La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, rechazo la filtración de la declaración juramentada, y bajo reserva, del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López. La entidad pedirá a las autoridades correspondientes que se investigue la filtración, que es considerada un delito.
Aunque la Sala explicó ser respetuosa ante la libertad de prensa, consideró que la filtración de la pieza procesal, que ocurrió ayer 16 de julio en el noticiero de Caracol Televisión, puede “afectar el normal y eficaz desarrollo de la investigación, que tiene un alto grado de complejidad y relevancia nacional”.
Las declaraciones de Olmedo López, y a quienes implican
Las declaraciones filtradas del exdirector de la Ungrd ante la Corte Suprema de Justicia, entregaban información sobre la supuesta participación de nueve congresistas y los ministros del Interior, Hacienda y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en casos de corrupción relacionados con la entidad. López expuso que desde las carteras se organizaban reuniones para hacer acuerdos por debajo de la mesa y favorecer iniciativas en el Congreso a cambio de puestos en la Ungrd.
Según manifestó López, la delegación de contratos se impartían en “el cónclave”, nombre asignado a los supuestos encuentros con ministros y congresistas. Al menos dos reuniones se realizaron el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, y otra el 15 de diciembre “en la oficina de un ministro cerca a Palacio de Nariño”. De acuerdo a las declaraciones, en uno de esos encuentros participó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y una de sus asesoras, la cual visitaba regularmente la Ungrd.
El ministro Bonilla, según el exdiector de la Ungrd, había autorizado en el Congreso la adición de $208 mil millones al presupuesto de la Unidad, tres meses antes de las elecciones regionales de octubre de 2023 y en el Capitolio recibió el apoyo de al menos 20 congresistas. Entre ellos aparecieron los nombres de Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Conservador) y Julián Gallo (Partido Liberal), quienes ahora están involucrados en la investigación de la Fiscalía en contra de López y Pinilla.
De igual manera, no fue un solo ministro el que impartía las órdenes, sino que eran varios los que daban las supuestas órdenes de los contratos, para conseguir leyes o cambios en ellas para intereses específicos. En sus declaraciones ante el alto tribunal, López también señaló haberse reunido con el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y Carlos Ramón González, actual director de la DNI —quien en la época de las reuniones—, se encontraba liderando el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
La manera en que funcionaba esta supuesta red de corrupción del más alto nivel, consistía en ver qué cantidad de votos hacían falta en una comisión para aprobar una iniciativa y así mismo asegurar el apoyo de legisladores con contratos. Sin embargo, y de acuerdo con las palabras de Olmedo López, estos contratos no se alcanzaron a firmar por el escándalo de la Ungrd que lo sacó de su cargo como director.
También, entre las supuestas reuniones en las que participó Olmedo López y dirigió el ministro de Hacienda, Bonilla le ordenó direccionar tres contratos que sumaban $92 mil millones. Ese dinero, de acuerdo con su declaración, se habría utilizado para beneficiar a ciertos congresistas seleccionados por el ministro Bonilla, y fueron ratificados por la congresista Karen Manrique, representante a la Cámara de la circunscripción especia de paz por Arauca.
Los nueve congresistas que, según la Fiscalía, habrían participado en hechos de corrupción relacionados con la contratación en la Ungrd son: Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Karen Astrith Manrique Olarte (Citrep), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde). Ellos, ya están siendo investigados por la Sala de Instrucción por su presunta participación, y todos los procesos quedaron a cargo del magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala.
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