Corte Suprema confirma libertad de los policías que destaparon la “Ñeñepolítica”

La Sala de Casación de la Corte Suprema ratificó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de devolver la libertad al patrullero Wadith Velásquez y al mayor de la Policía, Jefferson Tocarruncho, quienes, a través de interceptaciones en medio de una investigación a miembros de la Policía, terminaron revelando el escándalo conocido como Ñeñepolítica. Según la Corte, a los dos uniformados se les vulneró el derecho al debido proceso.

Según el análisis del alto tribunal, el Juzgado 62 de Control de Garantías, que avaló la imputación a los dos policías por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, omitió realizar un análisis para determinar si existían elementos que fundamentaran las acciones de los uniformados. Para la Corte, el juzgado debió hacerlo confrontando los elementos de prueba de la Fiscalía con los allegados por el defensor.

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Así mismo, manifestó la Corte, que en segunda instancia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito, omitió pronunciarse puntualmente sobre los argumentos de la apelación presentados por la defensa de los dos uniformados. Según el alto tribunal, ese Juzgado “se refirió someramente a los elementos de prueba en los que el a quo sustentó su decisión, retomando las conclusiones de la misma, para seguidamente aducir que fueron acertadas, dejando huérfana de respuestas las postulaciones del recurrente”.

Ante esos dos puntos expuestos, la Sala de Casación del alto tribunal decidió dejar sin efecto la decisión del juzgado, ya que, según se manifestó, eran perjudiciales para el debido proceso; y reafirmó la dictada por el Tribunal Superior de Bogotá en la cual se le concedió la libertad a Velázquez y Tocarruncho. La decisión de dicho tribunal se había dado luego de estudiar una acción de tutela que interpuso el abogado Miguel Ángel del Río, defensa de los dos implicados, contra la medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Todo el pleito jurídico en el que se vieron implicados los dos policías se dio porque, según la Fiscalía, los uniformados indujeron a la fiscal 21 Especializada de Crimen Organizado en un error. Para el ente investigador, estas acciones se dieron con el fin de obtener la orden de interceptación a números de teléfono pertenecientes a cinco miembros de la Policía y no a integrantes de una organización criminal, como le habrían hecho creer. Las intervenciones telefónicas hechas por Tocarruncho y Velázquez, tenían como finalidad obtener información acerca de la participación de los policías en un acto de corrupción que se concretó el 25 de mayo de 2018 en la ciudad de Cali.

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Durante las averiguaciones de Tocarruncho y Velázquez, fue que salió a la luz, coincidencialmente, un audio que desató el denominado escándalo de la Ñeñepolítica, que no es otra cosa que una supuesta compra de votos que se habría generado en la campaña presidencial de Iván Duque. En ese entonces, junto con la Fiscalía, lograron vincular en la investigación a Marcos de Jesús Figueroa, más conocido como Marquitos Figueroa. Además, estaban tras la pista del fallecido ganadero José el Ñeñe Hernández, señalado de ser el testaferro de Figueroa y de tener nexos con el narcotráfico.

En una de las conversaciones del polémico ganadero, el hombre hablaba de “buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”. Su interlocutor, según los audios, era María Claudia Daza, conocida como Caya Daza, quien para el momento era colaboradora cercana del exsenador Álvaro Uribe.

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La mencionada conversación se dio el 3 de junio de 2018, justo antes de la segunda vuelta electoral en la que Duque se proclamó presidente. El Ñeñe Hernández fue un asiduo promotor de la campaña presidencial del hoy mandatario en la Costa Caribe. El dirigente ha asegurado, en varias ocasiones, que la contabilidad de su campaña se manejó legalmente. En el caso, la Fiscalía citó a interrogatorio a Daza quien se acogió a su derecho a guardar silencio.

La Sala de Casación de la Corte Suprema ratificó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de devolver la libertad al patrullero Wadith Velásquez y al mayor de la Policía, Jefferson Tocarruncho, quienes, a través de interceptaciones en medio de una investigación a miembros de la Policía, terminaron revelando el escándalo conocido como Ñeñepolítica. Según la Corte, a los dos uniformados se les vulneró el derecho al debido proceso.

Según el análisis del alto tribunal, el Juzgado 62 de Control de Garantías, que avaló la imputación a los dos policías por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, omitió realizar un análisis para determinar si existían elementos que fundamentaran las acciones de los uniformados. Para la Corte, el juzgado debió hacerlo confrontando los elementos de prueba de la Fiscalía con los allegados por el defensor.

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Así mismo, manifestó la Corte, que en segunda instancia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito, omitió pronunciarse puntualmente sobre los argumentos de la apelación presentados por la defensa de los dos uniformados. Según el alto tribunal, ese Juzgado “se refirió someramente a los elementos de prueba en los que el a quo sustentó su decisión, retomando las conclusiones de la misma, para seguidamente aducir que fueron acertadas, dejando huérfana de respuestas las postulaciones del recurrente”.

Ante esos dos puntos expuestos, la Sala de Casación del alto tribunal decidió dejar sin efecto la decisión del juzgado, ya que, según se manifestó, eran perjudiciales para el debido proceso; y reafirmó la dictada por el Tribunal Superior de Bogotá en la cual se le concedió la libertad a Velázquez y Tocarruncho. La decisión de dicho tribunal se había dado luego de estudiar una acción de tutela que interpuso el abogado Miguel Ángel del Río, defensa de los dos implicados, contra la medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Todo el pleito jurídico en el que se vieron implicados los dos policías se dio porque, según la Fiscalía, los uniformados indujeron a la fiscal 21 Especializada de Crimen Organizado en un error. Para el ente investigador, estas acciones se dieron con el fin de obtener la orden de interceptación a números de teléfono pertenecientes a cinco miembros de la Policía y no a integrantes de una organización criminal, como le habrían hecho creer. Las intervenciones telefónicas hechas por Tocarruncho y Velázquez, tenían como finalidad obtener información acerca de la participación de los policías en un acto de corrupción que se concretó el 25 de mayo de 2018 en la ciudad de Cali.

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En una de las conversaciones del polémico ganadero, el hombre hablaba de “buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”. Su interlocutor, según los audios, era María Claudia Daza, conocida como Caya Daza, quien para el momento era colaboradora cercana del exsenador Álvaro Uribe.

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