La Corte Suprema de Justicia llamó a declarar al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, en medio de la investigación en contra de los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Dos pesos pesados de la política que están mencionados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según las recientes declaraciones del exdirector de la entidad, Olmedo López.
El alto tribunal, luego de examinar las peticiones de la defensa de Iván Name y Andrés Calle, determinó que las declaraciones del presidente Petro y del ministro Jaramillo se harán por certificación juramentada. Y, a su vez, se ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional.
En una entrevista con Revista Semana, López aseguró que los presidentes de la Cámara y el Senado, Calle y Name, habrían recibido coimas millonarias para gestionar los proyectos del gobierno. Ahora, estos dos procesos serán llevados por el despacho del magistrado Francisco Farfán, mientras que las investigaciones que se adelantan contra de los nueve congresistas, señalados por el exdirector de la Ungrd, quedaron a cargo del magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción.
Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Karen Astrith Manrique Olarte (Citrep), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), son los nombres de los congresistas implicados.
Las declaraciones de Olmedo López en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema
El pasado 16 de julio, un informe de Noticias Caracol dio a conocer apartados de las declaraciones de Olmedo López ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El exdirector de la Ungrd entregó a la Sala información sobre la supuesta participación de nueve congresistas y los ministros del Interior, Hacienda y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, en presuntos hechos de corrupción relacionados con la entidad. López expuso que desde las carteras se organizaban reuniones para hacer acuerdos por debajo de la mesa y favorecer iniciativas en el Congreso a cambio de puestos en la Ungrd.
Según manifestó López, la delegación de contratos se impartían en “el cónclave”, nombre asignado a los supuestos encuentros con ministros y congresistas. Al menos dos reuniones se realizaron el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, y otra el 15 de diciembre “en la oficina de un ministro cerca a Palacio de Nariño”. De acuerdo a las declaraciones, en uno de esos encuentros participó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y una de sus asesoras, la cual visitaba regularmente la Ungrd.
El ministro Bonilla, según el exdiector de la Ungrd, había autorizado en el Congreso la adición de $208 mil millones al presupuesto de la Unidad, tres meses antes de las elecciones regionales de octubre de 2023 y en el Capitolio recibió el apoyo de al menos 20 congresistas. Entre ellos aparecieron los nombres de Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Conservador) y Julián Gallo (Partido Liberal), quienes ahora están involucrados en la investigación de la Fiscalía en contra de López y Pinilla.
De igual manera, no fue un solo ministro el que impartía las órdenes, sino que eran varios los que daban las supuestas órdenes de los contratos, para conseguir leyes o cambios en ellas para intereses específicos. En sus declaraciones ante el alto tribunal, López también señaló haberse reunido con el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y Carlos Ramón González, actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien en la época de las reuniones se encontraba liderando el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
La manera en que funcionaba esta supuesta red de corrupción del más alto nivel, consistía en ver qué cantidad de votos hacían falta en una comisión para aprobar una iniciativa y así mismo asegurar el apoyo de legisladores con contratos. Sin embargo, y de acuerdo con las palabras de Olmedo López, estos contratos no se alcanzaron a firmar por el escándalo de la Ungrd que lo sacó de su cargo como director.
También, entre las supuestas reuniones en las que participó Olmedo López y dirigió el ministro de Hacienda, Bonilla le ordenó direccionar tres contratos que sumaban $92 mil millones. Ese dinero, de acuerdo con su declaración, se habría utilizado para beneficiar a ciertos congresistas seleccionados por el ministro Bonilla, y fueron ratificados por la congresista Karen Manrique, representante a la Cámara de la circunscripción especial de paz por Arauca.
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