“CPI es usada con fines políticos”

La entrada en vigencia para Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) en el capítulo de crímenes de guerra a partir del domingo, 1º de noviembre, no significa un antes y un después en la justicia nacional, sino que ese tribunal actuará como un complemento y sólo entraría al país de manera excepcional, en caso de que en el Estado haya falta de disposición para avanzar en las investigaciones o por un colapso de la justicia. Así lo manifestó Francisco José Lloreda Mera, embajador de Colombia ante La Haya, quien sostuvo que la Corte Penal está siendo utilizada como un instrumento de debate político interno, aprovechando el desconocimiento que hay sobre ese tribunal. Lloreda fue más allá e incluso dijo que lo ideal es que ni la guerrilla ni los paramilitares terminen ante la CPI.

¿Llegó la hora de la Corte Penal Internacional?

Estamos en la hora de la justicia nacional, en que el sistema judicial colombiano trabaja con seriedad en la judicialización y condena de los crímenes atroces de eventual competencia de la Corte. Por eso se debe entender su función de manera complementaria.

¿Existe la percepción de que hay prevención en Colombia frente a la llegada de la CPI?

La CPI ya tiene jurisdicción sobre genocidio y lesa humanidad desde 2002, lo que ocurre desde ayer es que la tendrá con crímenes de guerra. Tengo, sin embargo, la impresión de que por desconocimiento o por otras razones se utiliza a la CPI para distintos propósitos. Uno de ellos de carácter político.

¿Pero qué sectores estarían interesados en utilizar la Corte con fines políticos?

No preciso sectores como tales. Simplemente sorprende cuando algunos amenazan con llevar denuncias a la Corte, lo que refleja un desconocimiento profundo de la Corte. Porque esta es una Corte de reserva, de último recurso, que sólo se activa de manera excepcional.

En Colombia se escucha: “la guerrilla y los paramilitares van terminar en la CPI”.

Lo ideal es que no termine ninguno. Porque eso significaría que la justicia colombiana está cumpliendo con su deber y que está produciendo resultados y sólo en el caso eventual de que el Estado colombiano y su sistema de justicia no adelanten las investigaciones correspondientes, es cuando cobra sentido una intervención de la Corte.

En el proceso con los paramilitares una de las grandes dudas es si se cumplieron los principios de verdad, justicia y reparación. ¿La CPI puede entrar a revisar ese tema?

La mayoría de los conflictos internos que hay en el mundo y que son aproximadamente 19, se siguen resolviendo a través de modelos centrados en la amnistía y el indulto. Ese ya no es el caso de Colombia. Colombia ha buscado balancear justicia y paz y eso lo respeta la Corte Penal.

¿Y el hecho de que ya no se aplique amnistía e indulto es una talanquera para un eventual proceso de paz con las Farc?

No, pero bajo el entendido de que sería muy difícil a futuro una negociación de paz bajo un marco de impunidad. Los tiempos cambian y también cambian para la guerrilla.

¿Hay algún tipo de investigación o proceso en la CPI sobre Colombia?

Colombia está bajo análisis preliminar por una razón: porque la Fiscalía de la Corte tiene información de que en Colombia se podrían haber cometido crímenes de su competencia. Pero un análisis preliminar no es la cabeza de proceso, ni una apertura de investigación.

¿En Colombia se ha hablado de la jurisdicción de la Corte en casos como los ‘falsos positivos’?

 En el caso de los ‘falsos positivos’, si se enmarcara esa conducta bajo crimen de guerra, pues los hechos acaecidos hacia atrás no podrían ser de competencia de la Corte. Y si se enmarcan los ‘falsos positivos’ bajo la definición de lesa humanidad, pues tampoco encontramos una situación clara, porque la lesa humanidad son actos que son parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil con conocimiento de ello.

¿Hay unos criterios muy subjetivos para asumir un caso y mediados por la política?

Yo no creo. Un ejemplo: si el fiscal de la Corte abriera una investigación en Colombia, no lo puede hacer de manera automática. Debe solicitar autorización a una sala de cuestiones preliminares, compuesta por un grupo de jueces, con la posibilidad para el Estado de señalarle tanto al fiscal como a esa sala si está de acuerdo con las investigaciones correspondientes.

Presentado proyecto para defender militares ante CPI

Más de $7.500 millones al año destinará el Estado colombiano para la defensa de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que sean denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI), anunció la representante a la Cámara, Lucero Cortés. La parlamentaria dijo que así lo prevé un proyecto de ley de su autoría que tiene mensaje de urgencia, que busca facilitar el acceso a una pronta, efectiva y especializada defensa técnica en conductas que resulten investigadas por la CPI, ya que con ello se asegurará el respeto a la dignidad del sindicado, protección de sus derechos humanos y la garantía de los principios que rigen el derecho penal internacional. “Los recursos saldrán de los aportes de los mismos soldados, cooperativas y empresas con ánimo de lucro, así como por organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales y del Presupuesto Nacional, señaló Cortés.

La entrada en vigencia para Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) en el capítulo de crímenes de guerra a partir del domingo, 1º de noviembre, no significa un antes y un después en la justicia nacional, sino que ese tribunal actuará como un complemento y sólo entraría al país de manera excepcional, en caso de que en el Estado haya falta de disposición para avanzar en las investigaciones o por un colapso de la justicia. Así lo manifestó Francisco José Lloreda Mera, embajador de Colombia ante La Haya, quien sostuvo que la Corte Penal está siendo utilizada como un instrumento de debate político interno, aprovechando el desconocimiento que hay sobre ese tribunal. Lloreda fue más allá e incluso dijo que lo ideal es que ni la guerrilla ni los paramilitares terminen ante la CPI.

¿Llegó la hora de la Corte Penal Internacional?

Estamos en la hora de la justicia nacional, en que el sistema judicial colombiano trabaja con seriedad en la judicialización y condena de los crímenes atroces de eventual competencia de la Corte. Por eso se debe entender su función de manera complementaria.

¿Existe la percepción de que hay prevención en Colombia frente a la llegada de la CPI?

La CPI ya tiene jurisdicción sobre genocidio y lesa humanidad desde 2002, lo que ocurre desde ayer es que la tendrá con crímenes de guerra. Tengo, sin embargo, la impresión de que por desconocimiento o por otras razones se utiliza a la CPI para distintos propósitos. Uno de ellos de carácter político.

¿Pero qué sectores estarían interesados en utilizar la Corte con fines políticos?

No preciso sectores como tales. Simplemente sorprende cuando algunos amenazan con llevar denuncias a la Corte, lo que refleja un desconocimiento profundo de la Corte. Porque esta es una Corte de reserva, de último recurso, que sólo se activa de manera excepcional.

En Colombia se escucha: “la guerrilla y los paramilitares van terminar en la CPI”.

Lo ideal es que no termine ninguno. Porque eso significaría que la justicia colombiana está cumpliendo con su deber y que está produciendo resultados y sólo en el caso eventual de que el Estado colombiano y su sistema de justicia no adelanten las investigaciones correspondientes, es cuando cobra sentido una intervención de la Corte.

En el proceso con los paramilitares una de las grandes dudas es si se cumplieron los principios de verdad, justicia y reparación. ¿La CPI puede entrar a revisar ese tema?

La mayoría de los conflictos internos que hay en el mundo y que son aproximadamente 19, se siguen resolviendo a través de modelos centrados en la amnistía y el indulto. Ese ya no es el caso de Colombia. Colombia ha buscado balancear justicia y paz y eso lo respeta la Corte Penal.

¿Y el hecho de que ya no se aplique amnistía e indulto es una talanquera para un eventual proceso de paz con las Farc?

No, pero bajo el entendido de que sería muy difícil a futuro una negociación de paz bajo un marco de impunidad. Los tiempos cambian y también cambian para la guerrilla.

¿Hay algún tipo de investigación o proceso en la CPI sobre Colombia?

Colombia está bajo análisis preliminar por una razón: porque la Fiscalía de la Corte tiene información de que en Colombia se podrían haber cometido crímenes de su competencia. Pero un análisis preliminar no es la cabeza de proceso, ni una apertura de investigación.

¿En Colombia se ha hablado de la jurisdicción de la Corte en casos como los ‘falsos positivos’?

 En el caso de los ‘falsos positivos’, si se enmarcara esa conducta bajo crimen de guerra, pues los hechos acaecidos hacia atrás no podrían ser de competencia de la Corte. Y si se enmarcan los ‘falsos positivos’ bajo la definición de lesa humanidad, pues tampoco encontramos una situación clara, porque la lesa humanidad son actos que son parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil con conocimiento de ello.

¿Hay unos criterios muy subjetivos para asumir un caso y mediados por la política?

Yo no creo. Un ejemplo: si el fiscal de la Corte abriera una investigación en Colombia, no lo puede hacer de manera automática. Debe solicitar autorización a una sala de cuestiones preliminares, compuesta por un grupo de jueces, con la posibilidad para el Estado de señalarle tanto al fiscal como a esa sala si está de acuerdo con las investigaciones correspondientes.

Presentado proyecto para defender militares ante CPI

Más de $7.500 millones al año destinará el Estado colombiano para la defensa de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que sean denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI), anunció la representante a la Cámara, Lucero Cortés. La parlamentaria dijo que así lo prevé un proyecto de ley de su autoría que tiene mensaje de urgencia, que busca facilitar el acceso a una pronta, efectiva y especializada defensa técnica en conductas que resulten investigadas por la CPI, ya que con ello se asegurará el respeto a la dignidad del sindicado, protección de sus derechos humanos y la garantía de los principios que rigen el derecho penal internacional. “Los recursos saldrán de los aportes de los mismos soldados, cooperativas y empresas con ánimo de lucro, así como por organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales y del Presupuesto Nacional, señaló Cortés.