Corte Suprema envía a la JEP caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió enviar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el caso en el que se investiga el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Según el alto tribunal, la JEP tiene competencia privativa, preferente y prevalente, razón por la cual llevará el proceso.

Asimismo, la Corte envió a la JEP los casos de Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazabal Reyes, Pablo Emilio Guarín y José Fedor Rey, en los cuales se investiga el grado de participación de la extinta guerrilla de las Farc. Con esta determinación, la jurisdicción transicional estará a cargo de la indagación de los senadores Jorge Torres Victoria y Julián Gallo, excombatientes de dicho grupo armado.

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La responsabilidad de las Farc en el asesinato de Gómez Hurtado fue tempranamente reconocida en octubre de 2020, cuando le enviaron una carta a la entonces presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, admitiendo que fueron ellos quienes ordenaron y ejecutaron el crimen. En ese entonces la togada dijo que en la misiva los excombatientes manifestaron que también hablarán y asumirán los homicidios de Hernando Pizarro León-Gómez, hermano de Carlos Pizarro; el exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado; el economista Jesús Antonio Bejarano; el general Fernando Landazábal Reyes, exministro de Defensa, y el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín.

Por el caso, en febrero de 2021, la Fiscalía ordenó la captura de Iván Márquez. Según el ente investigador, “luego de valorar nuevos testimonios conocidos en el último año, la Fiscalía General abrió investigación y ordenó la captura con fines de indagatoria de Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, por su presunta participación en el entramado criminal del que fuera víctima el líder político”.

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En esa oportunidad, la Fiscalía también manifestó que contra exintegrantes de esa guerrilla hay líneas de investigación activas. Dentro del caso por el homicidio, el hoy senador Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, señaló ante la JEP que el crimen fue ordenado por el entonces Secretariado de las Farc y discutido en el denominado Estado Mayor del grupo subversivo.

En febrero de 2021, la Fiscalía también sostuvo que excombatientes de las Farc “precisaron en declaración jurada que Gómez Hurtado fue considerado objetivo armado por lo que, en su momento, se impartió orden a la red urbana Antonio Nariño para que atentara contra su vida”. Según dijo Julián Gallo en 2020, el crimen fue ejecutado por miembros de la extinta guerrilla sin recibir ayuda de nadie más.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió enviar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el caso en el que se investiga el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Según el alto tribunal, la JEP tiene competencia privativa, preferente y prevalente, razón por la cual llevará el proceso.

Asimismo, la Corte envió a la JEP los casos de Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazabal Reyes, Pablo Emilio Guarín y José Fedor Rey, en los cuales se investiga el grado de participación de la extinta guerrilla de las Farc. Con esta determinación, la jurisdicción transicional estará a cargo de la indagación de los senadores Jorge Torres Victoria y Julián Gallo, excombatientes de dicho grupo armado.

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La responsabilidad de las Farc en el asesinato de Gómez Hurtado fue tempranamente reconocida en octubre de 2020, cuando le enviaron una carta a la entonces presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, admitiendo que fueron ellos quienes ordenaron y ejecutaron el crimen. En ese entonces la togada dijo que en la misiva los excombatientes manifestaron que también hablarán y asumirán los homicidios de Hernando Pizarro León-Gómez, hermano de Carlos Pizarro; el exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado; el economista Jesús Antonio Bejarano; el general Fernando Landazábal Reyes, exministro de Defensa, y el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín.

Por el caso, en febrero de 2021, la Fiscalía ordenó la captura de Iván Márquez. Según el ente investigador, “luego de valorar nuevos testimonios conocidos en el último año, la Fiscalía General abrió investigación y ordenó la captura con fines de indagatoria de Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, por su presunta participación en el entramado criminal del que fuera víctima el líder político”.

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En esa oportunidad, la Fiscalía también manifestó que contra exintegrantes de esa guerrilla hay líneas de investigación activas. Dentro del caso por el homicidio, el hoy senador Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, señaló ante la JEP que el crimen fue ordenado por el entonces Secretariado de las Farc y discutido en el denominado Estado Mayor del grupo subversivo.

En febrero de 2021, la Fiscalía también sostuvo que excombatientes de las Farc “precisaron en declaración jurada que Gómez Hurtado fue considerado objetivo armado por lo que, en su momento, se impartió orden a la red urbana Antonio Nariño para que atentara contra su vida”. Según dijo Julián Gallo en 2020, el crimen fue ejecutado por miembros de la extinta guerrilla sin recibir ayuda de nadie más.

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