Crean la comisión especial que revisará funcionamiento de la Policía

“He nombrado hoy una Comisión Especial para que investigue a fondo lo que está sucediendo en la Policía Nacional”, dijo el presidente Juan Manuel Santos el 9 de diciembre del 2015, después de que se diera a conocer que la Fiscalía estaba investigando una serie de correos que las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales habían recibido, en los cuales les informaban de un presunto seguimiento que estarían ejecutando miembros de la Policía en su contra. Sin embargo, apenas hoy, 16 de febrero de 2016, se creó dicha comisión. (Este es el decreto de la comisión).

Dijo el presidente Juan Manuel Santos en aquella ocasión que el organismo se encargaría de indagar sobre las acusaciones en contra de varios funcionarios de la Policía –entre ellos su director, Rodolfo Palomino– por diversos actos de corrupción al interior de esa institución, y que en un plazo de 90 días recibiría el informe de la misma. Ese plazo se cumpliría el próximo 8 de marzo. Sin embargo, queda claro que ese día no habrá informe. El decreto especifica que esos 90 días empiezan a correr desde la expedición del decreto. O sea que no habrá resultados antes de mayo.

El decreto 259 de 2016 se ampara en la necesidad de “un fortalecimiento institucional de la Policía Nacional” para la creación de la “comisión consultiva de alto nivel, de carácter transitorio”, la misma que anunció el presidente Santos hace dos meses. Su objetivo es, según el decreto, la elaboración de un estudio sobre situación actual la Policía, en el cual se propongan medidas que refuercen su institucionalidad.

Dentro de las seis funciones que se le asignó al grupo de trabajo, no es explícita la orden de investigar los presuntos actos de corrupción. No podrían hacerlo tampoco y esa es precisamente una de las más fuertes críticas en su contra: es un grupo civil sin dientes. Solo en un parágrafo se hace alusión a este asunto: “Si en desarrollo del estudio correspondiente la Comisión Consultiva tuviere conocimiento de hechos de corrupción o de cualquier otra naturaleza contraria a la ley, dispondrá el traslado inmediato dicha información a las autoridades competentes”.

Tal como lo anunció el presidente Santos, los exministros Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, así como Jorge Hernán Cárdenas, hermano del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, serán los asesores externos encargados del estudio. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, fungirá como invitado. En calidad de secretaria técnica estará la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez. Será ella quien autorice a otros invitados, que podrán ser representantes de universidades y personas y organizaciones de carácter civil.

La creación de la comisión de alto nivel se da en medio del revuelo que ha causado el anuncio de la Procuraduría, que abrió investigación formal contra el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, por tres presuntas irregularidades: el presunto incremento injustificado en su patrimonio, seguimiento a periodistas y supuestos nexos con una red de prostitución en la entidad.

“He nombrado hoy una Comisión Especial para que investigue a fondo lo que está sucediendo en la Policía Nacional”, dijo el presidente Juan Manuel Santos el 9 de diciembre del 2015, después de que se diera a conocer que la Fiscalía estaba investigando una serie de correos que las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales habían recibido, en los cuales les informaban de un presunto seguimiento que estarían ejecutando miembros de la Policía en su contra. Sin embargo, apenas hoy, 16 de febrero de 2016, se creó dicha comisión. (Este es el decreto de la comisión).

Dijo el presidente Juan Manuel Santos en aquella ocasión que el organismo se encargaría de indagar sobre las acusaciones en contra de varios funcionarios de la Policía –entre ellos su director, Rodolfo Palomino– por diversos actos de corrupción al interior de esa institución, y que en un plazo de 90 días recibiría el informe de la misma. Ese plazo se cumpliría el próximo 8 de marzo. Sin embargo, queda claro que ese día no habrá informe. El decreto especifica que esos 90 días empiezan a correr desde la expedición del decreto. O sea que no habrá resultados antes de mayo.

El decreto 259 de 2016 se ampara en la necesidad de “un fortalecimiento institucional de la Policía Nacional” para la creación de la “comisión consultiva de alto nivel, de carácter transitorio”, la misma que anunció el presidente Santos hace dos meses. Su objetivo es, según el decreto, la elaboración de un estudio sobre situación actual la Policía, en el cual se propongan medidas que refuercen su institucionalidad.

Dentro de las seis funciones que se le asignó al grupo de trabajo, no es explícita la orden de investigar los presuntos actos de corrupción. No podrían hacerlo tampoco y esa es precisamente una de las más fuertes críticas en su contra: es un grupo civil sin dientes. Solo en un parágrafo se hace alusión a este asunto: “Si en desarrollo del estudio correspondiente la Comisión Consultiva tuviere conocimiento de hechos de corrupción o de cualquier otra naturaleza contraria a la ley, dispondrá el traslado inmediato dicha información a las autoridades competentes”.

Tal como lo anunció el presidente Santos, los exministros Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, así como Jorge Hernán Cárdenas, hermano del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, serán los asesores externos encargados del estudio. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, fungirá como invitado. En calidad de secretaria técnica estará la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez. Será ella quien autorice a otros invitados, que podrán ser representantes de universidades y personas y organizaciones de carácter civil.

La creación de la comisión de alto nivel se da en medio del revuelo que ha causado el anuncio de la Procuraduría, que abrió investigación formal contra el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, por tres presuntas irregularidades: el presunto incremento injustificado en su patrimonio, seguimiento a periodistas y supuestos nexos con una red de prostitución en la entidad.