Corte Suprema también rechaza idea de crear una gran sala anticorrupción
La Fiscalía y el Ministerio de Justicia tampoco están de acuerdo con la propuesta de dos ONG. El alto tribunal considera que la idea de esta nueva institución va en contra de las reglas de la democracia.
La idea de dos organizaciones no gubernamentales de crear una gran sala anticorrupción para juzgar casos de corrupción en Colombia no cayó nada bien en las altas instancias de la Rama Judicial. Además de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, ahora la Corte Suprema de Justicia expresó su rechazo a esta iniciativa.
“La Corte Suprema se opone a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados”, explicó el alto tribunal mediante un comunicado.
(En contexto: Fiscalía y Minjusticia se oponen a propuesta de crear una gran sala anticorrupción)
La iniciativa es del Instituto Anticorrupción y la Fundación Paz y Reconciliación, que sugirieron seguir las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por Naciones Unidas para investigar casos de corrupción.
Para la Corte, “a miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidades penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños”. Y todo eso se ha logrado, agrega el alto tribunal, gracias a los jueces, magistrados y el Ministerio Público.
(Le puede interesar: Una propuesta anticorrupción que puso a todo el mundo nervioso)
Lo que el alto tribunal propone es que se hagan modificaciones legales que puedan mejorar las herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción o para facilitar el trabajo de los servidores judiciales. Lo que no puede pasar, agrega la Corte, es que esos cambios “avasallen la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas”.
El rechazo de la Corte Suprema a la idea de una sala para juzgar casos de corrupción lo comparte la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Para el fiscal Francisco Barbosa, “aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. La justicia colombiana merece respeto y la Corte Suprema de Justicia merece respeto. Nadie puede venir aquí porque se le ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción, como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”.
(Lea también: Hernando Herrera: crear otra sala en Corte Suprema es peligroso y desconsiderado)
Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que: “Una sala transitoria (enorme, pero provisional) en la Corte Suprema acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigente y debilitar las investigaciones y procesos en curso”. Además, dijo que mientras se surten los procesos necesarios para hacerlo realidad pasarían, al menos, tres años, y “una propuesta que se aplaza tanto no es útil”.
La propuesta de la ONG, aunque ha generado ruido y reacciones como la de la Fiscalía, el ministro Osuna y ahora la Corte Suprema, no cuenta con el aval del Gobierno ni se ha presentado formalmente mediante u proyecto de ley.
La idea de dos organizaciones no gubernamentales de crear una gran sala anticorrupción para juzgar casos de corrupción en Colombia no cayó nada bien en las altas instancias de la Rama Judicial. Además de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, ahora la Corte Suprema de Justicia expresó su rechazo a esta iniciativa.
“La Corte Suprema se opone a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados”, explicó el alto tribunal mediante un comunicado.
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La iniciativa es del Instituto Anticorrupción y la Fundación Paz y Reconciliación, que sugirieron seguir las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por Naciones Unidas para investigar casos de corrupción.
Para la Corte, “a miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidades penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños”. Y todo eso se ha logrado, agrega el alto tribunal, gracias a los jueces, magistrados y el Ministerio Público.
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Lo que el alto tribunal propone es que se hagan modificaciones legales que puedan mejorar las herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción o para facilitar el trabajo de los servidores judiciales. Lo que no puede pasar, agrega la Corte, es que esos cambios “avasallen la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas”.
El rechazo de la Corte Suprema a la idea de una sala para juzgar casos de corrupción lo comparte la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Para el fiscal Francisco Barbosa, “aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. La justicia colombiana merece respeto y la Corte Suprema de Justicia merece respeto. Nadie puede venir aquí porque se le ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción, como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”.
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Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que: “Una sala transitoria (enorme, pero provisional) en la Corte Suprema acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigente y debilitar las investigaciones y procesos en curso”. Además, dijo que mientras se surten los procesos necesarios para hacerlo realidad pasarían, al menos, tres años, y “una propuesta que se aplaza tanto no es útil”.
La propuesta de la ONG, aunque ha generado ruido y reacciones como la de la Fiscalía, el ministro Osuna y ahora la Corte Suprema, no cuenta con el aval del Gobierno ni se ha presentado formalmente mediante u proyecto de ley.