Corte Suprema no investigará a Iván Cepeda tras petición de congresista del Uribismo

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, no será investigador por la Corte Suprema de Justicia, tras haber sido denunciado en 2014 por el expresidente Álvaro Uribe, por presuntamente intentar sobornar testigos en su contra. La alta corte rechazó la solicitud de revocatoria de un auto inhibitorio del 16 de febrero de 2018, cuando la corporación archivó las acusaciones contra Cepeda y, en lugar de ello, inició una investigación contra el representante del Centro Democrático por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal.

En contexto: Caso Uribe: lo que dijo la Corte Suprema, versus lo que encontró la Fiscalía

El representante Edward Rodríguez, también adversario de Cepeda en la Procuraduría, en un expediente por perdida de investidura contra el uribista, presentó solicitud de revocatoria contra una de las decisiones más importantes del caso Uribe. Sin embargo, de acuerdo con Cepeda, la Sala Especial de Instrucción de Corte Suprema le respondió que no tenía legitimación para radicar la petición y, además, que no aportó nuevas pruebas al debate. Rodríguez habría mencionado que existen “hechos sobrevinientes”, pero no lo habría sustentado.

Sobre la falta de legitimidad, la alta corte le respondió a Edward Rodríguez que la activación del mecanismo de revocatoria, en el caso Uribe, no estaba a cargo de él, si no eventualmente del directamente involucrado: Álvaro Uribe Vélez. De manera oficiosa la Sala de Instrucción asumió el conocimiento de la petición y, aún así, de acuerdo con lo expuesto por Cepeda, los magistrados respondieron que Rodríguez se limitó a ofrecer su “personal punto de vista”.

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Todo comenzó el 11 de abril de 2012, cuando el senador Iván Cepeda presidió un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara. El caso expuesto por Cepeda, desde entonces, ha tenido una trascendencia nunca antes vista, pues hoy es el único proceso en contra de Álvaro Uribe que ha superado la etapa de investigación. En su denuncia, el senador habló sobre la presunta participación del expresidente Uribe en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el municipio de San Roque, cuando el 13 de junio de 1996 fueron asesinadas 6 personas.

De acuerdo con Cepeda, el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, y el condenado Juan Guillermo Monsalve, testigo clave tanto en la corte como en la justicia ordinaria, le habrían rendido testimonio sobre hechos que vincularían al expresidente con la conformación del Bloque Metro de las AUC y, por consiguiente, las masacres en San Roque (1996), La Granja (1996) y El Aro (1997). Además, según ellos, estarían manchados también su hermano Santiago, Santiago Gallón y los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe.

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En septiembre de 2012, tras el debate de control político, Monsalve sostuvo su palabra ante la Fiscalía. “Cuando Monsalve se entrevistó con Cepeda Castro, no obstante las amenazas, estaba decidido a contar su verdad y, por ello, contactó con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, que documentaba el Bloque Metro, sin obtener la receptividad que esperaba”, dijo la Corte, en el referido auto que ordenó la investigación contra Uribe, la cual, tras caer aterrizar en la justicia ordinaria, está en trámite de preclusión por solicitud de la fiscalía de Gabriel Jaimes.

Luego, el 17 de septiembre de 2014, el senador Iván Cepeda retomó sus denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe, quien, para la fecha, se había posicionado como el senador más votado de la historia -2 millones de sufragios-. En un nuevo debate de control político, cuyo antagonista era el propio expresidente, Cepeda arremetió con una intervención nombrada “Álvaro Uribe Vélez: narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica”. Enseñó fotografías, recortes de periódicos, documentos escaneados y los testimonios de Monsalve, argumentando la presunta actividad paramilitar de su oponente político.

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¿Qué pasó en medio del debate? Antes de que Cepeda terminara su intervención, el expresidente Álvaro Uribe se retiró del recinto y se dirigió a la Corte Suprema de Justicia. En medio de un fuerte operativo de seguridad, a eso de las 11 de la mañana, el entonces senador radicó una denuncia ante la Secretaría de la Sala Civil, asegurando que era víctima de una “difamación”, en actuaciones auspiciadas supuestamente por las Farc. Tiempo después amplió su denuncia en la Procuraduría.

Aquellos alegatos de Uribe no tuvieron el resultado esperado. El 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia anunció que no investigaría a Cépeda a raíz de las denuncias del expresidente, al contrario, en menos de una semana decidió iniciar una indagación preliminar contra el senador del Centro Democrático, vinculándolo a un proceso por presunta manipulación de testigos. Luego, a través de un histórico auto de 1.554 páginas, el 3 de agosto de 2020 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, ante lo cual el político reaccionó renunciando al Senado dos semanas después.

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Desde entonces, el expediente cayó en la justicia ordinaria y la investigación estuvo a cargo del fiscal Gabriel Jaimes. Luego de diferentes instancias, en las cuales Uribe Vélez quedó libre pero imputado por dos delitos, está en trámite la solicitud de preclusión presentada por el ente investigador, el cual concluyó que, tras analizar los papeles de la corte y decretar otras pruebas, la conducta del exmandatario no constituye delito alguno y otras que sí lo indican, no serían su culpa. Lo último que se supo es que Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, no será reconocida como víctima en el proceso.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, no será investigador por la Corte Suprema de Justicia, tras haber sido denunciado en 2014 por el expresidente Álvaro Uribe, por presuntamente intentar sobornar testigos en su contra. La alta corte rechazó la solicitud de revocatoria de un auto inhibitorio del 16 de febrero de 2018, cuando la corporación archivó las acusaciones contra Cepeda y, en lugar de ello, inició una investigación contra el representante del Centro Democrático por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal.

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El representante Edward Rodríguez, también adversario de Cepeda en la Procuraduría, en un expediente por perdida de investidura contra el uribista, presentó solicitud de revocatoria contra una de las decisiones más importantes del caso Uribe. Sin embargo, de acuerdo con Cepeda, la Sala Especial de Instrucción de Corte Suprema le respondió que no tenía legitimación para radicar la petición y, además, que no aportó nuevas pruebas al debate. Rodríguez habría mencionado que existen “hechos sobrevinientes”, pero no lo habría sustentado.

Sobre la falta de legitimidad, la alta corte le respondió a Edward Rodríguez que la activación del mecanismo de revocatoria, en el caso Uribe, no estaba a cargo de él, si no eventualmente del directamente involucrado: Álvaro Uribe Vélez. De manera oficiosa la Sala de Instrucción asumió el conocimiento de la petición y, aún así, de acuerdo con lo expuesto por Cepeda, los magistrados respondieron que Rodríguez se limitó a ofrecer su “personal punto de vista”.

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Todo comenzó el 11 de abril de 2012, cuando el senador Iván Cepeda presidió un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara. El caso expuesto por Cepeda, desde entonces, ha tenido una trascendencia nunca antes vista, pues hoy es el único proceso en contra de Álvaro Uribe que ha superado la etapa de investigación. En su denuncia, el senador habló sobre la presunta participación del expresidente Uribe en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el municipio de San Roque, cuando el 13 de junio de 1996 fueron asesinadas 6 personas.

De acuerdo con Cepeda, el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, y el condenado Juan Guillermo Monsalve, testigo clave tanto en la corte como en la justicia ordinaria, le habrían rendido testimonio sobre hechos que vincularían al expresidente con la conformación del Bloque Metro de las AUC y, por consiguiente, las masacres en San Roque (1996), La Granja (1996) y El Aro (1997). Además, según ellos, estarían manchados también su hermano Santiago, Santiago Gallón y los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe.

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En septiembre de 2012, tras el debate de control político, Monsalve sostuvo su palabra ante la Fiscalía. “Cuando Monsalve se entrevistó con Cepeda Castro, no obstante las amenazas, estaba decidido a contar su verdad y, por ello, contactó con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, que documentaba el Bloque Metro, sin obtener la receptividad que esperaba”, dijo la Corte, en el referido auto que ordenó la investigación contra Uribe, la cual, tras caer aterrizar en la justicia ordinaria, está en trámite de preclusión por solicitud de la fiscalía de Gabriel Jaimes.

Luego, el 17 de septiembre de 2014, el senador Iván Cepeda retomó sus denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe, quien, para la fecha, se había posicionado como el senador más votado de la historia -2 millones de sufragios-. En un nuevo debate de control político, cuyo antagonista era el propio expresidente, Cepeda arremetió con una intervención nombrada “Álvaro Uribe Vélez: narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica”. Enseñó fotografías, recortes de periódicos, documentos escaneados y los testimonios de Monsalve, argumentando la presunta actividad paramilitar de su oponente político.

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Aquellos alegatos de Uribe no tuvieron el resultado esperado. El 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia anunció que no investigaría a Cépeda a raíz de las denuncias del expresidente, al contrario, en menos de una semana decidió iniciar una indagación preliminar contra el senador del Centro Democrático, vinculándolo a un proceso por presunta manipulación de testigos. Luego, a través de un histórico auto de 1.554 páginas, el 3 de agosto de 2020 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, ante lo cual el político reaccionó renunciando al Senado dos semanas después.

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Desde entonces, el expediente cayó en la justicia ordinaria y la investigación estuvo a cargo del fiscal Gabriel Jaimes. Luego de diferentes instancias, en las cuales Uribe Vélez quedó libre pero imputado por dos delitos, está en trámite la solicitud de preclusión presentada por el ente investigador, el cual concluyó que, tras analizar los papeles de la corte y decretar otras pruebas, la conducta del exmandatario no constituye delito alguno y otras que sí lo indican, no serían su culpa. Lo último que se supo es que Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, no será reconocida como víctima en el proceso.