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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en primera instancia impuesta a la excongresista Aída Merlano Rebolledo, por haber violado los topes máximos de gastos en campañas electorales. En noviembre de 2022, el alto tribunal le dictó una sentencia de cinco años y seis meses de prisión y una multa de $3.430 millones.
La decisión está relacionada con las elecciones legislativas de 2018, cuando Merlano era candidata al Senado con el patrocinio de los hermanos Gerlein Echavarría. Luego de un allanamiento a su sede de campaña, las autoridades encontraron cheques y documentos que sirvieron para demostrar la financiación ilegal y la violación de topes en su campaña.
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Según la Sala Penal, el objetivo de las operaciones financieras irregulares era “evadir el control de las autoridades, como, por lógica, también lo era el omitir la rendición de cuentas sobre ingresos y gastos de campaña o la designación de un gerente”.
Lo anterior, también para ocultar que habían superado los topes máximos de financiación. Según la Corte Suprema, al excederse en los gastos de campaña establecidos por el Consejo Nacional Electoral, Merlano y sus colaboradores rompieron los principios de igualdad y pluralismo político que rigen el sistema electoral.
Más investigaciones
Desde 2019 la excongresista se ha estado inmersa en distintas investigaciones; el 12 de septiembre de ese año fue condenada por el delito de concierto para delinquir. La justicia argumentó que Merlano organizó, promovió, dirigió y encabezó una organización de empresarios, políticos y particulares en Atlántico, para perpetuar su hegemonía política en cargos de elección popular, a través de actos de corrupción de los procesos electorales.
La de Sala de Instrucción de la Corte Suprema también tuvo activo desde finales de 2023 otro proceso por la presunta financiación de Merlano a la campaña política de Mauricio Salazar, actual alcalde de Pereira, en 2015. Para entonces, él era representante a la Cámara por Risaralda y la excongresista habría consignado al menos $110 millones a la cuenta bancaria de uno de los integrantes de su UTL, de forma irregular.
Sin embargo, el pasado 21 de octubre el alto tribunal desistió de abrir de manera formal la investigación, pues la información recolectada no fue suficiente para definir que Merlano y Salazar hubiesen incurrido en un delito electoral.
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