“Creo que Uribe aún siente frustración de no haber podido hacerme daño”: Iván Velázquez

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó la semana pasada al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por los seguimientos ilegales realizados en contra de Iván Velásquez, mientras este se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y tenía sobre sus hombros la responsabilidad de coordinar las investigaciones de la Corte por parapolítica. En entrevista con este diario, el exfuncionario del alto tribunal cuenta detalles del pronunciamiento que ordena indemnizarlo a él y a su familia, como las reuniones que tuvieron miembros del DAS con paramilitares en la Casa de Nariño para torpedear sus investigaciones.

Lea: DAS y Dapre, responsables de acciones ilegales de inteligencia contra Iván Velásquez

Cuando su demanda llegó a primera instancia, el juez del caso la desestimó. ¿Qué pruebas descartó esa jueza y por qué?

Ante la ausencia del primero de los testigos, que habían sido citados con espacio de media hora cada uno, la jueza cerró la audiencia porque todos debían estar presentes cuando se iniciaba (aunque les tocara esperar varias horas para declarar) y no escuchó a los demás que sí concurrieron. Tampoco hizo nada ese despacho por recibir los testimonios de los jefes paramilitares que se encontraban presos en Estados Unidos. En cuanto a la prueba documental aportada, consistente en declaraciones de exfuncionarios del DAS, exparamilitares y otras personas, sostuvo que no podía ser valorada porque no había sido objeto de contradicción en este proceso desconociendo, como lo destacó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en casos como este, de graves violaciones a los derechos humanos, rige el principio de flexibilización probatoria en virtud del cual la valoración probatoria debe ser menos rígida porque “en estas situaciones se rompe el principio de igualdad entre las partes, pues las víctimas quedan en una posición de desventaja frente al Estado en relación con la carga de la prueba, por lo cual es necesario que el juez adopte las medidas necesarias para equilibrar las condiciones de las partes en el proceso”.

¿Qué declaraciones cree usted que fueron clave para lograr esta condena a la Nación?

El Tribunal Administrativo fundamentó su fallo en las declaraciones de Martha Leal, Alba Luz Flórez, Gustavo Sierra, Fabio Duarte y Fernando Tabares, exfuncionarios del DAS quienes manifestaron que la institución había sido usada “por el problema que existía entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia”. Segundo, que se ordenó infiltrar a la Corte Suprema y en efecto se hizo cooptando escoltas y empleadas de la Corte a quienes, inclusive, les suministraron grabadoras para registrar las conversaciones internas de la Corte. Por último, que toda la información “era analizada y entregada a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, con destino a la Casa de Nariño” y que en abril de 2008 “se realizó una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron personas vinculadas con paramilitares y en representación del DAS, la señora Martha Leal, quien informó a sus superiores que el objetivo de dicha reunión era afectar a Velázquez”.

Desafortunadamente, el Tribunal Administrativo omitió examinar los testimonios de exparamilitares que fueron aportados con la demanda, aduciendo que “hacen referencia a los mismos hechos que fueron expuestos en las declaraciones anteriores”. Esta omisión impidió ubicar los hechos en el contexto político que claramente demostraba la participación del entonces presidente Uribe y de su gobierno en los actos de persecución desatados contra la Corte Suprema de Justicia, particularmente en mi contra, que incluía la solicitud que el gobierno transmitía a jefes paramilitares para que me afectaran o su franca participación en hechos como el denominado Casa de Nari. (Un vistazo a los alfiles caídos del uribismo)

¿Por qué cree que la emprendieron con usted, en específico?

Creo que la principal razón fue por mi papel de coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo, identificado por algunos congresistas investigados y por el propio expresidente Uribe como impulsor de las investigaciones de la parapolítica. Las actividades investigativas en las que directamente participé, como algunas relacionadas con congresistas del Cesar y de Antioquia, pudieron contribuir a que me convirtieran en blanco de los ataques, cuyo propósito era indudablemente afectar las investigaciones. Si la Fiscalía de Mario Iguarán, quien venía de ser viceministro de Uribe, hubiera investigado con mayor rigurosidad el caso Tasmania y avanzado en las conclusiones preliminares que mostraban la participación en ese montaje de la familia Uribe, seguramente hubiera podido tener respuesta a esta pregunta que también yo me he formulado. Siempre insistí como víctima en la necesidad de verdad, pero lamentablemente la Fiscalía, ni en este caso ni en el del DAS, para solo mencionar estos dos, tuvo el mismo interés.

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El Tribunal de Cundinamarca dice que su honra y buen nombre se vieron afectados. ¿Cómo se evidenció esa afectación en su vida?

Con un evidente propósito intimidatorio, el expresidente Uribe asumió de manera directa y obsesiva toda la campaña de desprestigio a partir de la difusión que personalmente hizo de la carta de Tasmania. En realidad, es una situación bastante compleja la que se presenta cuando un presidente de la República, con la popularidad de la que gozó y con el absoluto control del Estado -excepto, para entonces y por fortuna la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de César Julio Valencia Copete- concede entrevistas diarias a mañana y tarde, señalándome de cometer un delito que, estoy seguro por todas las circunstancias del caso, él bien sabía que no había cometido. Su reclamo insistente a la Corte para que me declarara insubsistente y a la Fiscalía para que me procesara, indudablemente altera las condiciones normales de vida. Creo que Uribe aún siente frustración de no haber podido hacerme daño.

Lo que siguió en los años posteriores como seguimientos a mis hijas y a mi esposa, las varias ocasiones en que fui ilegalmente interceptado, el saberse vigilado, genera una mezcla de temor e indignación que sin duda me afectó, pero afortunadamente nunca fui inferior al compromiso de investigar con lealtad y responsabilidad los nexos criminales de congresistas y paramilitares. Los bandidos no lograron descontrolarme.

¿Qué fue de Tasmania después de aquel incidente de 2007?

La única información que tengo es la que publicaron los medios, que había quedado en libertad en abril del 2018, que fue víctima de un atentado en Medellín y que por aquel tiempo, según la Policía, le estaban brindando seguridad. Sería bueno que la Policía diga si todavía lo protege o qué pasó con él.

¿Qué piensa de la conclusión del Tribunal de que el episodio de Tasmania no tenía el propósito de desprestigiarlo?

Me parece que la falta de análisis de todos los medios de prueba aportados y la ausencia de una visión de conjunto, llevaron al Tribunal no precisamente a afirmar que el montaje de Tasmania no tenía el propósito de desprestigiarme sino que “no se allegó ninguna prueba que permita inferir que la incriminación que se hizo al Magistrado, fuera producto de un plan de desprestigio en su contra, por parte de agentes del Estado”, considerando además, en el caso específico del DAS, que las labores desplegadas por María del Pilar Hurtado y Martha Leal fueron “legítimas”.

Quedó probado que se realizaron acciones ilegales desde el Estado en contra suya, como filtrar su esquema de seguridad. ¿Qué piensa hoy de todo lo que pasó en esos años y que, como menciona el fallo, sí se hizo desde el DAS y el Dapre con la intención de desprestigiar a la propia Corte Suprema?

Las actividades de interceptación, vigilancia y seguimientos con propósitos políticos (que incluyen no solo la perpetuación en el poder sino la eliminación de toda forma de disidencia) o de procurarse impunidad, es un atentado contra la persona que declaran objetivo, pero mucho más contra la sociedad y contra la democracia. Lamentablemente esas prácticas continúan, como lo hemos conocido todos los colombianos gracias al periodismo de investigación que ha revelado las acciones ilegales del Ejército. Creo que no ha habido un sincero propósito de acabar con esas prácticas y que el cierre del DAS fue un acto orientado más bien a “apagar el incendio” o a impedir que se conociera la verdad en unos hechos en los que no solo el expresidente Uribe sino otros funcionarios de su gobierno y otras personas más estaban comprometidas.

¿Qué pasó con los archivos del DAS, que de acuerdo con información pública algunos fueron destruidos en el año 2008 y que en el 2011 su custodia le fue entregada por el expresidente Santos a la procuraduría de Alejandro Ordóñez? ¿Qué ha pasado con la investigación que la fiscalía adelantaba por la destrucción de archivos, según le informó a la JEP en 2019? Que ahora estén en el Archivo General de la Nación o bajo custodia de la JEP, no implica que estén completos y puedan ser útiles para conocer esa parte de la verdad, porque como lo informó El Espectador a finales del 2018, esos archivos permanecieron durante tres años -entre 2011 y 2014- en el segundo piso del edificio del DAS y bajo su propia administración.

¿Diría usted que los testimonios aportados en la demanda confirman el interés del entonces presidente Álvaro Uribe en todas las actividades que el DAS desplegó contra la Corte Suprema?

Hay una pregunta que siempre contribuye en el proceso de búsqueda de la verdad: ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficiaba espiar a los magistrados de la Corte Constitucional cuando estaba en discusión la constitucionalidad del acto legislativo que permitía la reelección? ¿A quién beneficiaba afectar las investigaciones de la parapolítica, cuando más del 80% de los investigados eran los congresistas de la coalición de gobierno? ¿A quién interesaba que la Corte no procediera contra Mario Uribe, al punto que el propio expresidente Uribe llama al entonces presidente de la Corte, César Julio Valencia, según lo reveló este último? Pero aún más: quedó demostrado en la investigación del DAS -y se menciona en la sentencia del Tribunal Administrativo- que Bernardo Moreno se reunió con María del Pilar Hurtado y el excapitán Tabares para darles la instrucción que vigilar a la Corte era una prioridad para “presidencia”. ¿Se haría esto sin la instrucción o el consentimiento del jefe, y precisamente de ese jefe? Lo que sucedió en torno al montaje de Tasmania y su carta fechada 11 de septiembre pero que solo llega a manos de Uribe en octubre a pesar de que Mario y Santiago Uribe estuvieron confabulando desde el mismo día de mi reunión con Tasmania, el 10 de septiembre y el propio expresidente me llama el 11 para hablarme del tema como quien no sabe nada, todo es muy diciente. Lástima, insisto, que la Fiscalía de su exviceministro no hubiera investigado seriamente todo ese complot.

Dias después de que la justicia colombiana le diera la razón sobre la persecución del DAS en su contra durante el gobierno Uribe, la Corte Suprema ordenó la detención del expresidente por otro caso. ¿Cómo recibe y entiende usted esa decisión?

La considero una decisión muy importante, a pesar de tratarse apenas de una medida preventiva, en el camino de construcción de una justicia que de cuenta con rigurosidad y objetividad de la impunidad del poder. Las experiencias que hemos vivido en Colombia, pero también en otros países de nuestra región, han enseñado hasta ahora que las responsabilidades penales únicamente alcanzan niveles medios o inferiores de las escalas del poder y que cuando las investigaciones se están aproximando a los verdaderamente poderosos, a los considerados intocables o a quienes éstos protegen, se neutralizan, se desvían o se dilatan hasta convertirse -si acaso- en recuerdo, porque también el poder juega con el olvido.

Lo que se ha conocido públicamente de este proceso tiene sorprendentes similitudes con el caso Tasmania y revela que es probatoriamente fuerte, como lo confirmó el presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema en su comunicado. Esto, para las víctimas es una esperanza, porque cuando la impunidad del poder se empieza a afectar, (aunque sea un poco) o cuando un intocable es cuestionado por la justicia, se incrementa la posibilidad de que esta justicia se sienta fortalecida, empoderada, capaz de enfrentar a cualquier persona por más poderosa que sea. Por eso también es indispensable que un gran movimiento ciudadano apoye a los jueces que se atreven a desafiar el poder, porque la arremetida contra ellos -tal como lo estamos viendo hoy- será implacable y los magistrados deben sentir que no están solos, que no son una rara avis y que amplios sectores de la población también tienen los ideales de justicia, verdad, reparación y no repetición que deben inspirarnos a todos los que creemos que una vida digna para todos es posible.

Lea: Decisión contra Álvaro Uribe pide investigar a Diego Cadena y a Vicky Jaramillo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó la semana pasada al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por los seguimientos ilegales realizados en contra de Iván Velásquez, mientras este se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y tenía sobre sus hombros la responsabilidad de coordinar las investigaciones de la Corte por parapolítica. En entrevista con este diario, el exfuncionario del alto tribunal cuenta detalles del pronunciamiento que ordena indemnizarlo a él y a su familia, como las reuniones que tuvieron miembros del DAS con paramilitares en la Casa de Nariño para torpedear sus investigaciones.

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Cuando su demanda llegó a primera instancia, el juez del caso la desestimó. ¿Qué pruebas descartó esa jueza y por qué?

Ante la ausencia del primero de los testigos, que habían sido citados con espacio de media hora cada uno, la jueza cerró la audiencia porque todos debían estar presentes cuando se iniciaba (aunque les tocara esperar varias horas para declarar) y no escuchó a los demás que sí concurrieron. Tampoco hizo nada ese despacho por recibir los testimonios de los jefes paramilitares que se encontraban presos en Estados Unidos. En cuanto a la prueba documental aportada, consistente en declaraciones de exfuncionarios del DAS, exparamilitares y otras personas, sostuvo que no podía ser valorada porque no había sido objeto de contradicción en este proceso desconociendo, como lo destacó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en casos como este, de graves violaciones a los derechos humanos, rige el principio de flexibilización probatoria en virtud del cual la valoración probatoria debe ser menos rígida porque “en estas situaciones se rompe el principio de igualdad entre las partes, pues las víctimas quedan en una posición de desventaja frente al Estado en relación con la carga de la prueba, por lo cual es necesario que el juez adopte las medidas necesarias para equilibrar las condiciones de las partes en el proceso”.

¿Qué declaraciones cree usted que fueron clave para lograr esta condena a la Nación?

El Tribunal Administrativo fundamentó su fallo en las declaraciones de Martha Leal, Alba Luz Flórez, Gustavo Sierra, Fabio Duarte y Fernando Tabares, exfuncionarios del DAS quienes manifestaron que la institución había sido usada “por el problema que existía entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia”. Segundo, que se ordenó infiltrar a la Corte Suprema y en efecto se hizo cooptando escoltas y empleadas de la Corte a quienes, inclusive, les suministraron grabadoras para registrar las conversaciones internas de la Corte. Por último, que toda la información “era analizada y entregada a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, con destino a la Casa de Nariño” y que en abril de 2008 “se realizó una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron personas vinculadas con paramilitares y en representación del DAS, la señora Martha Leal, quien informó a sus superiores que el objetivo de dicha reunión era afectar a Velázquez”.

Desafortunadamente, el Tribunal Administrativo omitió examinar los testimonios de exparamilitares que fueron aportados con la demanda, aduciendo que “hacen referencia a los mismos hechos que fueron expuestos en las declaraciones anteriores”. Esta omisión impidió ubicar los hechos en el contexto político que claramente demostraba la participación del entonces presidente Uribe y de su gobierno en los actos de persecución desatados contra la Corte Suprema de Justicia, particularmente en mi contra, que incluía la solicitud que el gobierno transmitía a jefes paramilitares para que me afectaran o su franca participación en hechos como el denominado Casa de Nari. (Un vistazo a los alfiles caídos del uribismo)

¿Por qué cree que la emprendieron con usted, en específico?

Creo que la principal razón fue por mi papel de coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo, identificado por algunos congresistas investigados y por el propio expresidente Uribe como impulsor de las investigaciones de la parapolítica. Las actividades investigativas en las que directamente participé, como algunas relacionadas con congresistas del Cesar y de Antioquia, pudieron contribuir a que me convirtieran en blanco de los ataques, cuyo propósito era indudablemente afectar las investigaciones. Si la Fiscalía de Mario Iguarán, quien venía de ser viceministro de Uribe, hubiera investigado con mayor rigurosidad el caso Tasmania y avanzado en las conclusiones preliminares que mostraban la participación en ese montaje de la familia Uribe, seguramente hubiera podido tener respuesta a esta pregunta que también yo me he formulado. Siempre insistí como víctima en la necesidad de verdad, pero lamentablemente la Fiscalía, ni en este caso ni en el del DAS, para solo mencionar estos dos, tuvo el mismo interés.

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El Tribunal de Cundinamarca dice que su honra y buen nombre se vieron afectados. ¿Cómo se evidenció esa afectación en su vida?

Con un evidente propósito intimidatorio, el expresidente Uribe asumió de manera directa y obsesiva toda la campaña de desprestigio a partir de la difusión que personalmente hizo de la carta de Tasmania. En realidad, es una situación bastante compleja la que se presenta cuando un presidente de la República, con la popularidad de la que gozó y con el absoluto control del Estado -excepto, para entonces y por fortuna la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de César Julio Valencia Copete- concede entrevistas diarias a mañana y tarde, señalándome de cometer un delito que, estoy seguro por todas las circunstancias del caso, él bien sabía que no había cometido. Su reclamo insistente a la Corte para que me declarara insubsistente y a la Fiscalía para que me procesara, indudablemente altera las condiciones normales de vida. Creo que Uribe aún siente frustración de no haber podido hacerme daño.

Lo que siguió en los años posteriores como seguimientos a mis hijas y a mi esposa, las varias ocasiones en que fui ilegalmente interceptado, el saberse vigilado, genera una mezcla de temor e indignación que sin duda me afectó, pero afortunadamente nunca fui inferior al compromiso de investigar con lealtad y responsabilidad los nexos criminales de congresistas y paramilitares. Los bandidos no lograron descontrolarme.

¿Qué fue de Tasmania después de aquel incidente de 2007?

La única información que tengo es la que publicaron los medios, que había quedado en libertad en abril del 2018, que fue víctima de un atentado en Medellín y que por aquel tiempo, según la Policía, le estaban brindando seguridad. Sería bueno que la Policía diga si todavía lo protege o qué pasó con él.

¿Qué piensa de la conclusión del Tribunal de que el episodio de Tasmania no tenía el propósito de desprestigiarlo?

Me parece que la falta de análisis de todos los medios de prueba aportados y la ausencia de una visión de conjunto, llevaron al Tribunal no precisamente a afirmar que el montaje de Tasmania no tenía el propósito de desprestigiarme sino que “no se allegó ninguna prueba que permita inferir que la incriminación que se hizo al Magistrado, fuera producto de un plan de desprestigio en su contra, por parte de agentes del Estado”, considerando además, en el caso específico del DAS, que las labores desplegadas por María del Pilar Hurtado y Martha Leal fueron “legítimas”.

Quedó probado que se realizaron acciones ilegales desde el Estado en contra suya, como filtrar su esquema de seguridad. ¿Qué piensa hoy de todo lo que pasó en esos años y que, como menciona el fallo, sí se hizo desde el DAS y el Dapre con la intención de desprestigiar a la propia Corte Suprema?

Las actividades de interceptación, vigilancia y seguimientos con propósitos políticos (que incluyen no solo la perpetuación en el poder sino la eliminación de toda forma de disidencia) o de procurarse impunidad, es un atentado contra la persona que declaran objetivo, pero mucho más contra la sociedad y contra la democracia. Lamentablemente esas prácticas continúan, como lo hemos conocido todos los colombianos gracias al periodismo de investigación que ha revelado las acciones ilegales del Ejército. Creo que no ha habido un sincero propósito de acabar con esas prácticas y que el cierre del DAS fue un acto orientado más bien a “apagar el incendio” o a impedir que se conociera la verdad en unos hechos en los que no solo el expresidente Uribe sino otros funcionarios de su gobierno y otras personas más estaban comprometidas.

¿Qué pasó con los archivos del DAS, que de acuerdo con información pública algunos fueron destruidos en el año 2008 y que en el 2011 su custodia le fue entregada por el expresidente Santos a la procuraduría de Alejandro Ordóñez? ¿Qué ha pasado con la investigación que la fiscalía adelantaba por la destrucción de archivos, según le informó a la JEP en 2019? Que ahora estén en el Archivo General de la Nación o bajo custodia de la JEP, no implica que estén completos y puedan ser útiles para conocer esa parte de la verdad, porque como lo informó El Espectador a finales del 2018, esos archivos permanecieron durante tres años -entre 2011 y 2014- en el segundo piso del edificio del DAS y bajo su propia administración.

¿Diría usted que los testimonios aportados en la demanda confirman el interés del entonces presidente Álvaro Uribe en todas las actividades que el DAS desplegó contra la Corte Suprema?

Hay una pregunta que siempre contribuye en el proceso de búsqueda de la verdad: ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficiaba espiar a los magistrados de la Corte Constitucional cuando estaba en discusión la constitucionalidad del acto legislativo que permitía la reelección? ¿A quién beneficiaba afectar las investigaciones de la parapolítica, cuando más del 80% de los investigados eran los congresistas de la coalición de gobierno? ¿A quién interesaba que la Corte no procediera contra Mario Uribe, al punto que el propio expresidente Uribe llama al entonces presidente de la Corte, César Julio Valencia, según lo reveló este último? Pero aún más: quedó demostrado en la investigación del DAS -y se menciona en la sentencia del Tribunal Administrativo- que Bernardo Moreno se reunió con María del Pilar Hurtado y el excapitán Tabares para darles la instrucción que vigilar a la Corte era una prioridad para “presidencia”. ¿Se haría esto sin la instrucción o el consentimiento del jefe, y precisamente de ese jefe? Lo que sucedió en torno al montaje de Tasmania y su carta fechada 11 de septiembre pero que solo llega a manos de Uribe en octubre a pesar de que Mario y Santiago Uribe estuvieron confabulando desde el mismo día de mi reunión con Tasmania, el 10 de septiembre y el propio expresidente me llama el 11 para hablarme del tema como quien no sabe nada, todo es muy diciente. Lástima, insisto, que la Fiscalía de su exviceministro no hubiera investigado seriamente todo ese complot.

Dias después de que la justicia colombiana le diera la razón sobre la persecución del DAS en su contra durante el gobierno Uribe, la Corte Suprema ordenó la detención del expresidente por otro caso. ¿Cómo recibe y entiende usted esa decisión?

La considero una decisión muy importante, a pesar de tratarse apenas de una medida preventiva, en el camino de construcción de una justicia que de cuenta con rigurosidad y objetividad de la impunidad del poder. Las experiencias que hemos vivido en Colombia, pero también en otros países de nuestra región, han enseñado hasta ahora que las responsabilidades penales únicamente alcanzan niveles medios o inferiores de las escalas del poder y que cuando las investigaciones se están aproximando a los verdaderamente poderosos, a los considerados intocables o a quienes éstos protegen, se neutralizan, se desvían o se dilatan hasta convertirse -si acaso- en recuerdo, porque también el poder juega con el olvido.

Lo que se ha conocido públicamente de este proceso tiene sorprendentes similitudes con el caso Tasmania y revela que es probatoriamente fuerte, como lo confirmó el presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema en su comunicado. Esto, para las víctimas es una esperanza, porque cuando la impunidad del poder se empieza a afectar, (aunque sea un poco) o cuando un intocable es cuestionado por la justicia, se incrementa la posibilidad de que esta justicia se sienta fortalecida, empoderada, capaz de enfrentar a cualquier persona por más poderosa que sea. Por eso también es indispensable que un gran movimiento ciudadano apoye a los jueces que se atreven a desafiar el poder, porque la arremetida contra ellos -tal como lo estamos viendo hoy- será implacable y los magistrados deben sentir que no están solos, que no son una rara avis y que amplios sectores de la población también tienen los ideales de justicia, verdad, reparación y no repetición que deben inspirarnos a todos los que creemos que una vida digna para todos es posible.

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