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Además del sonado caso Vitalogic, Rodolfo Hernández —excandidato presidencial y, recientemente, exsenador— enfrenta un juicio penal por una decisión que tomó siendo alcalde de Bucaramanga: suprimió 27 cargos oficiales, dejando sin trabajo a ese mismo número de personas. Ocho de ellos tenían fuero sindical, lo que le significó una denuncia y posteriormente un proceso formal por el delito de violación de los derechos de reunión y asociación. Ahora ese expediente lo llevará un fiscal delegado ante la Corte Suprema, una decisión que generó polémica en el alto tribunal.
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La decisión es del magistrado la Sala de Primera instancia Jorge Emilio Caldas y fue firmada el 21 de septiembre de 2021, un día antes de que Rodolfo Hernández anunciara que va a renunciar al Senado (anuncio que aún no hace efectivo). De ahí que la Corte todavía tenga competencia para llevar el juicio en su contra, que ya estaba muy adelantado en un juzgado de Bucaramanga. Y, precisamente, para no generar traumatismos, se decidió que el proceso lo asumiera un fiscal delegado ante la Corte y no un magistrado de la Sala de Instrucción. Estos últimos son los que tienen el rol de investigar y llevar a juicio a congresistas.
Según el documento, que le será leído a Rodolfo Hernández en audiencia el jueves 29 de septiembre, el juicio ya iba bastante adelante. De hecho, la Fiscalía ya había llamado al estrado a cinco de los ocho testigos que tenía. Todo, además, se había desarrollado bajo el régimen penal más reciente. Hasta que el juzgado se percató de que el exalcalde de Bucaramanga era ahora senador y envió el expediente a la Corte. Así, entonces, la Sala de Primera instancia decidió que se retomara el proceso donde había sido suspendido, con el ente investigador a bordo.
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El magistrado Caldas asegura que su decisión va acorde con el “procedimiento especial abreviado”, pues, de nuevo, el juicio ya estaba en curso. Si no hubiera sido así, agrega, el proceso contra Hernández hubiera tenido otro destino: quedaría en el despacho de algún magistrado de la Sala de Instrucción, que tendría que decidir, por ejemplo, si lo llama a juicio. Pero en su lugar, se ordenó a la Fiscalía que asigne un fiscal delegado ante la Corte Suprema para que se reanude el juicio.
Aunque la decisión fue aprobada por la Sala de Primera instancia, dos de los tres magistrados que la conforman salvaron el voto. La magistrada Blanca Barreto, por ejemplo, aseguró que la vía elegida por Caldas le generaba una “inconformidad”: a su juicio, el proceso contra Hernández debía pasar al régimen anterior, la Ley 600, y que no debería haber un fiscal en ese juicio. De otro lado, el magistrado Ariel Torres dejó clara su molestia con temas procesales en una decisión de este calibre que, a su juicio, cambia la jurisprudencia de la Corte.
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