Corte Suprema envía proceso de Benedetti por enriquecimiento ilícito a la Fiscalía
El alto tribunal argumenta que por su nuevo cargo como embajador, será el ente investigador quien debe llevar la indagación.
El proceso por presunto enriquecimiento ilícito contra el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) quedará en manos de la Fiscalía de Martha Mancera. El expediente en contra del político lo llevaba la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero, recientemente, fue entregado al ente investigador.
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Desde el despacho del magistrado César Reyes, quien adelantaba la indagación en el caso, fue remitida a la Fiscalía (Delegada ante la Corte) la indagación contra el exsenador. El togado consideró que, por el nuevo cargo de Benedetti, hace que el alto tribunal pierda la competencia para investigarlo.
Dentro del proceso que ahora recibirá la Fiscalía, Benedetti ya había sido vinculado formalmente a proceso penal y había rendido indagatoria.
El caso regresa al ente investigador, luego de que en julio del año pasado, la Fiscalía remitiera el proceso a la Corte Suprema, debido a la salida del cargo que Benedetti tenía como embajador de Colombia en Venezuela. En esa ocasión, pasaron otros cuatro expedientes en los que se averiguan posibles delitos que haya cometido el exsenador.
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Este caso en concreto, es por la supuesta exigencia de dineros en 2010 para que la Fiduprevisora les desembolsara a docentes del departamento de Córdoba, en los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica, el pago de derechos pensionales. Los hechos ocurrieron cuando fue senador.
Ahora la Fiscalía investigará si Benedetti supuestamente pidió dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre estas prestaciones, para que la Fiduprevisora pagara esas pensiones vitalicias y liquidaciones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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Ahora la Fiscalía investigará si Benedetti supuestamente pidió dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre estas prestaciones, para que la Fiduprevisora pagara esas pensiones vitalicias y liquidaciones.
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