Corte Suprema empieza este jueves a analizar el futuro judicial de Álvaro Uribe
El Espectador estableció que el magistrado que lleva el caso por presunto fraude procesal y soborno ya presentó ponencia. Una orden de captura, restricción de movilidad o seguir libre son las opciones.
El 8 de octubre de 2019, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez quedó formalmente bajo investigación por fraude procesal y soborno, luego de rendir indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Casi diez meses después, dicha sala se prepara para definir el futuro judicial del exmandatario, quien es investigado por presuntamente haber intentado manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve. Este, a su vez, ha señalado al expresidente de haber fundado el bloque Metro de las autodefensas, a lo que Uribe ha contestado señalando a Monsalve de mentiroso. El debate acerca de qué viene para Uribe en el proceso inicia este jueves y promete, desde ya, paralizar al mundo político y judicial.
El Espectador estableció que el magistrado que lleva este caso, César Augusto Reyes, ya presentó ponencia a sus cinco compañeros de sala (en este debate no participa por recusación la magistrada exmilitar Cristina Lombana). Las tres opciones que puede plantear este documento son: ordenar la detención del expresidente al estimar que su permanencia en libertad podría afectar la integridad de la investigación; ordenar una restricción de su movilidad; o determinar que el expresidente siga en libertad enfrentando este proceso judicial. (En contexto: El expediente contra Uribe)
El expediente que, por primera vez en la historia de Colombia tiene a un expresidente en este escenario, se remonta al 16 de febrero de 2018, cuando el abogado Reinaldo Villalba, quien representa al senador Iván Cepeda, informó a la Corte Suprema que uno de los testigos que ha señalado al expresidente de tener nexos con el paramilitarismo estaba recibiendo mensajes y visitas de personas para que cambiara su testimonio. Esta denuncia se presentó apenas días después de que el alto tribunal le archivara una indagación al senador Cepeda y, en cambio, ordenara investigar al expresidente por manipulación de testigos. La alerta de Villalba generó un nuevo proceso, por el cual el 24 de julio de 2018, la Sala de Instrucción abrió investigación formal a Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno.
En el proceso, que consiste en más de ocho cuadernos -cada uno de 300 folios-, nueve anexos, seis cuadernos reservados y cientos de registros de audios, también es investigado el congresista del Centro Democrático por el Huila, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, quien rindió indagatoria un día después que el expresidente, el 9 de octubre de 2019. En concreto, al exjefe de Estado se le investiga por supuestamente haber tratado de llegarle al testigo Monsalve a través del abogado Diego Cadena, quien le ofreció ayudarle con una acción de revisión (gratuita) de la condena que le dictó la justicia a cambio de que se retractara de su testimonio contra Uribe. El hecho quedó registrado en una cámara y fue informado a la Corte Suprema. (En contexto: Claves para entender el caso contra Uribe por supuestos falsos testigos)
El abogado Cadena y su socio Juan José Salazar fueron imputados por la Fiscalía General esta semana por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por este ofrecimiento de asesorías jurídicas a Monsalve y por, supuestamente, por supuestamente pagar $48 millones (de 200 ofrecidos) al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para que declarara en contra del senador Iván Cepeda. Los pagos, dijo la Fiscalía, se hicieron a través de familiares del preso, y no fueron “ayudas humanitarias” como los calificó el abogado Cadena públicamente. Según el ente investigador, Cadena, con su actuación quiso hacer incurrir en un error a la Corte Suprema de Justicia. Alias Víctor, entre tanto, debió ser trasladado de prisión por seguridad,
Tras su indagatoria, el expresidente Álvaro Uribe se alejó del abogado Cadena (aunque no le ha revocado el poder que tiene para representarlo) y comentó que hasta ahora conocía de los dineros aportados al testigo Carlos Enrique Vélez. Según dijo, todo se hizo sin consultarlo con él. “Me vine a enterar en las últimas semanas, diez meses después de una declaración del testigo Carlos Enrique Vélez, que le había dado $2 millones por razones humanitarias. Fue a decírmelo a mi oficina y le dije: ‘hombre, doctor Diego, si me hubiese consultado, le digo que de ninguna manera. Terminantemente no’”, dijo en ese momento el exmandatario. (Le puede interesar: Después de la indagatoria de Álvaro Uribe, ahora el turno es para el representante Prada)
Cadena fue uno de los 42 declarantes del caso Uribe, previa la indagatoria del expresidente, así como Salazar, Vélez y Monsalve quienes debieron explicar los pormenores de estos episodios. También declaró la exfiscal Hilda Jeaneth Niño, condenada por favorecimiento de paramilitares, a quien supuestamente contactaron desde la defensa del expresidente para que se comprometiera a declarar, en el juicio a Santiago Uribe, que altos funcionarios de la Fiscalía se habían confabulado para acusarlo de nexos con el paramilitarismo. Otro de los episodios por los que es investigado el expresidente tiene que ver con que habría buscado directamente a personas en el exterior para que el extraditado paramilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias Tuso Sierra, hiciera un video declarando en su favor.
En el caso del representante Prada, el alto tribunal lo investiga por supuestamente haber tratado de manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, a través de terceras personas, para pedirle que hiciera un video retractándose de sus dichos a la justicia y culpara a Cepeda en cambio. En este caso, en concreto, las gestiones las habría hecho Carlos López, alias Caliche, a petición de Prada, hecho que el congresista del Centro Democrático ha negado rotundamente en múltiples ocasiones. Entre tanto, los enredos no han sido ajenos a este proceso, pues desde la realización de la indagatoria el alto tribunal ha enfrentado algunas situaciones preocupantes. Por ejemplo, el sobrevuelo de drones sobre su sede. A esto se suma el hallazgo de un micrófono en el despacho del magistrado Reyes, quien, además ha denunciado varios episodios que han afectado su seguridad.
El 8 de octubre de 2019, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez quedó formalmente bajo investigación por fraude procesal y soborno, luego de rendir indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Casi diez meses después, dicha sala se prepara para definir el futuro judicial del exmandatario, quien es investigado por presuntamente haber intentado manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve. Este, a su vez, ha señalado al expresidente de haber fundado el bloque Metro de las autodefensas, a lo que Uribe ha contestado señalando a Monsalve de mentiroso. El debate acerca de qué viene para Uribe en el proceso inicia este jueves y promete, desde ya, paralizar al mundo político y judicial.
El Espectador estableció que el magistrado que lleva este caso, César Augusto Reyes, ya presentó ponencia a sus cinco compañeros de sala (en este debate no participa por recusación la magistrada exmilitar Cristina Lombana). Las tres opciones que puede plantear este documento son: ordenar la detención del expresidente al estimar que su permanencia en libertad podría afectar la integridad de la investigación; ordenar una restricción de su movilidad; o determinar que el expresidente siga en libertad enfrentando este proceso judicial. (En contexto: El expediente contra Uribe)
El expediente que, por primera vez en la historia de Colombia tiene a un expresidente en este escenario, se remonta al 16 de febrero de 2018, cuando el abogado Reinaldo Villalba, quien representa al senador Iván Cepeda, informó a la Corte Suprema que uno de los testigos que ha señalado al expresidente de tener nexos con el paramilitarismo estaba recibiendo mensajes y visitas de personas para que cambiara su testimonio. Esta denuncia se presentó apenas días después de que el alto tribunal le archivara una indagación al senador Cepeda y, en cambio, ordenara investigar al expresidente por manipulación de testigos. La alerta de Villalba generó un nuevo proceso, por el cual el 24 de julio de 2018, la Sala de Instrucción abrió investigación formal a Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno.
En el proceso, que consiste en más de ocho cuadernos -cada uno de 300 folios-, nueve anexos, seis cuadernos reservados y cientos de registros de audios, también es investigado el congresista del Centro Democrático por el Huila, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, quien rindió indagatoria un día después que el expresidente, el 9 de octubre de 2019. En concreto, al exjefe de Estado se le investiga por supuestamente haber tratado de llegarle al testigo Monsalve a través del abogado Diego Cadena, quien le ofreció ayudarle con una acción de revisión (gratuita) de la condena que le dictó la justicia a cambio de que se retractara de su testimonio contra Uribe. El hecho quedó registrado en una cámara y fue informado a la Corte Suprema. (En contexto: Claves para entender el caso contra Uribe por supuestos falsos testigos)
El abogado Cadena y su socio Juan José Salazar fueron imputados por la Fiscalía General esta semana por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por este ofrecimiento de asesorías jurídicas a Monsalve y por, supuestamente, por supuestamente pagar $48 millones (de 200 ofrecidos) al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para que declarara en contra del senador Iván Cepeda. Los pagos, dijo la Fiscalía, se hicieron a través de familiares del preso, y no fueron “ayudas humanitarias” como los calificó el abogado Cadena públicamente. Según el ente investigador, Cadena, con su actuación quiso hacer incurrir en un error a la Corte Suprema de Justicia. Alias Víctor, entre tanto, debió ser trasladado de prisión por seguridad,
Tras su indagatoria, el expresidente Álvaro Uribe se alejó del abogado Cadena (aunque no le ha revocado el poder que tiene para representarlo) y comentó que hasta ahora conocía de los dineros aportados al testigo Carlos Enrique Vélez. Según dijo, todo se hizo sin consultarlo con él. “Me vine a enterar en las últimas semanas, diez meses después de una declaración del testigo Carlos Enrique Vélez, que le había dado $2 millones por razones humanitarias. Fue a decírmelo a mi oficina y le dije: ‘hombre, doctor Diego, si me hubiese consultado, le digo que de ninguna manera. Terminantemente no’”, dijo en ese momento el exmandatario. (Le puede interesar: Después de la indagatoria de Álvaro Uribe, ahora el turno es para el representante Prada)
Cadena fue uno de los 42 declarantes del caso Uribe, previa la indagatoria del expresidente, así como Salazar, Vélez y Monsalve quienes debieron explicar los pormenores de estos episodios. También declaró la exfiscal Hilda Jeaneth Niño, condenada por favorecimiento de paramilitares, a quien supuestamente contactaron desde la defensa del expresidente para que se comprometiera a declarar, en el juicio a Santiago Uribe, que altos funcionarios de la Fiscalía se habían confabulado para acusarlo de nexos con el paramilitarismo. Otro de los episodios por los que es investigado el expresidente tiene que ver con que habría buscado directamente a personas en el exterior para que el extraditado paramilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias Tuso Sierra, hiciera un video declarando en su favor.
En el caso del representante Prada, el alto tribunal lo investiga por supuestamente haber tratado de manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, a través de terceras personas, para pedirle que hiciera un video retractándose de sus dichos a la justicia y culpara a Cepeda en cambio. En este caso, en concreto, las gestiones las habría hecho Carlos López, alias Caliche, a petición de Prada, hecho que el congresista del Centro Democrático ha negado rotundamente en múltiples ocasiones. Entre tanto, los enredos no han sido ajenos a este proceso, pues desde la realización de la indagatoria el alto tribunal ha enfrentado algunas situaciones preocupantes. Por ejemplo, el sobrevuelo de drones sobre su sede. A esto se suma el hallazgo de un micrófono en el despacho del magistrado Reyes, quien, además ha denunciado varios episodios que han afectado su seguridad.