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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó al presidente Gustavo Petro rendir declaración jurada en el marco de la investigación contra seis congresistas implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La orden fue emitida por el magistrado Misael Rodríguez Castellanos mediante un auto fechado este marte 3 de diciembre. En el documento, se instruye que el mandatario deberá responder a las preguntas bajo certificación jurada. Para ello, se enviará un cuestionario elaborado por la defensa de los investigados, el cual será remitido posteriormente al jefe de Estado.
Esta diligencia se enmarca en la investigación que adelanta el alto tribunal contra los congresistas Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Todos están siendo investigados por presunto cohecho impropio.
Según la Corte, los legisladores habrían emitido conceptos favorables sobre operaciones de crédito público del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios que se materializarían en contratos adjudicados por la Ungrd. La decisión de la alta corte se fundamenta en más de 50 pruebas documentales y diez testimoniales recabados por la policía judicial. Estas evidencias permitieron construir la hipótesis de que los congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, acordaron recibir dádivas en forma de contratos en las regiones mencionadas.
Desde esta semana, los implicados han sido citados a indagatoria ante el despacho del magistrado Rodríguez. Sin embargo, los representantes Karen Manrique y Wadith Manzur se acogieron al derecho a guardar silencio, argumentando que no declararán hasta que lo haga Olmedo López, exdirector de la UNGRD y testigo clave en el caso.
El calendario de comparecencias continúa esta semana con Liliana Bitar Castilla, citada para el 4 de diciembre. Posteriormente, Julián Peinado Ramírez rendirá declaración el 9 de diciembre, seguido por Juan Pablo Gallo Maya el 10 de diciembre y Juan Diego Muñoz Cabrera el 11 de diciembre.
En el marco del caso de la UNGRD, al alto tribunal también citó a declarar a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien deberá comparecer este jueves 5 de diciembre a las 2:00 p.m. ante el despacho del mismo magistrado Rodríguez. Benavides, quien ya había rendido testimonio ante la Fiscalía, señaló que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tenía conocimiento de las irregularidades en la adjudicación de contratos.
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En audios revelados por Noticias Caracol, la exfuncionaria afirmó que Bonilla utilizó su posición para facilitar estos acuerdos ilícitos: “Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”. Según las investigaciones, dichos contratos, que sumaban $92.000 millones, fueron direccionados hacía proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Al parecer, el propósito de estas adjudicaciones era asegurar el respaldo de congresistas de la Comisión de Crédito Público, quienes, a cambio, apoyarían la aprobación de millonarios préstamos para el Gobierno en diciembre de 2023.
Por su parte, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, vinculó directamente a la Casa de Nariño en el entramado de corrupción. En su declaración ante la Corte Suprema, López aseguró que altos funcionarios del Gobierno, incluidos ministros como Bonilla, participaron en reuniones donde se pactó la compra de votos de congresistas a cambio de contratos públicos. Según López, estas reuniones, que involucraban a diversos altos funcionarios, buscaban garantizar apoyos legislativos mediante la entrega de beneficios y contratos direccionados.
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