Corte Suprema se negó a anular proceso contra Camilo Romero y regañó a su abogado

El juicio contra el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, seguirá su curso. La Corte Suprema de Justicia negó una solicitud de nulidad que había interpuesto su defensor, quien aseguraba que había pruebas de la Fiscalía que no debían ser admitidas. No obstante, los magistrados concluyeron que este tipo de solicitudes de la defensa han sido resueltas ya en varias oportunidades por la justicia.

Camilo Romero está en juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte por posibles irregularidades en un procesp de contratación que autorizó cuando era gobernador de Nariño, entre 2016 y 2019. En concreto, se trata de un convenio que firmó sobre la comercialización de aguardiente en el departamanto, cuyo costo fue de $18.000 millones, y por el cual también está en juicio el gobernador encargado de la época, Mario Benavides.

Desde 2019, la Fiscalía los llamó a juicio, pero en el camino la defensa de Camilo Romero ha intentado una y otra vez que el proceso se anule. La última vez que lo hizo fue en diciembre de 2022, cuando nuevamente aseguró que el fiscal del caso había presentado pruebas que no podían ser consideradas en juicio. Por ejemplo, que en los informes de allanamiento “no se observan los procedimientos propios de la criminalística (…) como son las fotografías que advierten las nomenclaturas de los lugares donde se llevaron a cabo”.

En el caso de otros informes sobre datos extraídos de computadores, la defensa de Romero aseguró que “se cometieron errores en las inspecciones para la recolección de evidencia digital”, porque no se incluyeron fotografías de cada uno de los equipos inspeccionados, lo que supuestamente impide la trazabilidad de la información. Además, porque los funcionarios del CTI que apoyaron esas diligencias no especificaron qué actuaciones de informática forense llevaron a cabo.

La Corte se despachó contra la defensa del embajador Romero, porque ya este asunto había sido resuelto anteriormente. Desde las audiencias preparatorias de juicio, la Sala de Primera Instancia “se pronunció sobre las pretensiones probatorias de las partes, así como respecto de las solicitudes de exclusión, rechazo e inadmisión de pruebas invocadas por cada una de ellas”, reseñó la decisión. Lo que sucedió a en las preparatorias luego fue confirmado, incluso por la Sala Penal del alto tribunal.

Luego los abogados de Romero interpusieron un recurso de nulidad y también fue negado. “(No debe entenderse) que las partes pueden acudir a dicha prerrogativa de invocar la ineficacia de lo actuado cuantas veces estime pertinente y el juez en la obligación de dar trámite a dichas solicitudes, así las mismas resulten manifiestamente improcedentes por haber sido ya resueltas, o porque carecen en absoluto de fundamento o en últimas porque no es el momento procesal oportuno para hacerlo”, cuestionó la Corte Suprema.

Así las cosas, ante la “manifiesta improcedencia y la absoluta falta de fundamento fáctico” de la petición, la Corte Suprema dejó en firme el juicio contra Camilo Romero. El embajador, entonces, debe tomar el banquillo de los acusados por los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El juicio contra el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, seguirá su curso. La Corte Suprema de Justicia negó una solicitud de nulidad que había interpuesto su defensor, quien aseguraba que había pruebas de la Fiscalía que no debían ser admitidas. No obstante, los magistrados concluyeron que este tipo de solicitudes de la defensa han sido resueltas ya en varias oportunidades por la justicia.

Camilo Romero está en juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte por posibles irregularidades en un procesp de contratación que autorizó cuando era gobernador de Nariño, entre 2016 y 2019. En concreto, se trata de un convenio que firmó sobre la comercialización de aguardiente en el departamanto, cuyo costo fue de $18.000 millones, y por el cual también está en juicio el gobernador encargado de la época, Mario Benavides.

Desde 2019, la Fiscalía los llamó a juicio, pero en el camino la defensa de Camilo Romero ha intentado una y otra vez que el proceso se anule. La última vez que lo hizo fue en diciembre de 2022, cuando nuevamente aseguró que el fiscal del caso había presentado pruebas que no podían ser consideradas en juicio. Por ejemplo, que en los informes de allanamiento “no se observan los procedimientos propios de la criminalística (…) como son las fotografías que advierten las nomenclaturas de los lugares donde se llevaron a cabo”.

En el caso de otros informes sobre datos extraídos de computadores, la defensa de Romero aseguró que “se cometieron errores en las inspecciones para la recolección de evidencia digital”, porque no se incluyeron fotografías de cada uno de los equipos inspeccionados, lo que supuestamente impide la trazabilidad de la información. Además, porque los funcionarios del CTI que apoyaron esas diligencias no especificaron qué actuaciones de informática forense llevaron a cabo.

La Corte se despachó contra la defensa del embajador Romero, porque ya este asunto había sido resuelto anteriormente. Desde las audiencias preparatorias de juicio, la Sala de Primera Instancia “se pronunció sobre las pretensiones probatorias de las partes, así como respecto de las solicitudes de exclusión, rechazo e inadmisión de pruebas invocadas por cada una de ellas”, reseñó la decisión. Lo que sucedió a en las preparatorias luego fue confirmado, incluso por la Sala Penal del alto tribunal.

Luego los abogados de Romero interpusieron un recurso de nulidad y también fue negado. “(No debe entenderse) que las partes pueden acudir a dicha prerrogativa de invocar la ineficacia de lo actuado cuantas veces estime pertinente y el juez en la obligación de dar trámite a dichas solicitudes, así las mismas resulten manifiestamente improcedentes por haber sido ya resueltas, o porque carecen en absoluto de fundamento o en últimas porque no es el momento procesal oportuno para hacerlo”, cuestionó la Corte Suprema.

Así las cosas, ante la “manifiesta improcedencia y la absoluta falta de fundamento fáctico” de la petición, la Corte Suprema dejó en firme el juicio contra Camilo Romero. El embajador, entonces, debe tomar el banquillo de los acusados por los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.

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