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Todo indica que en los próximos días la senadora Piedad Córdoba se enfrentará a la apertura formal de una investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia. En las últimas horas, se filtraron documentos de lo que sería el auto de apertura, no obstante, la decisión todavía no tiene luz verde en la Sala Especial de Instrucción. A pesar de ello, fuentes cercanas al proceso le dijeron a El Espectador que se están ultimando detalles para dejar por escrito el camino que se tomará contra la política.
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Por ahora, se puede confirmar que la Sala de Instrucción proyectará su investigación por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y rebelión. Este último delito es comúnmente imputado a guerrilleros o personas señaladas de colaborar con grupos insurgentes con ideales políticos. Al parecer, la Sala de Instrucción votará la semana que viene sobre el documento final, en el cual quedará claro cuáles fueron las pruebas recolectadas contra la senadora señalada, por años, de sostener una alianza con las Farc.
Entre los testimonios contra Córdoba está el de Andrés Vásquez, quien fue su asesor en la primera década del 2.000. Ante la magistrada Cristina Lombana, encargada de redactar el auto de apertura, Vásquez señaló a la política como alias Teodora. Este mismo nombre aparecía correos electrónicos y documentos extraídos de los computadores del difunto comandante guerrillero Raúl Reyes (muerto en bombardeo en 2008), pero la justicia nunca probó la verdadera identidad detrás de ese alias. Aparte, esos datos nunca tendrán validez en procesos penales, dado que entonces las autoridades rompieron la cadena de custodia.
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Vásquez señaló en la declaración que reveló Noticias Caracol a principios de este año lo siguiente: “Es cierto que se estableció, desde la reunión con Piedad Córdoba en el campamento de Reyes, una comunicación con él directa o de manera indirecta entre ella y él. Y yo escuché a Piedad no solo decírmelo a mí, sino decírselo en ese momento al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro”.
Lombana, además, en junio del año pasado estuvo en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, creado tras el Acuerdo de Paz, en La Guajira. La magistrada le tomó testimonio a un excombatiente que conocería de la supuesta cercanía de Córdoba con Raúl Reyes, quien fuera comandante de las Farc para 2008. En esa misma diligencia estuvo presente la defensa de la senadora.
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Asimismo, desde diciembre de 2020, la Corte pidió a bancos información de las cuentas de Piedad Córdoba, su exmarido, su hija, sus hijos, así como de sus hermanas y hermanos. También le solicitó a la DIAN información tributaria de la senadora y de su familia, y también un reporte a las centrales de riesgo que maneja Asobancaria. Vásquez, incluso, señaló que se habría beneficiado económicamente por interceder en nombre de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, enjuiciado tanto en Colombia como en Estados Unidos por supuesto lavado de activos.
Cuando estalló el escándalo por el contenido de los computadores de Raúl Reyes, ella negó cualquier vínculo con las Farc, más allá de los acuerdos humanitarios que negociaba. Desde que ha sonado la apertura de la investigación, ha respondido que se tratan de persecuciones contra la izquierda. La procuraduría de Alejandro Ordóñez la destituyó del Senado en 2010 y la inhabilitó para hacer política, pero en 2016 el Consejo de Estado tumbó esa decisión, porque la información de los computadores jamás será prueba. A la fecha, está internada por problemas de salud en un hospital de Medellín, donde se posesionó para el periodo 2022-26.
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