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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una investigación penal y llamó a indagatoria al senador del Partido Liberal, Mario Alberto Castaño, por presunto concierto para delinquir agravado. El alto tribunal dijo que investigará la participación del legislador como presunto líder de una red de corrupción, que tenía como finalidad obtener porcentajes de contratos públicos.
Por este caso, fueron vinculadas formalmente a la investigación de la Fiscalía ocho personas por, presuntamente, hacer parte de esta red criminal. De acuerdo con lo que ha manifestado el ente investigador en repetidas ocasiones, este grupo operaría desde la oficina del senador Castaño. Según imputó el ente acusador, los hechos ocurrieron en Manizales y Bogotá, desde donde se direccionarían irregularmente decenas de contratos públicos.
Aparte, al parecer se presionaba a los adjudicatarios para que dieran una utilidad sobre las ganancias de los proyectos. El ente investigador aseguró tener pruebas de que el líder de todo este grupo criminal sería el senador Castaño. El documento de la Corte con que se abre investigación contra Castaño señala que “Dentro de las pruebas recaudadas por la Fiscalía y de relevancia para este momento procesal, se encuentran las interceptaciones telefónicas realizadas a varios de los implicados en estos hechos, incluido, desde luego, el senadorCastaño”.
Daniela Ospina, Lorena Cañón, Santiago Castaño (no es familiar de político), Marcela Castaño, Juan Carlos Martínez y Alejandro Noreña, entre otros, fueron vinculados formalmente a la investigación que salpica al senador liberal. Mario Castaño, quien está en el ojo del huracán, el fin de semana pasado le manifestó a El Espectador que tras este escándalo hay intereses “perversos”, que buscan que regiones “se queden sin voz” y que responderá ante la justicia.
Durante la imputación, la Fiscalía sostuvo que los imputados también incurrieron en el delito de extorsión, ya que, según el ente investigador, durante enero y marzo de 2021 “constriñeron a varias personas para que les entregaran una utilidad ilícita, es decir, una suma equivalente al mes de salario o de honorarios a cambio de lograr la vinculación como funcionarios o contratistas en varias entidades”. Las entidades donde se habrían feriado los contratos, dice la Fiscalía, fueron el SENA Caldas, Procuraduría, Contraloría, Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
En la intervención del ente investigador, el senador Castaño quedó mencionado como “lobista” de un grupo de personas, contra quienes inició un proceso penal por corrupción en contratos. “En un trabajo realizado durante ocho meses, estableció que, desde la oficina de un senador de la República (Castaño), supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno”, manifestó la Fiscalía.
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