Corte Suprema de Justicia revivió condena contra Silvia Gette

La Sala Penal de la Corte Suprema acaba condenar a cinco años de prisión a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette. Al alto tribunal tumbó la absolución que había emitido a su favor el Tribunal Superior de Barranquilla en abril de 2021, una determinación que fue apelada tanto por la Fiscalía como por el abogado de las víctimas. La antigua cabeza de la universidad era procesada luego de que las directivas de la universidad la denunciaran por apropiarse en 2007 de un millón de dólares que salieron de las arcas de ese centro de educación superior.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El alto tribunal consideró que “a la luz de los fines de la pena, resultaría necesario que la acusada purgue la sanción en establecimiento carcelario”. Actualmente, la ciudadana argentina tiene prisión domiciliaria por el delito de soborno. Ese expediente tiene que ver con el pago de $500 millones al exparamilitar alias ‘Don Antonio’ para que cambiara su versión sobre el homicidio del ganadero Fernando Cepeda. Este antiguo hombre de las autodefensas fue absuelto por el delito de falso testimonio.

Lea: Absuelven a alias “Don Antonio” en pleito por falso testimonio contra Silvia Gette

En 2019, y en primera instancia, un juzgado penal de Barranquilla decidió condenarla como autora de abuso de confianza calificado y agravado a nueve (9) años de prisión, a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de privación de la libertad. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2008 y 2012, la exrectora realizó autopréstamos por $1.075 millones, para pagar “entre otras, sus obligaciones tributarias y personales, así como los honorarios del abogado que la representó en un proceso”.

Para el alto tribunal es claro que “por medio de su director financiero, la Universidad Autónoma del Caribe confió en Silvia Beatriz Gette Ponce la administración de la cuenta corriente No. 1040112193, Helm Bank de Miami, y por supuesto, de los recursos que allí estuviesen depositados, sin ninguna restricción y de manera independiente”.

Y agregó: “Por consiguiente, la autorización de la firma constituyó el título o acto jurídico mediante el cual el titular de la cosa mueble, esto es, la Universidad Autónoma del Caribe, confirió un derecho precario a la procesada, cual era, la facultad de administración y disposición de la cuenta, sujeto a la obligación de destinar los recursos en procura de los objetivos institucionales del ente educativo, es decir, reconociendo el dominio ajeno. Existiendo, por ello, entre las partes un concurso real de voluntades, pues Silvia Beatriz Gette Ponce, por su parte, aceptó el encargo, cuando refrendó su firma personalmente en el Helm Bank de Miami”.

Daniel Largacha Torres apoderado de la Universidad Autónoma en este caso señaló que: “Nos encontramos satisfechos con la decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia, que decidió aceptar los reparos que presentamos y la Procuraduría en contra de la decisión emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla, que había revocado la condena impuesta en primera instancia. Iniciaremos las actuaciones para obtener el pago de los perjuicios que fueron establecidos en la suma de un millón de dolares por parte del alto tribunal”.

La Sala Penal de la Corte Suprema acaba condenar a cinco años de prisión a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette. Al alto tribunal tumbó la absolución que había emitido a su favor el Tribunal Superior de Barranquilla en abril de 2021, una determinación que fue apelada tanto por la Fiscalía como por el abogado de las víctimas. La antigua cabeza de la universidad era procesada luego de que las directivas de la universidad la denunciaran por apropiarse en 2007 de un millón de dólares que salieron de las arcas de ese centro de educación superior.

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El alto tribunal consideró que “a la luz de los fines de la pena, resultaría necesario que la acusada purgue la sanción en establecimiento carcelario”. Actualmente, la ciudadana argentina tiene prisión domiciliaria por el delito de soborno. Ese expediente tiene que ver con el pago de $500 millones al exparamilitar alias ‘Don Antonio’ para que cambiara su versión sobre el homicidio del ganadero Fernando Cepeda. Este antiguo hombre de las autodefensas fue absuelto por el delito de falso testimonio.

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En 2019, y en primera instancia, un juzgado penal de Barranquilla decidió condenarla como autora de abuso de confianza calificado y agravado a nueve (9) años de prisión, a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de privación de la libertad. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2008 y 2012, la exrectora realizó autopréstamos por $1.075 millones, para pagar “entre otras, sus obligaciones tributarias y personales, así como los honorarios del abogado que la representó en un proceso”.

Para el alto tribunal es claro que “por medio de su director financiero, la Universidad Autónoma del Caribe confió en Silvia Beatriz Gette Ponce la administración de la cuenta corriente No. 1040112193, Helm Bank de Miami, y por supuesto, de los recursos que allí estuviesen depositados, sin ninguna restricción y de manera independiente”.

Y agregó: “Por consiguiente, la autorización de la firma constituyó el título o acto jurídico mediante el cual el titular de la cosa mueble, esto es, la Universidad Autónoma del Caribe, confirió un derecho precario a la procesada, cual era, la facultad de administración y disposición de la cuenta, sujeto a la obligación de destinar los recursos en procura de los objetivos institucionales del ente educativo, es decir, reconociendo el dominio ajeno. Existiendo, por ello, entre las partes un concurso real de voluntades, pues Silvia Beatriz Gette Ponce, por su parte, aceptó el encargo, cuando refrendó su firma personalmente en el Helm Bank de Miami”.

Daniel Largacha Torres apoderado de la Universidad Autónoma en este caso señaló que: “Nos encontramos satisfechos con la decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia, que decidió aceptar los reparos que presentamos y la Procuraduría en contra de la decisión emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla, que había revocado la condena impuesta en primera instancia. Iniciaremos las actuaciones para obtener el pago de los perjuicios que fueron establecidos en la suma de un millón de dolares por parte del alto tribunal”.