Corte Suprema no ordenará la reapertura de investigación por crimen de Gloria Lara
El alto tribunal señaló que no podía catalogarse como un delito de lesa humanidad.
El Espectador
Al considerar que no cumple con los requisitos para catalogarlo como un crimen de lesa humanidad, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no aceptar la solicitud de la Procuraduría General para reabrir la investigación que se adelantaba por el secuestro y asesinato de Gloria Lara Echeverry registrado hace más de 27 años.
La funcionaria estatal, que fue nombrada como directora de Acción Comunal durante el Gobierno de Julio César Turbay Ayala, fue hallada muerta en noviembre de 1982 con un tiro en la cabeza, tras cuatro meses de haber sido secuestrada, en acción que fue atribuida a la Organización Revolucionaria Popular, toda vez que su cadáver permanecía envuelto en una bandera de ese grupo insurgente.
El expediente se encontraba en el despacho del magistrado Leonidas Bustos, luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara la reapertura, considerando que se trataba de un crimen que hacía parte de una conducta delictiva permanente en contra de un grupo humano, en este caso los funcionarios que integraban las institucionalidad colombiana.
Los términos legales para adelantar la investigación judicial precluyeron hace 11 años, sin que se hubiera proferido condena alguna en contra de los responsables del secuestro y posterior homicidio de la dirigente.
Al parecer, muchos de los sospechosos se encuentran en el exterior en calidad de refugiados, según algunos testimonios que serían valorados por la Fiscalía General de la Nación, en caso de que la Corte Suprema de Justicia acceda a la petición de ordenar la reapertura del proceso.
Al considerar que no cumple con los requisitos para catalogarlo como un crimen de lesa humanidad, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no aceptar la solicitud de la Procuraduría General para reabrir la investigación que se adelantaba por el secuestro y asesinato de Gloria Lara Echeverry registrado hace más de 27 años.
La funcionaria estatal, que fue nombrada como directora de Acción Comunal durante el Gobierno de Julio César Turbay Ayala, fue hallada muerta en noviembre de 1982 con un tiro en la cabeza, tras cuatro meses de haber sido secuestrada, en acción que fue atribuida a la Organización Revolucionaria Popular, toda vez que su cadáver permanecía envuelto en una bandera de ese grupo insurgente.
El expediente se encontraba en el despacho del magistrado Leonidas Bustos, luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara la reapertura, considerando que se trataba de un crimen que hacía parte de una conducta delictiva permanente en contra de un grupo humano, en este caso los funcionarios que integraban las institucionalidad colombiana.
Los términos legales para adelantar la investigación judicial precluyeron hace 11 años, sin que se hubiera proferido condena alguna en contra de los responsables del secuestro y posterior homicidio de la dirigente.
Al parecer, muchos de los sospechosos se encuentran en el exterior en calidad de refugiados, según algunos testimonios que serían valorados por la Fiscalía General de la Nación, en caso de que la Corte Suprema de Justicia acceda a la petición de ordenar la reapertura del proceso.