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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de la Sala de Instrucción de ese mismo tribunal que el primero de diciembre de 2020 dictó medida de aseguramiento y ordenó la captura del senador del Partido de la U, Eduardo Pulgar Daza. Al estudiar un control de legalidad propuesto por la defensa del congresista, este lunes la Sala no encontró mérito alguno para tumbar esa decisión y, por tanto, ratificó la orden de detención en su contra. Pulgar Daza es investigado por supuestamente hacer gestiones indebidas e intentar sobornar a un juez de la República en medio de una disputa entre primos por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
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La decisión de ordenar su detención, dictada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, implicó la vinculación formal de Pulgar a una investigación por los delitos de tráfico de influencias y cohecho por haber hecho gestiones ilegales, “con abuso y función del cargo”, en búsqueda de un beneficio electoral en mira de su reelección en el Congreso en 2018. Pulgar habría tratado de “utilizar su influencia para beneficiar su carrera política sin importar los servicios, principios y derechos que sean transgredidos”.
Y es que, según la Corte, habría intercedido ante funcionarios del Ministerio de Eduación, de la Presidencia e intentado sobornar a un juez para favorecer a un aliado político suyo, Luis Fernando Acosta Osío, en medio de la disputa familiar por la Universidad Metropolitana de Barranquilla. El caso se remonta a 2016 cuando Ivonne Acosta Acero, integrante del consejo directivo e hija del excongresista Gabriel Acosta Bendeck. removió de ese órgano a dos integrantes: Luis Fernando Acosta Osío y Gina Díaz Buelvas.
Esto originó que los miembros fundadores de la universidad se reunieran, crearan un nuevo consejo, sacaran a Carlos Jaller Raad (esposo de Ivonne) de la rectoría en diciembre de 2016 y nombraran en su reemplazo a Alberto Acosta Pérez y a Luis Fernando Acosta Osío como presidente del consejo. De esta manera, se crearon dos consejos directivos enfrentando a Alberto Acosta Pérez con Ivonne Acosta Acero, que buscaron su reconocimiento ante el Ministerio, siendo el primero el que lo consiguió.
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Según la Corte, Pulgar buscó interceder en una audiencia en la debía establercerse la legalidad de la remoción como rector de Carlos Jaller. El caso le tocó al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Usiacurí (Atlántico), a cargo entonces de Andrés Rodríguez Caez, quien grabó cuando en una reunión, el senador le pidió desestimar las pretensiones de ese caso y fallar en favor de Luis Fernando Acosta Osío, alegando que este le daba votos y dinero a su campaña. En esa reunión Pulgar, cuyo audio reveló el periodista Daniel Coronell, dice que ya había adelantado gestiones ante funcionarios de Presidencia y del Ministerio y ofrece $200 millones.
Para la defensa de Pulgar, ese audio tendría problemas por lo que interpuso una objeción por error grave contra el dictamen que concluyó que los audios no habían sido alterados. De hecho, el magistrado Francisco Farfán salvó voto asegurando que la Sala debió abstenerse de considerar la grabación como fundamento probatorio, aunque ese registro de audio no es el único elemento de prueba que usó la Sala de Instrucción para detener a Pulgar y así lo ratificó la Sala de Primera Instancia.
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En el proceso declararon la exministra de Educación Yaneth Giha y otras dos funcionarias, quienes negaron alguna influencia de Pulgar Daza en la inscripción del representante legal de la universidad. Para la Corte, sin embargo, está probado que ese proceso no fue pacífico y que se resolvió poco antes de las reuniones de las cuales dan cuentas los audios, realizadas entre el 17 de mayo y el 14 de junio de 2017, justamente en favor del bando que Pulgar pretendía favorecer y con una rapidez inusitada, según los otros interesados en este asunto. “Se afianza la realidad del reconocimiento que efectuó de haber desplegado sus influencias ante las autoridades nacionales para que la inscripción del representante legal se efectuara a favor del designado por la familia Acosta”, dijo la Corte.
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De acuerdo con la defensa de Pulgar, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cuando le impuso medida de aseguramiento, “dejó de valorar las pruebas que indicaban que dos registros magnetofónicos entregados en un CD por el testigo Andrés Rodríguez Cáez (el juez que habría revelado el supuesto intento de soborno), no son auténticos”. Incluso, la representación del procesado indicó que hay al menos 20 pruebas testimoniales que indicarían la falsedad de tal prueba y, por tanto, la detención del senador no tendría fundamento alguno.
La prueba reina de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema es, precisamente, esa grabación en la que se escucharía a Eduardo Pulgar ofreciendo un supuesto soborno para intentar torcer al juez Rodríguez Cáez. Así quedó retratado el momento: “Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa’ ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad (Metropolitana de Barranquilla) me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’ lante. Así de sencillo”, como lo reveló el periodista Daniel Coronell en la columna Pulgarcito.
Según la defensa de Eduardo Pulgar, tales declaraciones carecen de validez, pues el mismo juez involucrado admitió haber destruido el contenedor original por “miedo”, asimismo, tampoco se sabría quien aseguró los archivos en otro espacio y que no se reconocen las voces de quienes hablan en ese momento. “Ni el audio ni los archivos son técnicamente perfectos como para sostener que son auténticos sin necesidad de un testigo que los acredite, sino que se requiere prueba técnica confiable sometida a contradicción”, allegaron los representantes de Pulgar a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.
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Sin embargo, para la sección de la alta corte que mantuvo su detención, la petición de la defensa de Pulgar debió puntualizar el tipo de error probatorio en el que se funda la solicitud, individualizar el medio o los medios de prueba sobre los que se denuncia algún tipo de desacierto y “acreditar cómo, de no haber ocurrido la supuesta falta, el sentido de la decisión habría sido sustancialmente distinto y apuesto al contenido en la resolución objeto de cuestionamiento”. Además, la corporación agregó que en la misma grabación se “da cuenta” del ofrecimiento ilícito de dinero, lo cual está respaldado por el testimonio rendido bajo juramento del juez Rodríguez Cáez.
“La Sala no puede dejar de resaltar que el número y gravedad de los delitos atribuidos al senador Pulgar Daza, así como la naturaleza funcional de los mismos por presuntamente haber sido llevados a cabo durante el ejercicio del mismo cargo que ahora desempeña, reafirman la necesidad de la medida de aseguramiento impuesta por la Sala Especial de Instrucción (…) al sindicado se le atribuye haber ejercido influencia indebida en un servidor de la Rama Judicial y ofrecerle dinero a fin de obtener decisión favorable a sus intereses”, concluyó la Sala Especial de Primera Instancia.