La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal en contra de los nueve congresistas que, según la Fiscalía, habrían participado en hechos de corrupción relacionados con la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Los nombres de los legisladores aparecieron en medio de las averiguaciones que hizo el ente investigador en contra de los exdirectivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como del contratista Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso.
La Corte recibió un total de dos archivos enviados por el ente investigador. El primero corresponde a información relacionada con los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Ambos legisladores, de acuerdo con la información que entregaron tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla a la Fiscalía, al parecer habrían recibido un soborno de $4.000 millones, producto de los sobrecostos del contrato para adquirir 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. Según los exdirectivos de la Unidad, el dinero fue entregado para darle trámite a las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Ese primer expediente aterrizó en el despacho del magistrado Francisco Farfán.
En la segunda pieza que recibió el alto tribunal reposa el expediente en contra del representante Wadith Alberto Manzur, quien cuenta con una investigación en curso por parte de la Sala de Instrucción, pues ya había sido mencionado por Olmedo López como presunto beneficiario de contratos irregulares con la Unidad. La investigación contra el representante del Partido Conservador se encuentra en el despacho del magistrado Héctor Alarcón Granobles, quien también llevará las pesquisas contra los otros seis congresistas mencionados dentro del entramado.
Los otros legisladores, además de los expresidentes del Legislativo y Manzur que, según la Fiscalía, estarían involucrados en contratación irregular son: Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador) y Karen Astrith Manrique Olarte (Circunscripciones de Paz).
El pasado 12 de julio, la Fiscalía entregó los nombres de los legisladores y aseguró tener pruebas que dan cuenta de la participación de los políticos en varios procesos irregulares de contratación de la entidad. Pero, como dentro de sus competencias no está el investigar a aforados, como lo son los congresistas, compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
“Los hechos relacionados con los congresistas de los que hasta ahora tiene noticia la Sala Especial de Instrucción, serán investigados inicialmente en el mismo radicado a cargo del magistrado Alarcón Granobles, por razones de conexidad procesal, en virtud de la posible existencia de un fenómeno de corrupción administrativa ocurrido en una entidad pública, durante un lapso determinado, con la participación de algunos directivos y con similares características en las presuntas conductas ilícitas”, concluyó el alto tribunal.
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