, “acreditan que los tres acusados, por virtud de la mediación de un acuerdo, actuaron de consuno, con división de trabajo y que el aporte de cada uno fue significativo en orden a la obtención del ingrediente subjetivo, tanto que fue solo de esa manera que se logró que por la acción y omisión respectivas de los dos congresistas, el proyecto de acto legislativo siguiera su curso”.
Le puede interesar: A juicio profesor que habría abusado de niña que hizo su novia en el colegio
Así las cosas, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt pagará una sentencia de seis años y una multa de 167 salarios mínimos; Alberto Velásquez Echeverri, por su parte, pagará una condena de cinco años y una multa de 83 salarios mínimos. Todos habían sido declarados responsables en abril de 2015, sin embargo, aprovecharon que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, también condenado, logró vía tutela que la Corte Suprema de Justicia ofreciera una segunda instancia a aforados, para solicitar una segunda opinión del órgano de justicia. No obstante, fue confirmada la tesis delictiva en su contra.
El expediente tiene su origen en 2004, cuando el acto legislativo que cambió, en su momento, el artículo 197 de la Constitución para permitir la reelección presidencia hizo su transito del Senado a la Cámara. Una vez aterrizado en esa corporación, algunos representantes a la Cámara, como Medina y Avendaño, se mostraron indecisos sobre cuál sería su voto. Incluso, llegaron a suscribir, en junio de ese año, junto con otros 16 congresistas, un acuerdo para presentar al día siguiente una proposición de archivo. Ante el posible hundimiento del proyecto, el gobierno citó en el Palacio de Nariño a los congresistas de la bancada de gobierno y decidieron contactar a Yidis Medina. Sabas Pretelt de la Vega fue el encargado de hablar con ella en principio, y desde ese mismo momento se le hicieron ofrecimientos burocráticos.
Lea también: “Será muy difícil lograr el pago” de Centros Poblados: director César Palomino
“Seguidamente se desplazaron al Palacio de Nariño, donde Yidis Medina se entrevistó con Alberto Velásquez Echeverri, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien puso a su disposición algunas plazas en el sector salud como la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, siendo ese mismo día nombrado Carlos Correa, así como la ubicación laboral de César Guzmán Areiza en un cargo en la Red de Solidaridad Social”, se lee en el expediente.
Y así se desarrolló: “Tal proceder se reiteró al día siguiente, en otro desayuno al que se convocó nuevamente a los simpatizantes de la reelección con el fin de tratar la conformación del quorum que permitiera la continuidad del trámite del proyecto, ofreciéndosele a Yidis Medina la dirección de la clínica, lo que fue reiterado y confirmado por Diego Palacio, Ministro de la Protección, en una conversación telefónica sostenida en horas de la noche con la congresista”.
Lea: Tortura contra Claudia Julieta Duque: condenan a exdirector del DAS Enrique Ariza
Al final, cuando fue el turno de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Yidis Medina entregó su voto a favor del proyecto de reelección y Teodolindo Avendaño no participó en la votación, lo que significó que la iniciativa legislativa siguiera su curso. Y, así, Álvaro Uribe pudo ser reelegido en 2006. No obstante, dos años después, el periodista Daniel Coronell reveló una entrevista con Yidis Medina en la que confesó todo lo actuado, lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia a reabrir la investigación. Ahora, en dos instancias, con todas las garantías solicitadas por los investigados, quedaron judicialmente sentenciados como responsables y merecedores de una condena.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias condenatorias contra tres alfiles del gobierno de Álvaro Uribe responsables por el escándalo de la yidispolítica, a través de la cual exministros y altos funcionarios compraron los votos faltantes en el Congreso para aprobar la reelección del exmandatario en 2004. Se trata de Sabas Pretelt de la Vega, exministro del Interior, Diego Palacio, exministro de Protección Social, y Alberto Velásquez Echeverri, exsecretario general de la Presidencia.
Lea: La justicia llegó a El Quimbo, la hidroeléctrica que apagó la vida en Huila
A todos los alfiles del gobierno Uribe se les confirmó su condena por el delito de cohecho (soborno), pues quedó demostrado que coordinaron los ofrecimientos realizados por el Ejecutivo para influir en el voto de los entonces congresistas Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño. Sin esos movimientos en el Congreso, el líder natural del Centro Democrático no hubiese podido presidir su segundo periodo en la Nación, de 2006 a 2010.
La Sala consideró que la declaración de Yidis Medina y todos los hechos que sirvieron a manera de indicios, “acreditan que los tres acusados, por virtud de la mediación de un acuerdo, actuaron de consuno, con división de trabajo y que el aporte de cada uno fue significativo en orden a la obtención del ingrediente subjetivo, tanto que fue solo de esa manera que se logró que por la acción y omisión respectivas de los dos congresistas, el proyecto de acto legislativo siguiera su curso”.
Le puede interesar: A juicio profesor que habría abusado de niña que hizo su novia en el colegio
Así las cosas, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt pagará una sentencia de seis años y una multa de 167 salarios mínimos; Alberto Velásquez Echeverri, por su parte, pagará una condena de cinco años y una multa de 83 salarios mínimos. Todos habían sido declarados responsables en abril de 2015, sin embargo, aprovecharon que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, también condenado, logró vía tutela que la Corte Suprema de Justicia ofreciera una segunda instancia a aforados, para solicitar una segunda opinión del órgano de justicia. No obstante, fue confirmada la tesis delictiva en su contra.
El expediente tiene su origen en 2004, cuando el acto legislativo que cambió, en su momento, el artículo 197 de la Constitución para permitir la reelección presidencia hizo su transito del Senado a la Cámara. Una vez aterrizado en esa corporación, algunos representantes a la Cámara, como Medina y Avendaño, se mostraron indecisos sobre cuál sería su voto. Incluso, llegaron a suscribir, en junio de ese año, junto con otros 16 congresistas, un acuerdo para presentar al día siguiente una proposición de archivo. Ante el posible hundimiento del proyecto, el gobierno citó en el Palacio de Nariño a los congresistas de la bancada de gobierno y decidieron contactar a Yidis Medina. Sabas Pretelt de la Vega fue el encargado de hablar con ella en principio, y desde ese mismo momento se le hicieron ofrecimientos burocráticos.
Lea también: “Será muy difícil lograr el pago” de Centros Poblados: director César Palomino
“Seguidamente se desplazaron al Palacio de Nariño, donde Yidis Medina se entrevistó con Alberto Velásquez Echeverri, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien puso a su disposición algunas plazas en el sector salud como la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, siendo ese mismo día nombrado Carlos Correa, así como la ubicación laboral de César Guzmán Areiza en un cargo en la Red de Solidaridad Social”, se lee en el expediente.
Y así se desarrolló: “Tal proceder se reiteró al día siguiente, en otro desayuno al que se convocó nuevamente a los simpatizantes de la reelección con el fin de tratar la conformación del quorum que permitiera la continuidad del trámite del proyecto, ofreciéndosele a Yidis Medina la dirección de la clínica, lo que fue reiterado y confirmado por Diego Palacio, Ministro de la Protección, en una conversación telefónica sostenida en horas de la noche con la congresista”.
Lea: Tortura contra Claudia Julieta Duque: condenan a exdirector del DAS Enrique Ariza
Al final, cuando fue el turno de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Yidis Medina entregó su voto a favor del proyecto de reelección y Teodolindo Avendaño no participó en la votación, lo que significó que la iniciativa legislativa siguiera su curso. Y, así, Álvaro Uribe pudo ser reelegido en 2006. No obstante, dos años después, el periodista Daniel Coronell reveló una entrevista con Yidis Medina en la que confesó todo lo actuado, lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia a reabrir la investigación. Ahora, en dos instancias, con todas las garantías solicitadas por los investigados, quedaron judicialmente sentenciados como responsables y merecedores de una condena.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.